El Senado provincial trataría el próximo martes un proyecto de ley que propone modificar la Ley VI-0167-2004 de la Defensoría del Pueblo con el objetivo de ampliar la duración del mandato del defensor del pueblo y del defensor adjunto de uno a dos años.
La iniciativa sostiene que el plazo vigente es el más corto del país y que ello, en muchos casos, dificulta el ejercicio del rol de control que cumple el organismo. En ese sentido, argumenta que extender el mandato garantizará una mayor continuidad de los procesos y permitirá adecuar la legislación provincial a la de la mayoría de las jurisdicciones argentinas.
Actualmente, la ley establece que el defensor del pueblo permanece un año en el cargo y puede ser reelegido por un único período anual más. El proyecto mantiene el límite de una sola reelección, aunque eleva cada mandato a dos años, por lo que un mismo titular podría ejercer la función durante un máximo de cuatro años. También dispone que la reelección podrá ser consecutiva o alternada.
Además, incorpora una cláusula transitoria para precisar que, si la nueva designación recae sobre quienes actualmente ocupan los cargos de defensor del pueblo y defensor adjunto, se considerará que ya han cumplido un primer período de dos años a los efectos del nuevo régimen.
En los fundamentos del proyecto se señala que la duración actual del mandato “es la más baja del país” y se compara la situación de San Luis con otras jurisdicciones. Se menciona que la Defensoría del Pueblo de la Nación y provincias como Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe prevén mandatos de cinco años; Chaco y Santiago del Estero establecen cuatro años; mientras que Catamarca contempla un período de doce años.
El tratamiento de la iniciativa se dará en un contexto en el que el mandato del actual defensor del pueblo finaliza en las próximas semanas.
La Defensoría del Pueblo de San Luis permaneció vacante durante 19 años hasta agosto de 2023, cuando la Asamblea Legislativa designó a Enrique Ponce, propuesto por el oficialismo que entonces encabezaba Alberto Rodríguez Saá. Su nombramiento fue aprobado con 28 votos afirmativos y 20 negativos.
Tras el cambio de gestión provincial, a fines de agosto de 2024 la Asamblea Legislativa eligió por unanimidad a Guillermo Belgrano Rawson como nuevo defensor del pueblo. Un año después, en 2025, fue reelecto también por unanimidad para un nuevo período anual, conforme al régimen vigente.
El rol del defensor del pueblo
La Defensoría del Pueblo funciona en el ámbito del Poder Legislativo y tiene como misión proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial que impliquen un ejercicio ilegítimo, irregular, arbitrario, discriminatorio, negligente o abusivo de sus funciones. También interviene en la defensa de los derechos colectivos o difusos y sus actuaciones son gratuitas para los ciudadanos.
El defensor del pueblo es elegido por la Asamblea Legislativa mediante el voto de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las cámaras. La candidatura debe ser propuesta en forma conjunta por al menos tres senadores y 14 diputados.
La normativa vigente también establece que el titular de la Defensoría del Pueblo percibe una remuneración equivalente a la dieta de un diputado provincial por todo concepto. El proyecto que será tratado por el Senado no modifica ese aspecto, sino únicamente la duración del mandato y el régimen de reelección.
