La Secretaría Electoral Nacional llevó adelante este lunes una audiencia de conciliación en el marco del conflicto interno de la Unión Cívica Radical de San Luis, entre la conducción partidaria encabezada por el actual ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, y el sector Identidad Radical, representado por el exdiputado nacional José Riccardo. El encuentro no arrojó acuerdos y las partes ratificaron sus posiciones en torno a la validez del proceso electoral interno y la interpretación de la Carta Orgánica.


Cabe recordar el planteo de Riccardo se basa en el artículo 138 de la Carta Orgánica, que establece que quienes desempeñen funciones como gobernador, vicegobernador, intendente y también “los respectivos ministros y secretarios, no podrán ser miembros del Comité Ejecutivo Provincial”. En base a este artículo, el exdiputado sostiene que Álvarez Pinto no puede ser ministro del Ejecutivo y presidente de la UCR al mismo tiempo.

Álvarez Pinto señaló que la audiencia se dio en el marco de la Ley de Partidos Políticos y remarcó la importancia de privilegiar la resolución interna de los conflictos partidarios antes que la intervención judicial. “Siempre está la posición o la prioridad de que los propios integrantes de los partidos tratemos de resolver las diferentes cuestiones cuando no hay entendimiento”, sostuvo, al tiempo que afirmó que cada sector “ratificó lo que ha expresado en las demandas y en la contestación de la demanda”.

En ese sentido, defendió la validez de las decisiones adoptadas por la Convención Provincial y el avance del cronograma electoral interno, señalando que el próximo 4 de julio vence el plazo para la presentación de listas. “Venimos a ratificar la decisión que ha tomado el órgano máximo de nuestro partido, que es la Convención Provincial, en relación a la convocatoria a elecciones”, expresó, y agregó que “ya la gran mayoría de las líneas internas se han presentado y han hecho reservas para poder competir”.

El dirigente también indicó que durante la audiencia el juez rechazó una prueba testimonial ofrecida por las partes. “Ha sido rechazado por improcedente, porque en los procesos electorales lo que se entiende es la rapidez”, explicó.

Respecto de la situación procesal del expediente, Álvarez Pinto sostuvo que no existe una suspensión general del proceso electoral, sino una acumulación de causas. “La justicia lo que ha determinado es que no va a resolver un expediente hasta tanto se resuelva otro expediente”, afirmó, y señaló que el juez aclaró que “bajo ningún concepto interviene en la vida interna del partido”.

En otro tramo de su exposición, defendió su legitimidad al frente del partido y recordó su llegada a la conducción mediante consenso interno. “Yo fui elegido por consenso, ese mismo consenso de los que todos hoy acompañaron, incluido Identidad Radical”, sostuvo, y agregó que el sector hoy opositor “fue quien hizo el acuerdo para que yo sea presidente”.

Sobre ese punto, también remarcó la integración previa de los distintos sectores en los órganos partidarios. “Identidad Radical tiene representatividad en nuestra convención y en el comité ejecutivo”, dijo, y afirmó que su conducción siempre buscó mantener la participación de todas las líneas internas.

Al ser consultado por la situación general del conflicto, Álvarez Pinto cuestionó la judicialización de la política. “No estoy de acuerdo con eso. Hay que respetar la voluntad popular y a quienes han sido electos”, dijo, y consideró que en distintos ámbitos “se intenta, a través de denuncias infundadas, ensuciar las gestiones”.

En ese marco, también respondió a los planteos que vinculan al gobernador Claudio Poggi con la interna radical, y rechazó cualquier tipo de injerencia externa en la vida partidaria. “La vida del partido avanza”, sostuvo, y buscó enmarcar el conflicto exclusivamente dentro de los órganos internos de la UCR.

Luego fue el turno de José Riccardo, quien aseguró que no hubo acuerdo en la audiencia y cuestionó con dureza la conducción partidaria. “No hubo ningún acuerdo porque Álvarez Pinto es el responsable político de llevar a la Unión Cívica Radical a esta situación”, sostuvo, al afirmar que el proceso interno se desarrolla bajo un esquema que “viola sistemáticamente la Carta Orgánica”.

Riccardo insistió en la incompatibilidad entre cargos partidarios y funciones ejecutivas, al señalar que la normativa interna impediría que un ministro del Poder Ejecutivo integre la conducción del partido. “La ley fundamental del partido es respetar la Ley de Partidos Políticos y la Constitución”, expresó.

En relación al avance del cronograma electoral, cuestionó la validez del proceso. “Se ve que no leyó el oficio del juzgado electoral, que le dijo que estese a la resolución que tome sobre este caso”, afirmó, y sostuvo que la situación de la conducción partidaria es “ilegítima” y afecta derechos políticos de los afiliados.

Riccardo también planteó que el conflicto excede lo interno del partido y apuntó directamente a la influencia del oficialismo provincial. “Y es Poggi interfiriendo en la vida interna de los partidos políticos, porque tiene un ministro que ejerce, violando la carta orgánica, la presidencia del partido”, lanzó. En esa línea, advirtió sobre efectos institucionales del caso: “Si no se respeta la Constitución Nacional, están en juego los derechos de los ciudadanos”, dijo Riccardo, quien agregó que los “ciudadanos” de la UCR son sus afiliados.

Consultado sobre la continuidad del proceso, aseguró que la definición quedará en manos de la Justicia Federal. “Va a resolver la justicia, por suerte hay justicia”, expresó, y sostuvo que la vía política ya se encuentra agotada.

Riccardo también se refirió a la posibilidad de participar en las elecciones internas del partido, aunque condicionó esa definición al desarrollo del proceso judicial y cuestionó el cronograma vigente. En ese sentido, sostuvo que el esquema electoral “está viciado de nulidad absoluta e insanable” por provenir de una conducción que considera ilegítima, y advirtió sobre el impacto de las modificaciones en los plazos. “Si vos sos un afiliado y te adelantan las elecciones cuatro meses, te afectan claramente el derecho a organizar las listas y todo”, planteó, al tiempo que insistió en que la discusión de fondo pasa por la validez de las autoridades que impulsan la convocatoria.

Para finalizar, aseguró que él no formó parte del acuerdo que llevó a Álvarez Pinto a ocupar la presidencia del partido. “Yo no firmé absolutamente nada y, por lo tanto, estoy aquí ejerciendo este derecho. No hice ningún aval político, no lo haría nunca. Yo fui diputado nacional 2 veces por la Unión Cívica Radical, y juré sobre los santos evangelios respetar y hacer respetar la constitución nacional y las leyes emanadas de ella”, concluyó.