La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, imputó provisoriamente al ex director de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga, por el delito de peculado y ordenó la inhibición general de bienes por presuntas irregularidades administrativas y patrimoniales mientras estuvo a cargo del organismo gubernamental, entre el 2020 y 2023. La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción N° 1 junto con la prohibición de salida de la provincia y la firma del libro de imputados, peticiones a las que también hizo lugar la magistrada.
Desvío de caudales públicos, tanto de bienes y servicios, para beneficio propio y de terceros. Así definió el fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, la conducta del ex funcionario y que habrían causado un perjuicio de más de $70 millones.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Assat y Juan Pablo Díaz Estopiñán, pidió la imputación de peculado, que es un delito contra la administración pública en el cual un funcionario o servidor público se apropia, utiliza o desvía de forma ilegal los bienes, fondos, o servicios del Estado que le fueron confiados por razón de su cargo, beneficiándose a sí mismo o a terceros.
La obligación de firmar mensualmente y la prohibición de salir de la provincia regirán durante seis meses, mientras que la inhibición general de bienes se mantendrá vigente hasta que finalice el proceso judicial.
La Fiscalía además calificó el delito como “continuado” dada la multiplicidad de conductas detectadas en una gestión de más de tres años. Por la complejidad de la causa —que requiere, según explicó, pericias contables y documentación todavía pendiente de remisión por parte de Vialidad— solicitó que el plazo ordinario de cuatro meses de investigación penal preparatoria se extienda a seis meses.
Según detalló el fiscal, las auditorías realizadas por la gestión entrante detectaron faltantes de bienes tecnológicos, insumos, combustible y maquinaria, además de un uso irregular de recursos públicos. “El imputado dispuso de ciertos caudales públicos en detrimento de la administración pública y en beneficio de intereses privados ajenos a esta entidad”, sostuvo Assat.
Radios, antenas y una notebook que no se devolvió
El primer capítulo de la exposición del fiscal fue un inventario de faltantes. Assat detalló que no se encontraron cinco radios VHF, cinco antenas magnéticas, dos módems rurales 4G y una notebook Dell que, según dijo, “figura asignada al imputado a los fines de uso laboral sin que haya sido registrado su devolución”. También mencionó facturas por 200 litros de anticongelante y un kit de inyectores que “no fueron encontrados ni instalados en las máquinas correspondientes”.
A esa lista se sumó el hallazgo de una máquina rodillo marca Omac “en un terreno de propiedad ajena”, en la localidad de Nueva Galia, sin justificación oficial. “Testigos indicaron que estas máquinas eran prestadas de palabras por la gestión anterior”, dijo el fiscal.
“Uso excesivo de combustible estimado en $73 millones”
Uno de los puntos centrales de la investigación está vinculado al consumo de combustible. Assat indicó que la repartición habría superado ampliamente los cupos autorizados por decreto en distintos años de gestión, con un excedente que estimó en más de 230 mil litros. “Este exceso tiene un valor económico estimado de $73 millones”, remarcó.
El fiscal también señaló que el 97% de las cargas de combustible se realizaban en una sola estación de servicio y que existían coincidencias entre los picos de consumo y fechas de competencias automovilísticas. “Los viernes previos al rally el exdirector ordenaba cargar todas las camionetas para llenar un batán de mil litros de gasoil”, relató Assat. García, además de funcionario público, era piloto de rally en la clase N2.
“Un cementerio de vehículos”
Sobre el estado de la flota, el fiscal fue contundente al citar la auditoría: la describió como “terrorífica”, con más del 60% de los vehículos fuera de servicio y “neumáticos o con cubiertas en el alambre”. De acuerdo a declaraciones de testigos, Assat relató que el lugar era “un cementerio de vehículos”, mientras la provincia pagaba seguros de unidades que “no funcionaban desde hacía tiempo”.
Medidas pedidas: sin prisión, pero con restricciones
El fiscal descartó solicitar una medida de coerción gravosa, al señalar que el imputado “ha comparecido con su abogado defensor de confianza” y que el riesgo de fuga es “muy limitado”. En su lugar, pidió firma mensual ante el Ministerio Público Fiscal y prohibición de salida de la provincia, salvo razones de salud acreditadas y con aviso de fecha de regreso.
Donde sí insistió fue en lo patrimonial. Assat citó a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y planteó la necesidad de resguardar un eventual recupero de activos y solicitó la “inhibición general de bienes” sobre Quiroga, al no estar todavía determinado ni el monto del perjuicio ni el patrimonio del imputado para avanzar directamente a un embargo. Pidió, además, que esa medida no se limite a los seis meses de la investigación preparatoria, sino que “interdure este proceso” en su totalidad.
El fiscal de Estado, Santiago Calderón Salomón, adhirió a la formulación de la Fiscalía de Instrucción.
El imputado se abstuvo de declarar y su defensa rechazó la formulación de cargos
El abogado defensor, Facundo Sosa, rechazó la imputación contra su representado y sostuvo que no existen elementos que acrediten la comisión del delito de peculado. Afirmó que se trata de una investigación basada en presuntos desórdenes administrativos que deberían analizarse en ámbitos contables y administrativos, y no en la Justicia penal.
“No existe ningún elemento que vincule la comisión de los delitos que se le imputan a mi defendido”, aseguró Sosa, quien calificó la causa como una “estructura clásica que se utiliza en las persecuciones políticas en un ámbito de la obra pública”.
El defensor sostuvo que se intenta “transformar una responsabilidad administrativa o funcional en responsabilidad penal objetiva”, algo que consideró incompatible con el sistema constitucional argentino. En ese sentido, remarcó que “el derecho penal no está para juzgar si alguien fue un buen o mal administrador, sino para castigar conductas criminales dolosas”.
También argumentó que Vialidad Provincial formaba parte de una estructura ministerial más amplia, con distintos niveles de control y supervisión, y señaló que resulta “materialmente casi imposible llevar el control de cada remito, firma o revisión” en un organismo de esas dimensiones. Por ello, invocó el principio de confianza, según el cual los directivos delegan funciones técnicas y de control en funcionarios y empleados especializados.
Finalmente, Sosa cuestionó el origen de la denuncia y consideró que existe una “clara instrumentalización política”, al tiempo que afirmó que se está utilizando “el derecho penal de una manera exorbitante y desproporcionada” para judicializar discrepancias sobre la gestión administrativa.
Fuente: Prensa Poder Judicial
