La polémica por el colectivo que estuvo estacionado frente al edificio del Poder Judicial entre el lunes y el miércoles como parte de la puesta en escena del medio poggista El Puntano por el juicio a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, llegó al Concejo Deliberante. El Bloque Justicialista impulsó un pedido de informe al intendente Gastón Hissa sobre el vehículo para que se sepa si hubo autorización para el estacionamiento. El jefe comunal dijo que se debe preguntar en la Dirección de Tránsito sobre el colectivo en cuestión en declaraciones que hizo a la prensa.
“No es una cuestión menor donde tenemos un colectivo frente a una plaza, un espacio púbico, que obstaculiza el ingreso a la plaza, obstaculiza que puedas estacionar, obstaculiza a las personas que van al Poder Judicial”, dijo la concejal peronista Agustina Gatto, quien agregó que había conos del municipios capitalino “cuidando el colectivo”.
La legisladora leyó la nota del pedido de informe en la que se solicita que Hissa informe si hubo una autorización municipal para el estacionamiento del colectivo, cuál organismo lo autorizó, cuál fue el fundamento jurídico y normativo para tal autorización, entre otras cuestiones.
Gatto planteó si efectivamente hay una autorización del municipio, o que “si no la hay, ¿no se dispuso ninguna multa? ¿No se dispuso ninguna remoción?”.
Cuando la concejal terminó de argumentar la incorporación de la nota por el pedido de informe al orden del día se pasó a votar. La incorporación fue rechazada por 9 votos a 6.
Las declaraciones de Hissa sobre el colectivo
Este jueves, el intendente habló sobre el colectivo que estuvo estacionado frente a Tribunales y la denuncia penal que hizo al respecto una abogada. “La verdad que no sé, no no tengo conocimiento de ninguna denuncia. Seguramente Tránsito, habrá que preguntar bien, labra las actas correspondientes como lo hace habitualmente, así que habrá que preguntar en la Dirección de Tránsito”, expresó.
La denuncia penal de una abogada
En paralelo a la polémica por la permanencia del colectivo en plaza Independencia, la abogada Carolina Díaz Alba presentó una denuncia penal en la que cuestionó la ocupación del espacio público frente a Tribunales.
En su presentación, sostuvo que el vehículo estuvo estacionado desde el lunes 16 de marzo de manera “continua e ininterrumpida”, ocupando un sector destinado al uso común y delimitado con conos, lo que generó —según planteó— una “apropiación material y excluyente del espacio público”.
Díaz Alba señaló que esta situación afectó tanto la circulación vehicular como peatonal, además de restringir el acceso a la plaza y el uso de los espacios de estacionamiento. En su caso particular, indicó que la presencia del colectivo impactó directamente en su actividad profesional, ya que su estudio jurídico se encuentra a pocos metros del lugar.
Desde el punto de vista legal, encuadró los hechos en el artículo 194 del Código Penal, al considerar que la permanencia del vehículo implicó un entorpecimiento del normal funcionamiento del tránsito y del uso del espacio público. En ese sentido, afirmó que no se trató de una infracción aislada, sino de una conducta sostenida en el tiempo con efectos concretos sobre la dinámica urbana.
Además, solicitó como medida urgente el retiro del colectivo y de los elementos utilizados para delimitar el espacio, planteando que la continuidad de la situación configuraba un daño actual y persistente que requería intervención inmediata de las autoridades.
Hay que señalar que este jueves, el colectivo ya no estaba frente edificio del Poder Judicial.
