La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Ministerios impulsada por el Poder Ejecutivo provincial. El proyecto fue sancionado por 29 votos positivos contra 12 negativos, luego de ser tratado sobre tablas tras la media sanción que había recibido este martes en la Cámara de Senadores. Desde el oficialismo se argumentó que la nueva ley apunta a la austeridad, mientras que desde el peronismo se señaló una falsa austeridad y que se nombrarán a los mismos funcionarios.
La iniciativa establece una reorganización de la estructura del Ejecutivo provincial y, según argumentó el oficialismo, apunta a una reducción de más del 30% de la estructura orgánico funcional, con la supresión de dos ministerios y cinco secretarías de Estado.
La diputada Eugenia Gallardo, del bloque Ahora San Luis, fue una de las encargadas de fundamentar el proyecto durante la sesión. La legisladora sostuvo que la ley “es efectivamente una herramienta esencial para ordenar las competencias y las responsabilidades de cualquier ejecutivo”.
Gallardo afirmó que la reforma tiene “principios ordenadores de austeridad” y que busca “la eficiencia” para responder “de manera ágil, rápida y eficiente, y sobre todo con gran responsabilidad financiera a las demandas de la sociedad”.
La diputada destacó que la reorganización administrativa “no implica una disminución en la calidad de los servicios públicos, sino una readecuación funcional que busca optimizar los recursos”. Además, vinculó la medida con “las restricciones financieras” y la disminución de recursos coparticipables.
En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo debe “profundizar medidas de responsabilidad fiscal” y dar continuidad a las políticas implementadas desde el inicio de la gestión de Claudio Poggi.
“Esta nueva reorganización busca fortalecer las capacidades institucionales para poder impulsar un desarrollo productivo que acompañe al sector privado, que promueva la actividad económica y consolidar este modelo de gestión iniciado el 10 de diciembre de 2023”, expresó Gallardo.
El titular del bloque Consolidación Argentina, Carlos González D’Alessandro, adelantó el acompañamiento de su espacio a la iniciativa y vinculó el debate con la estrategia política del Gobierno provincial.
“Discutir esta nueva ley de ministerios, a la cual voy a apoyar, es discutir también el futuro de la provincia de San Luis”, manifestó.
El legislador consideró que la reforma se da “a dos años y medio de un gobierno que se está despojando de aliados políticos”, aunque remarcó que “esa es la verdadera razón” del proyecto.
“Lo veo bien que el gobernador Claudio Poggi marque su estrategia, marque su objetivo y marque su diseño de gobierno”, agregó.
González D’Alessandro sostuvo además que “el problema de los sanluiseños no es cuántos ministerios existen”, sino “que el Gobierno funcione”.
“Si el gobernador Claudio Poggi ve que esto es lo mejor para que el Gobierno funcione, lo vamos a apoyar. Porque los problemas reales de la sociedad no pasan por la cantidad de ministerios o de secretarías, sino por la gestión de gobierno”, afirmó.
Críticas a la reforma
Desde la oposición, el presidente del bloque Justicialista, Lucas Caymes, cuestionó el alcance de la reforma y aseguró que el proyecto mantiene una “hipertrofia burocrática”.
“Lo que nos llama la atención de las leyes de ministerios que nos mandan es que hacen hincapié en una hipertrofia burocrática permanente, en un derroche de los recursos públicos y en el desorden institucional”, manifestó.
Caymes señaló que el proyecto contempla “la creación de 14 cargos de funcionarios con rango y sueldo ministerial” y también la incorporación de “subprogramas, direcciones, subdirecciones, áreas y proyectos”.
El legislador comparó la estructura provincial con la de otras jurisdicciones y sostuvo que “hay provincias con siete u ocho ministerios que funcionan correctamente”. Además, afirmó que San Luis “está casi a la altura de una provincia como Buenos Aires” en cantidad de funcionarios.
“Nos hablan de austeridad cuando nosotros creemos que hay una falsa austeridad”, cuestionó.
Durante el debate, Caymes cedió la palabra a la diputada Silvia Sosa Araujo, quien también criticó el proyecto y aseguró que “van a seguir creando secretarías”.
“Es totalmente mentirosa esta ley. ¿Para qué la van a derogar? Si van a designar los mismos funcionarios”, expresó la legisladora.
Sosa Araujo aseguró que el proyecto contiene un “error gravísimo” porque, según planteó durante la sesión, en el capítulo donde se enumeran las secretarías de Estado no figura expresamente la Secretaría de Transporte. La diputada señaló que, pese a esa omisión, posteriormente el articulado sí le asigna funciones y competencias a esa área, lo que a su entender genera una contradicción dentro del texto legal. “Omitieron hablar de la Secretaría de Transporte. Evidentemente no se puede sacar hoy esta ley porque tiene un error gravísimo”, sostuvo la legisladora, quien reclamó que el proyecto volviera a comisión para ser corregido y analizado nuevamente.
Como era previsible, el oficialismo les sobraron los votos para sancionar la ley gracias a sus propios legisladores y los aliados.
La reforma
Con la nueva ley, el Poder Ejecutivo provincial quedó integrado por ocho ministerios: Gobierno; Seguridad; Hacienda e Infraestructura Pública; Salud; Educación; Desarrollo Productivo; Desarrollo Humano; y Turismo y Cultura.
La reforma también redefine el esquema de secretarías de Estado y sus dependencias dentro del organigrama provincial.
La Secretaría General de la Gobernación concentrará bajo su órbita a las secretarías Legal y Técnica; de Comunicación; y de Vinculación Interjurisdiccional.
En tanto, la Secretaría de Transporte pasará a depender del Ministerio de Gobierno; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable quedará bajo el Ministerio de Desarrollo Productivo; y la Secretaría de Política Habitacional funcionará dentro del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública.
Por su parte, la Secretaría de Deportes dependerá del Ministerio de Turismo y Cultura, mientras que la Secretaría de Discapacidad quedará bajo la estructura del Ministerio de Desarrollo Humano.
De esta manera, varias áreas que anteriormente tenían mayor autonomía administrativa o rango ministerial pasarán a integrarse dentro de otras carteras o bajo coordinación directa de la Secretaría General de la Gobernación.
