En una audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles, la Jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó resolvió dar por formulados los cargos contra el ingeniero Salvador Presti, último imputado incorporado a la denominada mega causa por estafas inmobiliarias. Con esta imputación, ya son 16 las personas investigadas.
Los imputados en la causa hasta el momento son:
Juan Cruz Domínguez (señalado como autor intelectual); el abogado Pablo Héctor Herrera; María de los Ángeles Toscano; Hugo Alberto Guzmán; Juan Alberto Sosa; Alberto Javier Ochoa; Mario Cristian Vega; Carlos Mario Peralta; Roberto Córdoba Gordillo; Héctor David Escobar; Walter Luis Alejandro Terceros; José Héctor Jofré; Pedro Eduardo Mazzoca Fernández; Ruth Sonia Agüero; Carlos David Genta y Salvador Presti.
La formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal adjunta Ornella Costa, quien junto al Fiscal de Instrucción Penal Nº 1 Francisco Assat llevan adelante la investigación.
De la audiencia también participaron los abogados querellantes Maximiliano Pipitone y Sebastián Pipitone, así como la Fiscalía de Estado, representada por Florencia Bustos Samperisi.
Según expuso la fiscal, Salvador Presti habría intervenido en una de las maniobras investigadas, vinculada a la apropiación ilegítima de un inmueble rural de gran extensión ubicado en la zona de Vallecitos.
De acuerdo a la Fiscalía, el hecho se habría desarrollado a través de un esquema planificado que incluyó la obtención de la confianza del propietario mediante un poder otorgado para realizar gestiones administrativas; la confección de una cadena dominial ficticia mediante documentación falsa; la promoción de una demanda judicial basada en esos instrumentos apócrifos; y la utilización de testigos falsos para sostener esa versión ante la Justicia.
Estas maniobras habrían permitido obtener una sentencia judicial favorable que ordenó la escrituración del inmueble a nombre del imputado, consolidando así la apropiación del bien mediante un proceso aparentemente legal.
En este contexto, la Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como “falsificación de instrumentos públicos y privados, uso de documento falso y estafa procesal”, en calidad de autor.
Asimismo, solicitó medidas de coerción tendientes a asegurar la sujeción del imputado al proceso, consistentes en la firma periódica del libro de imputados, la prohibición de salida de la provincia y una medida cautelar de prohibición de no innovar sobre un inmueble que es propiedad de Presti, con el objetivo de resguardar el bien ante un eventual decomiso.
Tanto la querella como la Fiscalía de Estado adhirieron a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, acompañando la imputación y las medidas solicitadas.
Por su parte, la defensa de Presti, a cargo del abogado Maximiliano Del Signore, rechazó la acusación en todos sus términos.
El defensor sostuvo que la imputación carece de precisión respecto del hecho atribuido a su asistido y negó que Presti haya participado en maniobras de falsificación o fraude. En esa línea, planteó que su defendido podría ser, en realidad, una víctima dentro de un entramado más amplio.
Además, solicitó un plazo de 120 días para producir prueba y anunció la realización de distintas medidas, entre ellas pericias y requerimientos a organismos públicos.
Luego de escuchar a las partes, la magistrada tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la Fiscalía e hizo lugar a las medidas de coerción solicitadas.
Qué se investiga en la megacausa
La investigación se centra en un presunto entramado delictivo vinculado a múltiples maniobras de apropiación ilegítima de inmuebles en distintos puntos de la provincia.
De acuerdo a la hipótesis manejada por la fiscalía, se trataría de un esquema organizado y sostenido en el tiempo, en el que sus integrantes habrían actuado de manera coordinada, distribuyendo roles según las necesidades de cada operación.
Las maniobras consistían, en términos generales, en generar documentación falsa —como contratos, certificaciones notariales o constancias administrativas— para luego iniciar acciones judiciales que permitieran obtener sentencias favorables y concretar la transferencia de los bienes.
Un elemento clave del mecanismo era la utilización de domicilios falsos o controlados, lo que impedía que los verdaderos titulares fueran notificados. Esto derivaba en su declaración de rebeldía y facilitaba el avance de los procesos sin oposición, induciendo a error a los jueces intervinientes.
A partir de estas estrategias, los inmuebles eran finalmente inscriptos a nombre de los acusados en el Registro de la Propiedad.
Según lo señalado por el fiscal Assat en distintas audiencias, el perjuicio económico involucrado sería de gran magnitud y la investigación —que lleva más de tres años— presenta una alta complejidad, tanto por la cantidad de personas involucradas como por las características de las maniobras analizadas.
Fuente: Prensa Poder Judicial
