La jueza de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Luciana Banó, resolvió este martes prorrogar por 131 días la Investigación Penal Preparatoria y las medidas cautelares que pesan sobre Salvador Presti, uno de los imputados en la causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la apropiación fraudulenta de inmuebles en distintos puntos de la provincia.
La audiencia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1 y estuvo encabezada por el fiscal Francisco Assat y la fiscal adjunta Ornella Costa. También participaron los abogados querellantes Maximiliano y Sebastián Pipitone, el representante de Fiscalía de Estado, Juan Ignacio Trusendi, y el abogado defensor de Presti, Maximiliano Del Signore.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que aún restan producir medidas de prueba consideradas relevantes para la investigación, principalmente pericias caligráficas sobre boletos de compraventa, documentación de un juicio de escrituración y otros instrumentos vinculados a la maniobra atribuida al imputado.
Según expuso la Fiscalía, Salvador Presti habría intervenido en una de las maniobras investigadas, relacionada con la presunta apropiación ilegítima de un inmueble rural de gran extensión ubicado en la zona de Vallecitos.
Presti fue la última persona incorporada a la investigación mediante la formulación de cargos, razón por la cual los plazos procesales que lo alcanzan son distintos a los del resto de los imputados. En ese sentido, solicitó extender la investigación por 131 días para unificar su vencimiento con el de los demás acusados, previsto para el 8 de noviembre de 2026.
Assat sostuvo que ese plazo permitirá concluir las pericias pendientes y reunir los restantes elementos probatorios necesarios para determinar si corresponde clausurar la investigación y solicitar la elevación de la causa a juicio.
Además, requirió mantener las medidas cautelares que actualmente cumple Presti: la obligación de firmar mensualmente el libro de imputados, la prohibición de salir de la provincia y la inhibición general de bienes.
Durante la audiencia, la jueza señaló que la legislación aplicable establece un plazo mínimo de 180 días para la inscripción de la inhibición general de bienes. Ante esa observación, la Fiscalía adecuó su pedido.
La querella y Fiscalía de Estado adhirieron al planteo formulado por el Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa manifestó que no formulaba oposición a la solicitud.
Al resolver, Banó hizo lugar al pedido fiscal y prorrogó por 131 días la Investigación Penal Preparatoria, así como la obligación de firma mensual y la prohibición de salida de la provincia. En cuanto a la inhibición general de bienes, dispuso mantenerla por el plazo de 180 días, conforme a la normativa vigente.
Qué se investiga en la mega causa
La investigación se centra en un presunto entramado delictivo vinculado a múltiples maniobras de apropiación ilegítima de inmuebles en distintos puntos de la provincia.
De acuerdo a la hipótesis manejada por la fiscalía, se trataría de un esquema organizado y sostenido en el tiempo, en el que sus integrantes habrían actuado de manera coordinada, distribuyendo roles según las necesidades de cada operación.
Las maniobras consistían, en términos generales, en generar documentación falsa —como contratos, certificaciones notariales o constancias administrativas— para luego iniciar acciones judiciales que permitieran obtener sentencias favorables y concretar la transferencia de los bienes.
Un elemento clave del mecanismo era la utilización de domicilios falsos o controlados, lo que impedía que los verdaderos titulares fueran notificados. Esto derivaba en su declaración de rebeldía y facilitaba el avance de los procesos sin oposición, induciendo a error a los jueces intervinientes.
A partir de estas estrategias, los inmuebles eran finalmente inscriptos a nombre de los acusados en el Registro de la Propiedad.
Según lo señalado por el fiscal Assat en distintas audiencias, el perjuicio económico involucrado sería de gran magnitud y la investigación —que lleva más de tres años— presenta una alta complejidad, tanto por la cantidad de personas involucradas como por las características de las maniobras analizadas.
Fuente: Prensa Poder Judicial
