En la madrugada de este viernes, tras más de 12 horas de sesión, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos a favor y 33 en contra. Los senadores por San Luis de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala (quien presidió la sesión) e Ivanna Arrascaeta acompañaron la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, mientras que Fernando Salino, del bloque Justicia Social Federal, votó en contra. Los tres legisladores mantuvieron la misma postura tanto en la votación en general como en la particular.
Para reunir los votos necesarios, el oficialismo retiró del proyecto dos de los capÃtulos más cuestionados: el referido a la Ley de Tierras Rurales (CapÃtulo III) y el que proponÃa modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (CapÃtulo IV). De esa manera, el Senado aprobó los capÃtulos I, II, V y VI de la iniciativa.
El proyecto generó un fuerte rechazo de organizaciones sociales, ambientalistas, gremios y sectores de la oposición, que incluso realizaron movilizaciones en distintos puntos del paÃs durante el tratamiento de la iniciativa. En la ciudad de San Luis, en la tarde del jueves hubo una multitudinaria protesta.
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Uno de los cambios que finalmente quedó fuera del proyecto era la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta eliminaba las restricciones que impedÃan cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios, una medida que, según organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, podÃa incentivar incendios intencionales con fines inmobiliarios, agropecuarios o productivos. La legislación vigente prohÃbe durante 60 años el cambio de uso de las superficies incendiadas en bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años en zonas agrÃcolas, pastizales y bosques implantados, con el objetivo de desalentar las quemas deliberadas y favorecer la recuperación de los ecosistemas.
En cambio, el Senado mantuvo las modificaciones al régimen de expropiaciones. El proyecto establece que las indemnizaciones deberán calcularse sobre el valor objetivo de mercado del bien y excluye el pago por lucro cesante o ganancias hipotéticas. Además, incorpora un mecanismo de actualización por inflación e intereses hasta el momento del pago. El Gobierno sostiene que estos cambios buscan reforzar el derecho constitucional a la propiedad privada y brindar mayor previsibilidad a los propietarios frente a una eventual expropiación.
La iniciativa también introduce cambios en los procedimientos de desalojo, con el objetivo de agilizar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente o ante determinados incumplimientos contractuales. Para ello, reduce los plazos procesales y simplifica el trámite judicial, diferenciando la situación de los ocupantes con tÃtulo o derecho reconocido de quienes ingresaron sin autorización. Mientras el oficialismo afirma que la reforma permitirá proteger con mayor rapidez el derecho de propiedad, sectores opositores advierten que podrÃa facilitar desalojos en contextos de vulnerabilidad social.
Con la aprobación del Senado, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados.
