A casi un año de la última protesta por el acceso a la electricidad, vecinos del barrio popular La Vecindad volvieron a manifestarse este martes, esta vez frente a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano, donde reclamaron una solución definitiva a un problema que aseguran arrastran desde hace más de una década.
Unos 30 vecinos participaron de la protesta, que incluyó bombos y cornetas, para exigir avances concretos en la regularización del servicio eléctrico. Según denunciaron, durante el último año mantuvieron reuniones y gestiones con funcionarios provinciales, pero no hubo ninguna obra ni solución efectiva para las 136 familias que viven en el barrio.
“Avance no ha habido ninguno. En un año no consiguió nada. A lo mejor el Gobierno gestionó, pero más allá de la gestión que pueda haber hecho o no, no se ha ejecutado ningún tipo de obra dentro del barrio de nosotros y no nos han dado una solución efectiva para terminar con esta problemática”, sostuvo Gustavo Carrera.
Los vecinos insisten en que no buscan conexiones irregulares ni subsidios, sino poder acceder al servicio formal y pagar la energía como cualquier otro usuario. Sin embargo, aseguran que los compromisos asumidos por el Gobierno nunca se tradujeron en medidas concretas.
Según relató Yésica Guzmán, el año pasado recibieron un documento, de manos del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; que supuestamente habilitaba el ingreso de Edesal al barrio para avanzar con la regularización del servicio, pero cuando lo presentaron ante la empresa les informaron que carecía de validez. “En Edesal, cuando fuimos con ese papel, nos dijeron que es lo mismo que lo firmemos nosotros. No tiene una validez, no tiene un peso. O sea, que en su momento el ministro Amondarain nos firmó algo que no vale”, afirmó.
La dirigente barrial cuestionó además que, pese a que el asentamiento forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), esa situación tampoco les permitió acceder a los servicios básicos que vienen reclamando desde hace años. “Sabemos que en otras provincias sí tiene validez, hay montones de provincias en Argentina que ha tenido validez, que los gobiernos han accedido a eso. Pero nos tienen de un lado para el otro”, manifestó.
Durante la protesta, los vecinos fueron convocados a una reunión con funcionarios provinciales. Sin embargo, cuestionaron que solamente se permitiera la participación de tres representantes del barrio. “Yo creo que en el barrio no vivimos tres, vivimos 136 familias. No podemos ir nosotros. Siempre decimos que son reuniones secretas prácticamente”, expresó Guzmán.
Por su parte, Carrera advirtió que la asamblea evaluará las respuestas que reciban durante el encuentro y no descartó profundizar las medidas de fuerza. “Si no tenemos una solución efectiva al mediodía vamos a asistir a esa reunión. Pero después de esa reunión, si no nos convence lo que diga, vamos a efectuar un acampe acá por tiempo indefinido para que nos dé una solución”, aseguró.
Los referentes barriales sostuvieron además que el proceso de urbanización que comenzó años atrás quedó inconcluso y aseguraron que existen diferencias con otros asentamientos que sí recibieron mayores intervenciones estatales. “Nosotros vemos que en el barrio República es distinto. Ahí sí llegó más la urbanización, a nosotros no nos llegó esa urbanización”, señaló Guzmán, señalando que La Vecindad es constantemente “criminalizado”.
Los vecinos también cuestionaron las políticas habitacionales actuales y aseguraron que gran parte de las familias de La Vecindad no puede reunir las condiciones económicas para acceder a los nuevos planes de vivienda. “No podemos acceder a una vivienda, no podemos acceder a un derecho básico”, afirmó la referente barrial.
“Si tenemos que ir a criticar el nuevo plan, es muy difícil para las personas que viven en La Vecindad pagar una cuota de 250.000 pesos. La mayoría son trabajadores del Plan o trabajan de changas, son trabajadores autogestionados. ¿Cómo van a acceder a esa política habitacional?”, planteó.
Además de la electricidad, los vecinos señalaron que continúan enfrentando otras carencias vinculadas a la infraestructura del barrio. “No tenemos solamente esa problemática. Es la que más nos afecta y la que más urgencia tenemos de solucionar. Pero después tenemos otras problemáticas más, como el agua, no tenemos sistema de cloaca, no tenemos la poda de árboles”, señaló Carrera.
Entre los reclamos también mencionaron la presencia de eucaliptos de gran tamaño dentro del barrio, cuya poda, según afirmaron, fue solicitada en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta.
“Estamos exigiendo un derecho básico porque el barrio ya es un barrio reconocido. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Queremos que el Gobierno nos acceda a la bajada de la luz, pagarla. Como toda persona cuando va a vivir y tiene que hacer los trámites para bajarla”, expresó Guzmán.
La referente remarcó que actualmente las 136 familias dependen de un único transformador para abastecerse de energía eléctrica, situación que se vuelve especialmente crítica durante el invierno debido al uso de artefactos para calefaccionar los hogares.
