Los abogados Adriel Cabello y Hugo Scarso brindaron una extensa conferencia de prensa en el centro de la cancha de básquet de GEPU para defender al presidente del club, Néstor Hugo Páez, y a sus familiares, quienes están imputados por los delitos de administración fraudulenta y hurto. Los letrados negaron que hubiera existido un desvío de fondos durante la actual gestión y apuntaron contra la anterior conducción, encabezada por el exministro Pedro Canali.
Uno de los principales ejes de la causa contra Páez; su esposa y tesorera del club, María Alejandra Ferrari; su hija y vocal de la institución, Florencia Páez Ferrari; y su yerno y presidente de la Asociación Civil Escuela Generativa Club GEPU, Ángel Federico Miranda Delicia, es que presuntamente se desviaron fondos del club (provenientes de cuotas sociales, alquileres de canchas y otros ingresos) hacia cuentas ajenas a la institución para ser utilizados en gastos particulares.
La Fiscalía sostiene que ese accionar habría provocado un perjuicio económico estimado en aproximadamente $80 millones. Además, acusa que materiales de construcción destinados a la escuela generativa fueron trasladados a un domicilio particular y facturados al club.
“Ellos inician un tema de faltantes dinerarios de Mercado Pago en montos, sinceramente, escalofriantes, de lo cual no hay absolutamente nada probado. La formulación de cargos fue aceptada por quien les habla porque considero que la tarea realizada por la fiscal adjunta, Ornella Costa, es positiva. Si tengo una imputación, me voy a defender de esa imputación. Estoy convencido de que voy a probar la inexistencia de este problema”, consideró Scarso.
Para el abogado, se trata de “un problema administrativo más que de un delito de apoderamiento de dinero”.
La cuenta de Mercado Pago
Por su parte, Cabello explicó que Canali utilizó el número de celular de Florencia Páez para crear una cuenta de Mercado Pago cuando ella trabajaba como becaria en GEPU en 2018, período en el que el exministro presidía la institución.
“Pero la cuenta está a nombre del club, bajo el CUIT del club, y ese teléfono hoy es el número al que se comunican todos los socios y los padres de los jugadores porque es el teléfono institucional. Quedó bajo la titularidad registral de Florencia, pero no es un teléfono del que ella disponga para uso personal”, explicó el abogado.
Cabello añadió que “los denunciantes sostienen que, como el titular del número de teléfono es Florencia, la única que puede usar la cuenta de Mercado Pago es ella. Pero no es así. Las cuentas las administra el tesorero, ahora y siempre, en este club y en cualquier otro”.
La acusación por las chapas
Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue la acusación sobre el supuesto traslado de materiales de construcción destinados a la escuela generativa hacia un domicilio particular.
“Lo que hay es una persona que aparentemente se habría acercado de alguna forma, porque eso no consta en el expediente. No hay una entrevista, una declaración ni una prueba. Es una persona de apellido Muñoz García. Lo que dice es que alguien le habría indicado cargar tres chapas en una camioneta y llevarlas a un domicilio en Villa de la Quebrada”, sostuvo Cabello.
El defensor agregó que “no existe una factura de compra de esas chapas, no hay pruebas de cuándo ocurrió el supuesto hecho ni esta persona declaró en la Fiscalía. Lo único que aportaron los denunciantes fue una factura emitida por este hombre al club”.
Cabello aseguró que Muñoz García construyó aulas para GEPU y reveló que, posteriormente, reclamó un pago superior al acordado por los trabajos realizados.
“Como no hubo acuerdo, inició una campaña de difamación, situación que derivó en una denuncia por extorsión presentada por la directora de la escuela”, afirmó.
Movimientos entre cuentas
Otro de los aspectos cuestionados por la defensa fue una supuesta transferencia de fondos desde la escuela generativa hacia una cuenta personal.
“Se habla de que la escuela habría recibido $30 millones y que ese mismo día se habrían desviado $4.500.000 a la cuenta de la hija de la directora. Es absolutamente falso. Lo que hubo fue un movimiento interno entre cuentas de la propia escuela generativa. Se recibió el dinero y se transfirieron poco más de $4 millones a la cuenta de Mercado Pago de la institución. No hubo ninguna transferencia a la cuenta de una persona. No existe delito alguno en utilizar dos cuentas bancarias”, sostuvo Cabello.
Acusaciones contra Canali
Scarso inició la conferencia acusando a Pedro Canali de liderar una asociación ilícita y adelantó que, una vez finalizada la feria judicial de julio, ampliarán la denuncia en su contra.
“En la figura de asociación ilícita tenemos un cabecilla, cuya pena va de cinco a quince años de prisión, y simples integrantes, cuya pena va de tres a diez años. El jefe de esa asociación ilícita es Pedro Canali”, afirmó.
El abogado señaló que durante la gestión de Canali se habrían producido desvíos de fondos mediante cuentas del Banco Columbia.
“Canali era gerente del Banco Columbia y esa entidad fue utilizada para desviar los fondos que ingresaban a GEPU. Cuando dejó la presidencia del club, quienes continuaron eran personas muy cercanas a él y forman parte de la denuncia”, aseguró.
Scarso también sostuvo que la actual comisión directiva detectó nuevas irregularidades al revisar la documentación del club.
“Todos los días aparecen hechos nuevos: faltantes de dinero, inexistencia de documentación, desvío de fondos y ventas de parcelas. Se adoptaron decisiones mediante actas que tendrían firmas falsas, cuestión que será sometida a una pericia caligráfica”, afirmó.
Por último, aseguró que los fondos provenientes de aportes estatales, patrocinadores y cuotas sociales “desaparecían” luego de ingresar a las cuentas del Banco Columbia y sostuvo que la actual conducción aún no logra que la entidad remita la totalidad de los movimientos bancarios solicitados.
