La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 6 de la ciudad de San Luis y prorrogó este martes por otros 60 días las medidas de coerción contra Luciano Anastasi y Claudio Latini (ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial); Ernesto Alí (ex intendente de La Toma y actual diputado nacional), y los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali.
La magistrada fundamentó su decisión en la etapa procesal que atraviesa la causa, y señaló que el Tribunal de Impugnaciones ha sostenido que los riesgos procesales aumentan a medida que avanza la investigación hacia instancias intermedias y de juicio.
En ese marco, dispuso mantener para todos los imputados la obligación de firmar el libro entre el 1 y el 10 de cada mes ante la Fiscalía de Instrucción Nº 6. También prorrogó la prohibición de salir de la provincia, con excepción de Ernesto Alí y Luciano Anastasi. Asimismo, ordenó extender la inhibición general de bienes para todos los imputados, salvo Anastasi (quien ya cuenta con un embargo preventivo en sustitución de esa medida) al considerar que busca preservar el patrimonio y evitar una eventual insolvencia que pueda afectar futuras responsabilidades patrimoniales vinculadas a la causa.
La fiscal Linda Maluf argumentó, en su pedido de prórroga, la necesidad de garantizar los fines del proceso y señaló, además, los antecedentes condenatorios por delitos dolosos respecto de uno de los imputados, lo que podría derivar en una declaración de reincidencia. También destacó que la causa ya transita la etapa intermedia, con requerimiento de elevación a juicio formalizado y los traslados correspondientes en curso, por lo que consideró razonable y proporcional mantener las medidas por un plazo de meses, a fin de asegurar el desarrollo del proceso hasta la eventual realización del juicio oral. Juan Ignacio Trusendi, representante de la Fiscalía de Estado, adhirió a lo expresado por Fiscalía y ratificó la denuncia que dio origen a la causa.
El abogado defensor Nedo Gómez se opuso a la solicitud de prórroga de las medidas de coerción respecto de su defendido, Ernesto Alí, al sostener que durante toda la investigación se mantuvo a disposición de la Justicia y cumplió con todas las exigencias procesales. Argumentó que, habiendo concluido la etapa inicial y encontrándose ya formalizada la acusación, no resulta razonable mantener medidas que consideró innecesarias y que calificó como un “hostigamiento”, especialmente en función de la actividad pública de Alí como diputado nacional.
Asimismo, cuestionó la continuidad de la inhibición de bienes, al señalar que no se acreditaron los requisitos necesarios para sostener esa medida cautelar, como la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora. También afirmó que el presunto perjuicio patrimonial no quedó debidamente demostrado durante la investigación y sostuvo que mantener estas restricciones implicaría un prejuzgamiento sobre su defendido. Por ello, solicitó el rechazo del pedido de prórroga de las medidas.
En la misma línea, el defensor de Latini, Cristóbal Ibáñez, se opuso a la prórroga y a la inhibición de bienes, al sostener que no se acreditaron los requisitos legales para su aplicación ni se realizaron las diligencias necesarias para determinar el patrimonio de su defendido, por lo que afirmó que la medida restringe de manera irrazonable la disponibilidad de sus bienes.
El abogado defensor del exintendente Jeremías Vivas, Alejandro Cordido, manifestó su oposición a la prórroga de las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía, al considerar que no resultan razonables ni indispensables para garantizar los fines del proceso. Señaló que su defendido se mantuvo siempre a disposición de la Justicia, cumplió con las medidas impuestas y no registró conductas que evidencien riesgos procesales, por lo que sostuvo que debe prevalecer el principio de inocencia.
Además, cuestionó particularmente la prohibición de salir de la provincia y la inhibición general de bienes, al entender que constituyen restricciones desproporcionadas. Respecto de esta última, remarcó que Vivas no posee bienes registrables y consideró que la medida podría incluso desalentar futuros ingresos patrimoniales.
En la sala estuvo presente Anastasi junto a la defensora oficial, Stefanía Cifuentes, quien además representa a Canali, ex intendente de Cortaderas.
¿Por qué se los investiga?
Los cinco ex funcionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la imputación, mientras ejercía como ministro de Seguridad, Anastasi suscribió convenios con intendentes locales que preveían refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y establecían anticipos de hasta el 40% del monto total. Sin embargo, la fiscal sostuvo que se realizaron desembolsos que superaron ampliamente lo pactado, sin que existiera inicio, avance ni finalización de las obras comprometidas.
Posteriormente, bajo la gestión de Latini como ministro, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo” y bajo el argumento de la inestabilidad económica y crisis inflacionaria, pese a que ya se habían efectuado las transferencias millonarias. Informes técnicos y constataciones judiciales de 2023 y 2024 confirmaron presuntamente que los trabajos nunca se realizaron y que los sitios permanecían en estado de abandono.
En su teoría del caso, la Fiscalía calificó los hechos como parte de un “modus operandi” reiterado: celebración de contratos, liberación de fondos millonarios y posterior rescisión sin rendiciones ni ejecución de tareas.
Por estas presuntas maniobras, el Ministerio Público Fiscal imputó a Luciano Anastasi y Claudio Latini, ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
En tanto, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, junto a los ex intendentes Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (Cortaderas), fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
Fuente: Prensa Poder Judicial
