La Justicia imputó a tres personas por el homicidio de Javier Moyano, ocurrido el 13 de febrero en la avenida V Centenario de la ciudad de San Luis. Se trata de Carlos Barroso, José Barroso y un adolescente de 16 años, quienes son investigados como presuntos autores del delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.
Carlos Barroso ya se encontraba privado de la libertad desde el 24 de febrero. Este miércoles, la jueza subrogante del juzgado de GarantÃa Nº 3, Agustina Dopazo, resolvió la situación procesal de José Barroso y del adolescente, y dio por formulados cargos contra ambos.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados, a cargo de los abogados Soledad Poma Otegui y Enrique Hanna Abdallah, cuestionó la solidez de la imputación y se opuso a la prisión preventiva solicitada por la FiscalÃa. No obstante, la magistrada tuvo por formulados los cargos.
En el caso de José Barroso, la jueza hizo lugar al pedido del fiscal Esteban Roche y ordenó su prisión preventiva y traslado al Servicio Penitenciario Provincial por el plazo de 120 dÃas, mientras continúa la investigación.
La magistrada señaló que en esta etapa inicial del proceso no se exige una acreditación plena de los hechos, sino evaluar la congruencia entre el relato de la FiscalÃa y la evidencia presentada, lo que consideró cumplido en este caso.
Asimismo, al analizar los riesgos procesales, entendió que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, debido a la gravedad del hecho, la solidez inicial de la imputación, la posible pena de cumplimiento efectivo y la existencia de testigos que aún deben declarar.
En relación con el adolescente de 16 años, a quien la FiscalÃa atribuye haber efectuado los disparos desde el asiento del acompañante del vehÃculo, la jueza se limitó a formular los cargos, ya que la medida de coerción debÃa ser analizada por la Justicia Penal Juvenil.
De acuerdo con la teorÃa del caso del fiscal Roche, el dÃa del hecho Moyano circulaba en una motocicleta azul por el carril derecho de la avenida, en sentido oeste-este, y a la altura de la manzana L del barrio 1° de Mayo un vehÃculo en el que se trasladaban varias personas comenzó a seguirlo. El hecho habrÃa ocurrido entre las 19:50 y las 20.
Según la investigación, desde el asiento del acompañante el adolescente habrÃa efectuado múltiples disparos de arma de fuego contra la vÃctima, quien cayó sobre el asfalto y falleció en el lugar a causa de las heridas que le provocaron un shock hipovolémico.
El abogado de la querella, MartÃn Loayza Fernández, adhirió a lo expresado por el fiscal. En la sala también estuvo presente la esposa de la vÃctima, quien manifestó temor por su vida.
Prisión domiciliaria para el adolescente
El pedido de la medida de coerción respecto del adolescente fue analizado en el fuero penal juvenil, tal como lo establece el artÃculo 251 del Código Procesal Penal de San Luis.
Tras la audiencia realizada en el juzgado de GarantÃa, se llevó a cabo una nueva audiencia ante la jueza Daniela Benenatti, quien hizo lugar al requerimiento de la FiscalÃa y dispuso la prisión domiciliaria del adolescente por el plazo de 90 dÃas, bajo la supervisión de sus tÃos y con control policial.
La magistrada también ordenó el seguimiento del Instituto de Reinserción Social, asistencia psicológica por parte del área penal juvenil y medidas para garantizar que el joven retome sus estudios de manera virtual. Asimismo, dispuso que la ComisarÃa de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) evalúe ampliar el intervalo de los controles domiciliarios.
Benenatti señaló que la medida busca asegurar el desarrollo de la investigación, que se encuentra en una etapa inicial, y proteger tanto a la familia de la vÃctima como al propio adolescente.
La DefensorÃa de Niñez, que representa al adolescente imputado, cuestionó algunos aspectos del procedimiento y sostuvo que el joven se presentó voluntariamente ante la División Homicidios, cuando la intervención debió realizarla la CANAF.
Desde la DefensorÃa también señalaron que no habrÃa riesgo de entorpecimiento, ya que el joven cumplirÃa la medida en un barrio distinto al de los testigos. Si bien no se opusieron a la prisión domiciliaria, solicitaron garantizar continuidad escolar y contención psicológica para el adolescente.
