El bloque de concejales Justicialistas de la ciudad de San Luis difundió este lunes un duro comunicado luego de que la Justicia dictara una restricción de acercamiento contra el concejal Andrés Russo por una denuncia de la presidente del Concejo Deliberante, Laura Sánchez. En el documento, los ediles ratificaron la denuncia penal presentada contra Sánchez por el presunto pago con fondos municipales del suministro eléctrico de un predio privado y acusaron al oficialismo de impulsar una “persecución” y un “disciplinamiento político” contra quienes denunciaron el caso.
Bajo el título “La corrupción no se tapa con persecución ni represalias”, el bloque sostuvo que la denuncia involucra a la presidente del Concejo Deliberante, Laura Sánchez; a la secretaria General de la Municipalidad, Fabiana Malamud; y a la funcionaria de la Subsecretaría de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, Andrea Bustos Lucero.
En el comunicado, los ediles calificaron el caso como un “escandaloso acto de corrupción” y afirmaron que la Municipalidad “incurrió en un desfalco de varios millones de pesos de los recursos municipales para abonar las facturas de luz del emprendimiento privado” atribuido a Sánchez.
Además, señalaron que la respuesta del oficialismo municipal fue “desesperada para desviar la atención social e intentar aleccionar y silenciar a quienes denuncian”.
Los concejales también cuestionaron que, mientras el Municipio incrementó tasas y aplicó una política de reducción del gasto, “haya abonado con fondos públicos facturas de EDESAL del complejo deportivo privado ‘Suela 13’, propiedad de la presidente del Concejo Deliberante”.
“A la comunidad le reafirmamos nuestro compromiso con los deberes democráticos de control de los actos de gobierno y denuncia de los hechos de corrupción”, expresaron en otro tramo del documento.
Asimismo, advirtieron al intendente Gastón Hissa y al bloque oficialista que “no aceptaremos maniobras de disciplinamiento político” y aseguraron que continuarán denunciando “toda forma de estafa a la representatividad” de los vecinos.
El comunicado se conoció pocos días después de que el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Marcos Flores Leyes, dispusiera una medida cautelar de restricción de contacto y acercamiento por 180 días contra el concejal Andrés Russo, a raíz de una denuncia presentada por Laura Sánchez. La resolución le prohíbe acercarse a la presidenta del Concejo Deliberante en un radio de 300 metros de determinados lugares y mantener cualquier tipo de contacto directo o indirecto con ella, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial.
La medida fue dictada en medio del prolongado enfrentamiento político entre Russo y Sánchez, que se remonta a diciembre de 2023, cuando la actual presidenta del Concejo abandonó el espacio político por el que había sido electa para conformar un bloque unipersonal y alinearse con el oficialismo, decisión que permitió a ese sector obtener la mayoría en el cuerpo deliberativo.
Por otra parte, el comunicado fue difundido horas después de que la secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad, Yanina Miranda, rechazara las acusaciones formuladas por el bloque justicialista. La funcionaria aseguró que el suministro eléctrico cuestionado correspondía a un inmueble alquilado durante la gestión del exintendente Sergio Tamayo y sostuvo que el Municipio ya había iniciado el trámite de baja del medidor y el cambio de titularidad antes de que se presentara la denuncia penal contra Sánchez.
La investigación por el presunto pago con fondos municipales del suministro eléctrico de un predio privado continúa en la Justicia provincial, que deberá determinar si existió o no un perjuicio económico para las arcas municipales.
