Como no podía ser de otra manera, y a pesar de que el único despacho de comisión del día era una simple declaración de interés, la polémica se desató este jueves en el Concejo Deliberante. Esta vez se debió a que ingresó un nuevo expediente relativo a la cuenta de inversión 2025 (la rendición de gastos de la Municipalidad). El nuevo expediente fue enviado por el Tribunal de Cuentas, mientras que el pasado 30 de junio se le dio ingreso a uno remitido por el Poder Ejecutivo municipal.
“Esto tiñe el tratamiento de este expediente, que tenemos dos para tratar que no son exactamente iguales”, planteó el concejal opositor Andrés Russo, quien pidió unificarlos en el recinto, para luego hacer un tratamiento en conjunto. “No termina de quedar cuál de los dos expedientes tenemos que tratar. Le quita transparencia al tratamiento. Estamos ante la cuenta de inversión, no podemos tener 2 expedientes”, dijo el opositor, quien calificó el asunto como “muy irregular”. “¿Por qué hacen esto? Si no tienen nada que esconder no entiendo por qué ponen dos expedientes en tratamiento”, añadió.
Por el lado del oficialismo, Lisbeth Huatay dijo “que no hay nada más transparente que nuestra gestión” y que se pueden unificar los expedientes en comisión. “Lo podemos hacer en comisión, si se puede unificar lo hablamos, lo tratamos, lo debatimos, lo unificamos, no estamos ante nada irregular, que es lo que el concejal quiere plasmar”, dijo Huatay, quien luego leyó el artículo de la Carta Orgánica que dice que la cuenta debe ser presentada “por el intendente”.
La respuesta de Russo fue inmediata, insistiendo con que “no es lo que corresponde y es inédito”, volviendo a pedir que “lo resuelva el cuerpo en la sesión, no en la comisión”. En particular, sostuvo que la Carta Orgánica establece “el marco general y después hay normativas específicas que van regulando los procedimientos a trabajar”, y marcó una ordenanza de 1996, entre otras, que establecen que es el Tribunal de Cuentas el que debe intervenir la cuenta y luego remitirla al Concejo.
Luego de esto, volvió a insistir con unificar los expedientes. “¿Sino cuál vamos a tratar? ¿El que más nos guste?”, planteó Russo. A este planteo se sumó la opositora Paulina Calderón, quien manifestó que “esto deja un antecedente bastante complicado, cuando no fue en años anteriores así. Realmente hay algo que están encubriendo”.
Otra respuesta del oficialismo vino por el lado del concejal Diego Videla, quien manifestó que, entre ambos expedientes, “la información es prácticamente la misma”, y que el Ejecutivo “cumple lo que dice la Carta Orgánica”, mientras que el Tribunal de Cuentas es un “órgano de control”. “Que esto no haya sucedido antes no significa que estaba bien”, dijo Videla.
Hasta ese punto, el debate se realizó de manera ordenada, pero durante una alocución de Juan Martín Divizia comenzaron los enfrentamientos con la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, las acusaciones cruzadas de faltas de respeto y una discusión sobre si Videla había dicho, o no, que “los expedientes eran prácticamente lo mismo”. “La información esa es la misma, lo que manda el Tribunal de Cuentas es el que viene con el informe técnico. Ahí es donde está la diferencia”, dijo Videla, enredando aún más el tema, por lo que Calderón le salió al cruce, señalando que un expediente tiene 300 actuaciones y el otro 160.
La oficialista Micaela Medina se sumó al debate, remarcando que la oposición “quiere hacer en la sesión algo que debe resolver la comisión”, que ellos no están de acuerdo y solicitó llevar el pedido de Russo a votación, lo cual fue realizado inmediatamente por la presidenta del Concejo, a pesar de las quejas de la oposición. Acá se vio otra figurita repetida, con el bloque del PJ pidiendo la palabra, Sánchez no dándosela, y registrando que los opositores no emitieron su voto “no cumpliendo con sus obligaciones”.
Obviamente, el pedido de Russo fue rechazado y la oposición planteó una cuestión de privilegio en contra de Sánchez, la cual, también gracias a los 8 votos del oficialismo, no prosperó.
En cuanto al resto de la sesión, y el único despacho de comisión que figuraba en el orden del día, se aprobó un proyecto para declarar de Interés Legislativo, Ambiental, Científico, Educativo y Comunitario las acciones desarrolladas por el Programa Interdisciplinario de Temáticas Socioambientales (PITSA) de la Universidad Nacional de San Luis.
