El conflicto institucional en la Villa de Merlo sumó en los últimos días un nuevo capítulo judicial. El domingo 1 de marzo, El Corredor Noticias informó que la concejal Ana Laura Ferrarotti ratificó ante la Justicia las denuncias penales contra el intendente interino Leonardo Rodríguez y contra el intendente Juan Álvarez Pinto, en el marco del supuesto vencimiento de la licencia que solicitó a fines de 2024 cuando asumió como ministro de Turismo y Cultura en el Gobierno provincial. Para la concejal, esto ha generado un vacío institucional.
La presentación se realizó en la Fiscalía N°2 de la localidad, donde fue entrevistada por la fiscal adjunta Sandra Aguirre. Allí confirmó formalmente ambas denuncias y solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas sin respaldo legal, tras el vencimiento de la licencia del jefe comunal el 23 de diciembre de 2025.
Según publicó ese medio, una de las denuncias apunta a Rodríguez por presunta “usurpación de título y honores”, al haber continuado firmando disposiciones y resoluciones luego del vencimiento de la licencia. La otra recae sobre Álvarez Pinto por posible “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al no haber reasumido el cargo ni gestionado una nueva licencia en tiempo y forma. En declaraciones a El Corredor Noticias, Ferrarotti sostuvo que ratificó “las dos denuncias, tanto la del interino como la del intendente electo”, y pidió que se analicen los actos administrativos firmados desde el 23 de diciembre en adelante.
La escalada judicial se da luego de una controvertida resolución aprobada el 5 de febrero en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante. De acuerdo a lo informado entonces por El Corredor Noticias, el cuerpo sancionó la Resolución N° 2459-C.D.-2026, un proyecto que no figuraba en el orden del día y que fue incorporado y tratado sobre tablas por la mayoría oficialista.
El texto declara que la licencia sin goce de sueldo de Álvarez Pinto —actual ministro provincial— se encuentra prorrogada de manera automática y por tiempo indeterminado mientras continúe en funciones en el Ejecutivo provincial, y que dicha prórroga opera “de pleno derecho” sin necesidad de nuevos pedidos ni tratamientos legislativos. Además, establece que su regreso al Ejecutivo municipal se producirá mediante la presentación de una “nota simple”, sin intervención del Concejo.
Originalmente, la licencia del actual ministro se aprobó por solo medio año, “con posibilidad de prórroga por igual periodo”.
La resolución también incluyó artículos dirigidos a los concejales opositores Ferrarotti, Daniel Orué y Lucía Miranda, a quienes se les otorgó un plazo de 72 horas hábiles para realizar “explicaciones públicas” por haber denunciado el presunto vencimiento de la licencia. Según consignó ese medio, el texto advierte que, ante una negativa o silencio, la Presidencia del Concejo formularía una denuncia penal al considerar que sus declaraciones podrían haber puesto en riesgo la tranquilidad y la paz social.
El trasfondo del conflicto se remonta al 29 de enero, cuando concejales de distintos bloques presentaron un pedido de informe urgente para que el Ejecutivo aclarara bajo qué instrumento legal se ejercía la conducción municipal tras el vencimiento de la licencia otorgada a Álvarez Pinto. En esa oportunidad, los ediles habían advertido sobre “la posibilidad de un vacío institucional” y reclamado una sesión extraordinaria para abordar la situación.
A más de dos meses del supuesto vencimiento de la licencia y con el debate ya trasladado al ámbito judicial, la controversia política en Merlo continúa abierta, ahora bajo la mirada de la Justicia.
