Pasó un año desde que La Gaceta Digital dio a conocer la megacausa de la Mafia de las Escrituras y nuevas revelaciones siguen asombrando por el nivel de organización de la presunta asociación ilícita, que hasta el momento tiene 15 imputados y, en los próximos días, podría sumar un decimosexto.
Los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone, quienes investigaron y denunciaron la Mafia de las Escrituras en la Justicia, dieron a conocer que uno de los imputados, cuando estuvo preso por un par causas, obtuvo salidas transitorias para trabajar en un empleo que no existía y que habría aprovechado para cometer delitos para la presunta asociación ilícita.
El caso de la Mafia de las Escrituras continúa impactando en el Poder Judicial de San Luis y, esta vez, en particular en el fuero penal de Villa Mercedes.
“En esta causa nosotros denunciamos fuertemente al Poder Judicial, que tiene un mal funcionamiento o responsabilidades por funcionar mal. Puede ser una cuestión sistémica, que el sistema no esté bien preparado, o puede ser una cuestión de funcionarios o responsables”, fue la introducción que hizo el abogado Maximiliano Pipitone para hablar de otra arista de las presuntas irregularidades vinculadas a la Mafia de las Escrituras.
Cabe recordar que en esta megacausa se investiga una presunta asociación ilícita destinada a la apropiación ilegítima de propiedades (predios, lotes e inmuebles) mediante usurpaciones, falsificación de documentos y testigos falsos. Estas maniobras de apropiación quedaban posteriormente legalizadas mediante sentencias del Poder Judicial puntano.
El fiscal de la causa, Francisco Assat Alí, estima que las maniobras de esta presunta asociación ascienden a $6.334 millones en propiedades.
La arista en cuestión de este artículo periodístico es el caso de Carlos David Genta, el decimoquinto imputado de la megacausa. Genta quedó imputado en diciembre de 2025 por los delitos de asociación ilícita en carácter de partícipe, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados.
Pipitone relató que, mientras Genta estuvo preso por varios delitos, obtuvo el beneficio de salidas transitorias para trabajar, autorizadas por la jueza de Ejecución en lo Penal de la Segunda Circunscripción, Nora Villegas.
“Se justifica esa salida ante el Juzgado de Sentencia diciendo que el propietario de una franquicia de Montemar de la ciudad de San Luis lo contrataba para realizar tareas administrativas en su financiera. Este supuesto propietario de la financiera es otro de los imputados, el doctor Pablo Herrera, que no tenía ninguna franquicia financiera de Montemar. Acá viene lo grave: jurídicamente, las financieras no pueden tener franquicia, porque tienen un permiso especialísimo otorgado por el Banco Central de la República Argentina”, explicó el abogado sobre las primeras irregularidades detectadas.
“El sistema judicial le proporciona algo que es imposible: no puede existir una franquicia de una financiera. Queda claro que uno conoce el derecho. Una jueza que le da la libertad condicional a un preso con condenas importantes para que vaya a reinsertarse en una supuesta franquicia financiera demuestra un desconocimiento grave del derecho”, señaló Pipitone.
Esta inexistente franquicia financiera estaba domiciliada en calle General Paz, a la altura de la comisaría de la Policía Federal y de una escribanía. Sin embargo, en ese lugar nunca hubo una financiera, sino una vivienda.
“Los controles del Poder Judicial, ¿dónde están? En ningún lado. El juzgado no comprobó jamás que ahí había una franquicia y eso no fue obstáculo para darle la libertad condicional”, expresó el abogado.
Dato a tener en cuenta es que éste mismo domicilio que se denunciaba a la supuesta franquicia de Montemar, fue también utilizado por los siguientes imputados: María de los Ángeles Toscano, Juan Alberto Sosa a través de dos empresas que lo tienen por socio, la inmobiliaria sin martilleros Santa Clara, una aseguradora que también llamaron Santa Clara, una fundación (ONG) que tenía como apoderado a uno de los imputados, José Héctor Jofré, e incluso también al citado para la próxima audiencia de formulación de cargos, el ingeniero Salvador Presti.
Según explicó Pipitone, ese domicilio también funcionó como “domicilio seguro”. Allí se notificaban traslados de demandas de posesión y se aseguraban de que no hubiera respuesta. De ese modo se generaba la rebeldía procesal y avanzaban las causas judiciales que luego legalizaban la apropiación de los inmuebles.
Volviendo al caso de Genta, Pipitone fue categórico: “¿Cómo vamos a rehabilitar a una persona que tiene un montón de condenas —robo, robo a mano armada, tentativa de homicidio y otros delitos— proporcionándole un trabajo en una financiera para reinsertarse en la sociedad? En realidad se lo proporcionamos a una asociación que se dedicó a burlar la Justicia”.
El abogado consideró que el sistema judicial no advirtió estas irregularidades. “El sistema no observa nada, no le importa nada, y esas son las consecuencias que estamos viviendo como sociedad. Los que ejercen la magistratura no les importa, son indiferentes. Se ha vuelto una tarea burocrática o un puesto de trabajo, nada más”, sostuvo.
Pipitone también consideró que el absurdo es aún mayor porque a Genta lo solicitaban para trabajar de lunes a viernes en jornada completa, pero la Justicia solo le autorizó media jornada debido a que no se acreditó que Herrera fuera propietario de una franquicia de Montemar.
Incluso Sebastián Pipitone mencionó que en el sitio oficial de Montemar figura que la única sucursal en la ciudad de San Luis es la ubicada en calle Belgrano.
El abogado afirmó que Genta “funcionó como un eslabón intermedio en todas estas operatorias de falsos contratos y además vendió lotes que no le pertenecían, basándose en contratos falsos”.
Pipitone también aseguró que Genta le vendió un lote a su cliente Ángel Méndez con un contrato falso de compra.
“Fragó un contrato donde dijo que lo había adquirido de una persona en el año 2010, pero esa persona había fallecido en 2007. Ese contrato tiene firmas certificadas por escribano y un sellado de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos para darle apariencia de legalidad. Lo más llamativo es que está fechado el 25 de agosto. En San Luis, el 25 de agosto la administración pública no trabaja”, afirmó.
Para Pipitone, este error y otros detectados en diversos expedientes de la causa “evidencian la impunidad con la que se manejó esta gente”.
Otro punto mencionado es que en la planilla de salidas laborales Genta estaba autorizado a salir de lunes a viernes, pero figura la firma de una salida un domingo.
Por su parte, Sebastián Pipitone comentó que Genta también era trasladado por su empleador para trabajar en un estacionamiento ubicado en calle Lavalle 950.
“Qué casualidad que ese estacionamiento fue denunciado como usurpado por el señor Mario Petchanker y allí también se lo autorizó a prestar tareas laborales. Es decir que el señor Genta fue utilizado por la asociación ilícita y se lo fue ubicando en distintos domicilios de dudosa procedencia”, afirmó.
Genta ya cumplió la condena en 2024 por los delitos por los que estaba detenido.
“Estamos en manos de un sistema que no está funcionando, o está funcionando mal, o está funcionando bien para el mal”, definió Maximiliano Pipitone.
Un ingeniero podría ser el decimosexto imputado
En otro pasaje de la extensa entrevista, los abogados adelantaron que el fiscal consideró que hay razones suficientes para llamar a formulación de cargos a Salvador Presti, un ingeniero de la Villa de Merlo.
Presti fue citado en dos oportunidades, pero hasta el momento no compareció, lo que está provocando que la causa no avance. La próxima citación es para el 30 de marzo.
“Espero que esta última citación sea efectiva y que se pueda presentar ante el juzgado, así se le pueden formular los cargos, ejercer su derecho de defensa y dejar de obstruir el avance de la causa, en caso de una nueva incomparecencia se solicitará medidas de coerción”, comentó el abogado.
En caso de que Presti quede imputado, la causa de la Mafia de las Escrituras tendrá 16 imputados y podría sumar más.
Los imputados en la causa hasta el momento son:
Juan Cruz Domínguez (señalado como autor intelectual); el abogado Pablo Héctor Herrera; María de los Ángeles Toscano; Hugo Alberto Guzmán; Juan Alberto Sosa; Alberto Javier Ochoa; Mario Cristian Vega; Carlos Mario Peralta; Roberto Córdoba Gordillo; Héctor David Escobar; Walter Luis Alejandro Terceros; José Héctor Jofré; Pedro Eduardo Mazzoca Fernández; Ruth Sonia Agüero y Carlos David Genta.
