La Cámara de Diputados de San Luis dio este miércoles media sanción, por 28 votos contra 12, al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para crear el Régimen de Consorcios Camineros, un sistema que busca delegar en entidades integradas por productores, vecinos e instituciones rurales parte del mantenimiento de la red vial secundaria provincial, con financiamiento estatal. La iniciativa continuará ahora su tratamiento en el Senado.
La miembro informante, Eugenia Gallardo, sostuvo que la propuesta “va a marcar un hito en la forma de gestionar la red vial provincial” y destacó el respaldo expresado por las sociedades rurales durante el tratamiento en comisión. Según explicó, el régimen alcanzará exclusivamente a la red vial secundaria —las rutas provinciales no pavimentadas— y “exceptúa del tratamiento a la red vial vecinal que es de jurisdicción municipal”.
La legisladora precisó que esa red comprende alrededor de 4.600 kilómetros de caminos que “no solo unen emprendimientos productivos, sino que también garantizan la conectividad de escuelas, hospitales, centros de salud y pequeños parajes”. En ese marco, remarcó que el proyecto busca convertir una demanda histórica del sector rural en una política permanente.
Gallardo explicó que los consorcios serán personas jurídicas sin fines de lucro integradas por “usuarios, productores agropecuarios, vecinos e instituciones locales”, que actuarán bajo la supervisión y el control de Vialidad Provincial. Entre sus funciones estarán las tareas preventivas, como el perfilado de caminos y la limpieza de desagües; trabajos de mantenimiento que requieren maquinaria pesada y reposición de áridos; y obras de mejoramiento, definidas como intervenciones de infraestructura “que elevan la capacidad estructural del camino y prolongan sustancialmente su vida útil”.
En cuanto al financiamiento, señaló que los consorcios recibirán “los ingresos que perciban por los trabajos realizados, por las cuotas de los socios, por los subsidios y demás recursos” provenientes de organismos públicos o privados. Además, podrán celebrar convenios y percibir un porcentaje de las multas por infracciones vinculadas al régimen.
Durante su exposición también informó que, horas antes de la sesión, las sociedades rurales presentaron una nota solicitando que se habilitara el otorgamiento de permisos precarios para la explotación agrícola de los márgenes de las rutas. A partir de ese planteo se incorporó un artículo que faculta a Vialidad Provincial a otorgar esas autorizaciones “con exclusión de las zonas de banquina, de seguridad y cortafuegos”, con el objetivo de dejar “extremadamente claro” quién puede conceder esos permisos.
La oficialista Miriam Serra defendió la iniciativa al considerar que responde a “una necesidad concreta” del interior productivo. “Cuando hablamos de caminos rurales, no estamos hablando solamente de caminos. Estamos hablando de desarrollo, de producción, de trabajo y de la posibilidad concreta de que quienes viven y producen en el interior puedan hacerlo en mejores condiciones”, sostuvo. Sobre el cierre del debate agregó que “las respuestas que necesita el interior no pueden quedar atrapadas permanentemente en una discusión política”.
La oposición propuso un modelo alternativo
El miembro informante por la minoría, Lucas Caymes, explicó que el bloque Justicialista elaboró un proyecto propio, que comenzó a trabajar “a comienzos de año” y que, a su criterio, constituye una versión “superadora” de la iniciativa oficial.
Entre las principales diferencias mencionó que el PJ propone crear una persona jurídica de derecho público no estatal, en lugar de una entidad privada sin fines de lucro, porque eso “le da vida a los consorcios y les define los límites”. Además, incorpora dentro del régimen a los caminos vecinales, establece un fondo provincial financiado con partidas presupuestarias —y no atado a la recaudación de determinados tributos— y prevé una estructura institucional integrada por asamblea, comisión directiva, comisión revisadora de cuentas y un responsable técnico para las obras.
También planteó que cada consorcio tenga un mínimo de diez integrantes elegidos en asamblea pública y la presencia de un veedor estatal, para que “el Estado sea parte de la constitución” de estas entidades.
El debate fue relativamente tranquilo, destacándose como una de las alocuciones más picantes la del oficialista Walter Córdoba, quien cuestionó que el peronismo recién presentara una propuesta alternativa ahora. “Qué bueno hubiese sido que ese despacho se hubiera presentado cuando fueron gobierno. Los años que nos hubiésemos ahorrado”, lanzó.
Desde la oposición, Walter Aguilar reclamó directamente que se declare la emergencia de todas las rutas provinciales. Sostuvo que “estos tres años que llevan de gobierno han padecido la gente de campo la situación de los caminos” y consideró que la iniciativa llega cerca del calendario electoral.
“Pareciera que, llegando las elecciones, buscan soluciones para todos los sectores, cuando hace mucho tiempo que estos sectores vienen reclamando esta solución”, afirmó. Tras una interrupción de Gallardo, agregó que “lo que ha pasado desde el anterior gobierno ya pasó hace mucho tiempo” y cuestionó que el proyecto deje “grises” respecto de cuestiones como el eventual costo que deberán afrontar los vecinos.
Silvia Sosa Araujo también recordó que, durante las reuniones de comisión, algunos productores afirmaron que “hace 30 años que nadie nos escucha”, un período que, señaló, también comprende la primera gestión de Claudio Poggi como gobernador. Además, sostuvo que los planteos que las sociedades rurales presentaron mediante notas ya estaban contemplados en el despacho elaborado por el PJ.
La diputada también advirtió que el proyecto no incorpora disposiciones sobre responsabilidad civil. “Seguimos haciendo lo mismo: un marco jurídico para que después la autoridad de aplicación ponga y saque de acuerdo a la cara del cliente”, cuestionó. Asimismo, afirmó que “ya existían los consorcios” y que actualmente “la mitad de los caminos rurales están tercerizados en su mantenimiento”.
Finalmente, tras el debate, el proyecto obtuvo media sanción con el respaldo del oficialismo y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores.
