Este jueves, durante las primeras horas de la tarde, comenzó el juicio oral contra un hombre acusado de “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima” y una mujer imputada por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y el vínculo”. La mujer es la madre de la víctima, y el hombre, la pareja de esta.
El debate es llevado adelante por un Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, presidido por el Juez Fernando De Viana e integrado por los Jueces José Luis Flores y Eugenia Zabala Chacur como vocales.
Según relató el Fiscal de Juicio Nº 2, Fernando Rodríguez, los acusados eran pareja y convivían junto a la hija de la mujer. La víctima, hoy mayor de edad, habría comenzado a ser abusada sexualmente cuando tenía 12 años. Como resultado de los ultrajes a los que era sometida tuvo una hija a los 14 años. A los 19 años logró irse del hogar junto a la pequeña, luego de haber permanecido bajo amenazas por parte de la pareja, quienes le advertían que si hablaba o abandonaba la casa le quitarían a la niña. Según la acusación, la madre habría permitido e incluso propiciado los abusos.
Por su parte, el abogado querellante Roberto Domínguez adhirió a lo expuesto por la fiscalía y adelantó que la pretensión punitiva será formulada durante los alegatos de clausura.
En tanto, los abogados defensores Guillermo Levingston y Rodolfo Mercau sostuvieron en sus alegatos de apertura que no pudieron acceder al “maletín fiscal”, una plataforma digital utilizada por el Ministerio Público Fiscal para almacenar actuaciones y documentación de la causa, lo que -según dijeron- les impidió acceder a pruebas relevantes. Según expuso Levingston, esta limitación afecta el derecho de defensa de su cliente y el debido proceso.
Ante la insistencia de la defensa en que no contaba con todos los elementos necesarios para ejercer adecuadamente su rol, el presidente del Tribunal calificó la situación como “sumamente grave” y advirtió que, si los propios abogados reconocían no estar en condiciones de llevar adelante la defensa, podría configurarse una “defensa ineficaz”, lo que incluso habilitaría eventuales sanciones a los profesionales.
Una “defensa ineficaz” implica que, aunque exista un abogado formalmente designado, no funciona en la práctica, dejando al imputado sin una verdadera protección de sus derechos.
Desde la Fiscalía se respondió que los cuestionamientos eran extemporáneos y que la oportunidad para plantearlos ya había vencido. En la misma línea, la querella negó que existiera una vulneración al derecho de defensa, sostuvo que los elementos con valor probatorio se encuentran incorporados al expediente y remarcó que la defensa podía haber solicitado formalmente el acceso al maletín fiscal, sin que conste que lo haya hecho. En ese contexto, el Tribunal consultó a los abogados si estaban en condiciones de ejercer la defensa, a lo que respondieron afirmativamente; incluso Mercau aclaró que sus planteos no debían interpretarse como un pedido de nulidad. Finalmente, el Tribunal concluyó que no se trataba de una nulidad formal, rechazó los planteos y ordenó la continuidad del juicio.
El debate se desarrollará durante dos jornadas y se prevé la declaración de nueve testigos.
Fuente: Prensa Poder Judicial
