El Juez de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, tuvo por ampliados los cargos contra un ex agente penitenciario investigado por los delitos de “corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso sexual agravado, producción y tenencia de material de abuso sexual infantil”, a los que hoy se incorporó un nuevo hecho contra la integridad sexual tras la identificación de una nueva presunta víctima. También dispuso la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 120 días y autorizó la realización de una Cámara Gesell.


La ampliación de la imputación se produjo a partir de nuevas medidas de prueba incorporadas durante la investigación de la causa. En particular, como resultado de una audiencia realizada el pasado 3 de junio, en la que se avanzó en la identificación de las personas y los lugares registrados en once piezas audiovisuales secuestradas durante la investigación. Esa medida permitió individualizar a una nueva presunta víctima e incorporar nuevos hechos a la acusación original formulada en octubre de 2025.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2, representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García. La defensa técnica del imputado es ejercida por Héctor Zavala Agüero, quien participó de la audiencia de manera remota. También interviene la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, a cargo de Silvina García.

investigación iniciada a partir del hallazgo de dispositivos en el Servicio Penitenciario
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la causa se inició luego de una denuncia presentada por el subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Serrano, quien informó que el 22 de octubre de 2025 fueron hallados dos dispositivos de almacenamiento digital en las cocheras del Complejo Penitenciario Nº 1.

Los elementos fueron puestos a disposición de la Unidad de Abordaje Fiscal y posteriormente analizados por el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos. A partir de esas tareas, se detectó material de abuso sexual infantil y se logró identificar a un hombre que se desempeñaba como agente penitenciario, lo que motivó su detención y el inicio de la investigación.

En octubre de 2025, la Fiscalía formuló cargos por presuntos delitos contra la integridad sexual y por la producción de representaciones de personas menores de edad con fines sexuales. En aquella oportunidad, la entonces jueza de Garantía Nº 3, Natalia Lazarte Otero, tuvo por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva, medida que posteriormente fue prorrogada.

Nuevos elementos incorporados a la investigación
Durante la audiencia celebrada este viernes, la fiscal Córdoba explicó que la ampliación de los cargos se sustenta en las medidas de prueba producidas durante la investigación y, especialmente, en las actuaciones realizadas el 3 de junio, cuando dos personas allegadas al entorno familiar participaron en un acto judicial de reconocimiento del material audiovisual incorporado a la causa.

Según expuso la representante del Ministerio Público Fiscal, esas medidas permitieron avanzar en la identificación de una nueva presunta víctima y en la incorporación de nuevos hechos a la investigación. Asimismo, solicitó la realización de una Cámara Gesell para recibir el testimonio de una adolescente, presunta víctima. La medida no fue objetada por la defensa y fue autorizada por el magistrado.

Posteriormente, la fiscal adjunta Mercedes García requirió la prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses, al considerar que la complejidad de la causa, la incorporación de nuevos hechos y la existencia de medidas probatorias pendientes hacen necesario asegurar el normal desarrollo del proceso y resguardar a las víctimas.

La Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, Silvina García, adhirió al planteo y sostuvo que la aparición de nuevos elementos y la incorporación de una nueva víctima justifican la continuidad de las medidas de protección y cautela.

Por su parte, la defensa se opuso tanto a la ampliación de los cargos como a la prórroga de la prisión preventiva. Sostuvo que parte de la evidencia informática tiene carácter preliminar y consideró que los riesgos procesales podrían neutralizarse mediante medidas menos gravosas.

Al resolver, el juez rechazó los planteos de la defensa y entendió que los elementos reunidos hasta el momento resultan suficientes para sustentar la ampliación de la imputación en esta etapa del proceso. Asimismo, consideró que la complejidad de la causa, la existencia de nuevas medidas de prueba y la necesidad de resguardar a las víctimas hacen necesario mantener la medida de coerción.

En consecuencia, dispuso la ampliación de los cargos, autorizó la realización de la Cámara Gesell y prorrogó la prisión preventiva del imputado por otros 120 días, contados desde el vencimiento de la medida actualmente vigente.

Fuente: Prensa Poder Judicial