El Partido Justicialista de San Luis expresó este fin de semana, mediante un comunicado de prensa, su rechazo al polémico proyecto que impulsa el Gobierno Nacional de Javier Milei, denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, cuyo tratamiento está previsto para este jueves en el Senado de la Nación. En un extenso documento, el espacio sostuvo que la iniciativa “excede cualquier discusión razonable sobre el derecho de propiedad” y advirtió que implica modificaciones al régimen de expropiaciones, la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego.
Según el comunicado, “no está en debate la defensa constitucional de la propiedad privada”, ya que ese derecho se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, sino “si el territorio argentino, el agua, las tierras productivas y los recursos estratégicos deben continuar protegidos por normas nacionales o quedar sometidos a la lógica del mejor postor”.
Cuestionamientos al proyecto
El PJ señaló que “el proyecto de Milei” eliminaría los principales límites nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, al transferir facultades regulatorias a las provincias. En ese sentido, advirtió que esa modificación dejaría al país “sin un piso común de protección” y favorecería una mayor concentración y extranjerización de la tierra.
“La soberanía argentina no puede quedar fragmentada en veinticuatro regímenes diferentes ni sometida a la capacidad desigual de cada provincia para resistir las presiones de fondos de inversión, corporaciones extractivas y grandes grupos económicos”, dice el comunicado.
En relación con San Luis, el documento sostiene que alrededor de 203.000 hectáreas rurales, equivalentes al 2,68% de la superficie rural provincial, ya se encuentran en manos extranjeras, “con predominio de capitales italianos”. Sobre esa base, afirma que la reforma representa “una amenaza directa” para una provincia donde el agua constituye “un recurso escaso y vital”.
“Estimaciones difundidas durante el debate advierten que el 78 por ciento de los lagos, el 65 por ciento de los ríos y el 41 por ciento de las nacientes de agua podrían perder protección específica frente a la compra de tierras ribereñas. El proyecto también elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y debilita la capacidad nacional de controlar, coordinar y conocer quiénes compran y concentran nuestro territorio”, continúa el comunicado.
El texto también cuestiona que el proyecto restrinja la capacidad del Estado para expropiar bienes por causa de utilidad pública, lo que, según el PJ, podría obstaculizar la ejecución de obras como rutas, hospitales, escuelas, viviendas, acueductos y redes energéticas. Asimismo, advierte que acelera los procesos de desalojo con menores garantías procesales y flexibiliza restricciones previstas en la Ley de Manejo del Fuego para tierras rurales incendiadas.
El pedido a Poggi y a los senadores
En el documento, el Partido Justicialista también exigió “un pronunciamiento público e inmediato” del gobernador Claudio Poggi contra la iniciativa. “Quien ejerce la Gobernación durante el período 2023-2027 no puede permanecer en silencio frente a una norma que amenaza intereses estratégicos de la provincia que tiene la obligación constitucional de representar y defender”, manifiesta el documento, el cual le reclama al Gobernador que “por una vez en estos 3 años de mandato abandone la subordinación política y el silencio frente a las decisiones del gobierno nacional”.
Además, convocó a los senadores nacionales a rechazar el proyecto durante la sesión prevista para este jueves y dirigió un pedido especial a Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta. En ese punto, destacó que el senador Fernando Salino ya expresó su rechazo mediante la firma del dictamen de minoría. “Un senador no representa al Presidente de turno ni a un bloque partidario, representa a su provincia y al pueblo que le otorgó su banca. El jueves 6 de agosto no se votará una simple modificación administrativa. Se votará quién puede comprar nuestra tierra, quién puede controlar nuestra agua, qué intereses decidirán sobre nuestros recursos y cuánto poder conservará la Argentina para construir su propio destino”, concluye el documento.
