La Fiscalía de Instrucción N° 1 imputó a una ex funcionaria provincial por el presunto delito de defraudación a la administración pública. Para el fiscal Francisco Assat y el fiscal adjunto, Juan Pablo Estopiñán, la periodista Gloria Velázquez omitió informar que asumió como directora de Radio Nacional San Luis mientras mantenía un cargo remunerado en la administración pública provincial, pese a haber declarado bajo juramento que no poseía otro empleo estatal. De este modo, habría percibido durante casi tres años una doble remuneración —provincial y nacional— en violación al régimen de incompatibilidades previsto en la Constitución provincial.
El Ministerio Público Fiscal explicó que, para este tipo de delito, basta un engaño idóneo que produzca error y daño patrimonial al Estado, y consideró que la extensa trayectoria de la imputada en la función pública permite inferir conocimiento del régimen de incompatibilidades.
La audiencia de formulación de cargos se realizó este jueves a la mañana ante la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, quien hizo lugar a las medidas cautelares personales por 120 días solicitadas por la Fiscalía: la obligación de firmar mensualmente el libro de imputados y la prohibición de salida del país y en el plano patrimonial, se le dictó la inhibición general de bienes, con el objetivo de resguardar un eventual decomiso y asegurar la reparación del daño al erario público.
Fiscalía de Estado, representada por Santiago Calderón Salomón, adhirió al pedido realizado por los fiscales del Poder Judicial.
La teoría del caso
El fiscal Assat describió que la imputada “desempeñó funciones en la administración pública provincial desde mayo del 2003 hasta diciembre del 2023” y que el 9 de diciembre de 2019, durante una de las gestiones de Alberto Rodríguez Saá, firmó un contrato con el Poder Ejecutivo provincial “declarando bajo juramento no poseer otro cargo remunerado en la administración pública nacional, provincial o municipal”. Ese contrato fue homologado por decreto en marzo de 2020.
Sin embargo, pocos días después, el 17 de marzo de 2020, asumió como directora de LRA 29 Radio Nacional San Luis. Según la teoría del caso de la Fiscalía, Velázquez omitió comunicar al gobierno de la provincia de San Luis su designación y utilizó este engaño que le permitió percibir durante casi 3 años una doble remuneración”, tanto en el ámbito provincial como nacional. Agregó que con ello habría “violado sistemáticamente lo normado en el artículo 23 de la Constitución de la provincia de San Luis”, que prohíbe acumular cargos públicos remunerados.
Assat sostuvo que “fruto de este engaño le fue posible percibir esta doble remuneración computándose en los últimos salarios hasta una suma de 800.000 pesos argentinos en detrimento del erario público”. También indicó que habría facturado a la empresa estatal San Luis Televisión por un programa propio.
En cuanto a la prueba, el fiscal adjunto Juan Pablo Estopiñán detalló que cuentan con la denuncia inicial, el contrato con la declaración jurada, el decreto de homologación, actas de Radio Nacional, informes de AFIP con facturación emitida y liquidaciones salariales. Además, anticipó que solicitarán informes adicionales y una pericia contable “a los fines de determinar la cuantía del daño a la administración pública”.
“Ella ha tenido un desconocimiento pleno”
La defensa de Gloria Velázquez, representada por Alfredo García Garro, rechazó la imputación formulada por la Fiscalía y sostuvo que no existió conducta dolosa. “Acá está en cuestión si la señora Velázquez ha actuado con dolo y vamos a demostrar que no hay una cuestión dolosa, que ella ha tenido un desconocimiento pleno”, afirmó.
El planteo también señaló que su defendida “no era funcionaria pública provincial”, sino que “detentaba un cargo de asesora”, y que su condición de funcionaria se limitaba al ámbito nacional, como directora de Radio Nacional. En ese sentido, la estrategia defensiva se centrará en demostrar que “no hubo dolo en ningún momento ni ardid ni engaño para lograr un beneficio de la administración pública provincial”.
En relación a las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público, la defensa adelantó que no se opondrá. Además, informó que la imputada atraviesa “un momento muy delicado de salud” por lo que consideró imposible que pueda ausentarse de la provincia, salvo por razones estrictamente médicas que serían debidamente comunicadas.
La palabra de la jueza
Banó tuvo por formalizada la investigación contra Gloria Velázquez por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, con calificación legal provisoria en el artículo 174 en relación al 172 del Código Penal.
Al resolver sobre las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y ante la falta de oposición de la defensa, consideró acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y señaló que no corresponde contracautela por tratarse el Estado provincial del presunto damnificado.
Fuente: Prensa Poder Judicial
