Este viernes se realizó en la Cámara de Diputados la asamblea general legislativa para la designación de dos miembros temporarios del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Por unanimidad de senadores y diputados presentes fueron designados Arturo Vergara por el oficialismo, actual titular de Dosep, y Ángela Gutiérrez por la oposición, ex titular de Anses y funcionaria de Alberto Rodríguez Saá. Con las designaciones de hoy se completó la renovación del Tribunal de Cuentas, ya que este martes, Alberto Ferraro fue designado como miembro permanente del organismo.
Como el poggismo propuso un contador, obligó a la oposición a tener que proponer a la abogada, ya que el Tribunal está compuesto por tres profesionales de ciencias económicas y dos abogados.
“Fue aprobado por unanimidad. Esto es importante porque se mantuvo un criterio de respeto, diálogo, y principalmente respetando las minorías y que esto quedó como hecho consumado que en la elección de los dos postulantes”, reflexionó el senador peronista Hugo Olguín.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de San Luis es el organismo encargado del control externo de la administración de los fondos públicos, con jurisdicción en todo el territorio provincial. Su función principal es examinar y fiscalizar las cuentas vinculadas a la percepción, gasto e inversión de las rentas del Estado, incluyendo organismos provinciales, entes descentralizados, reparticiones autárquicas y municipalidades. En ese marco, tiene la facultad de aprobar o desaprobar dichas cuentas y, en caso de detectar irregularidades, determinar responsabilidades, montos y alcances.
Además de su rol de control, el organismo cuenta con atribuciones de inspección sobre entidades que administran fondos públicos y también fiscaliza el destino de recursos estatales otorgados a instituciones privadas. Sus resoluciones tienen carácter de cosa juzgada en lo referido al manejo de los fondos públicos, y solo pueden ser recurridas ante el Superior Tribunal de Justicia en los términos que establece la ley.
El Tribunal está integrado por cinco miembros con título habilitante: tres profesionales de ciencias económicas y dos abogados, quienes deben cumplir requisitos de edad y experiencia profesional. La Constitución provincial establece un sistema mixto de designación: tres de los integrantes son elegidos por la Cámara de Senadores a propuesta del Poder Ejecutivo y permanecen en sus cargos mientras mantengan buena conducta, mientras que los otros dos son designados por la Asamblea Legislativa, uno por la mayoría y otro por la minoría, con mandatos de dos años.
En cuanto a su funcionamiento, el organismo cuenta con autonomía e independencia funcional, incluyendo la facultad de elaborar su propio presupuesto y administrar su personal. Asimismo, tiene un rol preventivo, ya que puede emitir recomendaciones e instrucciones para evitar irregularidades en la administración de fondos públicos.
