Los últimos datos oficiales de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) muestran que San Luis lidera el ranking nacional de litigiosidad laboral, con 300,2 demandas cada 10.000 trabajadores asegurados, una cifra que no solo la ubica en el primer lugar del país, sino que además profundiza una tendencia sostenida en los últimos años.
El indicador contrasta con el promedio nacional, de 132,8 casos, que se mantiene muy por debajo de esos valores, y marca una brecha cada vez más amplia entre San Luis y el resto de las jurisdicciones. En términos comparativos, la provincia casi triplica los niveles de judicialización laboral de distritos de similar estructura productiva y demográfica, lo que evidencia una anomalía estadística que no se explica únicamente por la cantidad de trabajadores formales ni por el volumen de actividad económica.
Uno de los datos más relevantes es el desacople entre siniestralidad laboral y cantidad de juicios. Mientras los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no muestran un crecimiento proporcional, las demandas judiciales continúan en alza. Esto refuerza la hipótesis de que el fenómeno no responde a un aumento real del riesgo laboral, sino a factores estructurales del sistema: funcionamiento de comisiones médicas, criterios periciales, falta de cuerpos médicos forenses especializados y judicialización como vía principal de resolución de conflictos.
El crecimiento interanual de las causas también confirma una tendencia de largo plazo. Año tras año, San Luis incrementa su volumen de litigios laborales, consolidándose como la jurisdicción con mayor judicialización del país, sin que existan reformas estructurales que modifiquen esa dinámica. En términos estadísticos, la provincia se mantiene como un outlier dentro del sistema nacional de riesgos del trabajo.
Este escenario adquiere mayor relevancia en el contexto del debate por la modernización del régimen laboral en la Argentina, donde uno de los ejes centrales es justamente la reducción de la litigiosidad y la previsibilidad del sistema. Los datos de San Luis funcionan, en ese marco, como un caso testigo que expone las distorsiones del modelo actual que tanto señalan desde La Libertad Avanza y las dificultades para articular prevención, control médico y resolución administrativa de conflictos sin derivar automáticamente en el plano judicial.
