La Mesa Intersindical volvió a reclamar una recomposición salarial para los trabajadores del Estado provincial y aseguró que los aumentos otorgados durante 2026 quedaron muy por debajo de la inflación acumulada. A través de una publicación difundida este viernes, las entidades afirmaron que los empleados públicos están “empobrecidos y endeudados” y advirtieron sobre el impacto que tendrá esa situación en el próximo medio aguinaldo.
El documento, compartido por la Unión de Trabajadores de la Educación Pública de San Luis (UTEP) y acompañado por el resto de los gremios que integran la Mesa Intersindical, compara el 10% de incremento salarial otorgado durante 2026 con una inflación acumulada del 14,7%, de acuerdo con los datos que difundieron las organizaciones.
“Una vez más reiteramos que es fundamental una recomposición salarial a todos los trabajadores del Estado, que ya no sólo no llegan al 15 de cada mes, sino que no pueden pagar sus deudas”, expresaron los sindicatos en un comunicado titulado “Crónica de una situación económica anunciada”.
En el mismo texto, sostuvieron que “la Provincia de San Luis lidera la encuesta nacional de morosidad con un 34%” y cuestionaron la política salarial del Gobierno provincial. “Con básicos planchados y sumas no remunerativas (como intentos de aumento) el próximo aguinaldo será muy pobre ante los crecientes aumentos de los servicios y la canasta básica”, afirmaron.
Además, difundieron un gráfico en el que comparan distintos salarios estatales con el valor de una canasta básica de $1.498.741. Según esa publicación, un trabajador de la carrera sanitaria (técnico B) percibe alrededor de $1.100.000, un cargo testigo de educación ronda $1.000.000, un agente de seguridad $929.000, un empleado público de las categorías E y F $800.000 y un trabajador municipal $600.000, todos por debajo del valor de la canasta informado por la Mesa Intersindical.
La publicación lleva las firmas de APTS, SIEP, ATE San Luis, ASDE, el Sindicato Judiciales Puntanos (Sijupu) y UTEP, organizaciones que vienen reclamando una recomposición salarial y cuestionando la pérdida del poder adquisitivo de los empleados estatales frente al aumento del costo de vida.
