El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal de la AFA suspendió por tres meses a la concejal oficialista Laura Sánchez, presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol, y a Martín Decena, secretario de la entidad. La medida tiene efecto inmediato y se suma a una multa de $2 millones para la Liga y a la imposibilidad de solicitar licencias deportivas para sus clubes afiliados de cara al próximo Torneo Regional Federal Amateur.
La resolución también alcanzó a las autoridades del Club Atlético Juventud Unida Universitario. El Tribunal dispuso tres meses de suspensión, con efecto inmediato, para Carlos Marín y Gonzalo Salgueiro, presidente y secretario de la institución, respectivamente.
El expediente se inició a partir de una presentación del secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, quien informó sobre la organización de la “Copa San Luis 2026”, además de una capacitación gratuita con certificación oficial de AFA, en actividades en las que estarían involucradas autoridades de la Liga Sanluiseña de Fútbol.
En sus descargos, Sánchez y Decena sostuvieron que la Liga no había participado en la organización del torneo, sino que había recibido una invitación de Juventud Unida Universitario. Según explicaron, la iniciativa y organización correspondieron a esa institución y la Liga no habría intervenido en la planificación ni en el desarrollo general del evento.
También señalaron que Sánchez no concurrió al evento y que tampoco lo hizo ningún integrante de la Liga que se encontrara actualmente en funciones. En ese sentido, argumentaron que la falta de comunicación formal al Consejo Federal respondió a una omisión involuntaria y no a una intención de incumplir las normas del organismo.
Sin embargo, el Tribunal consideró acreditado que tanto la Liga como Juventud Unida Universitario y sus respectivos dirigentes estuvieron involucrados en el desarrollo de la Copa San Luis 2026.
Además, sostuvo que los dirigentes del club reconocieron haber informado a la Liga sobre las actividades y el desarrollo del torneo, por lo que entendió que la entidad rectora del fútbol local tenía conocimiento de la realización del evento y debía comunicarlo al Consejo Federal. El organismo consideró que esa situación constituyó, “a priori”, una conducta reprochable y una falta grave por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento General del Consejo Federal.
La denuncia de los clubes de futsal
El expediente también incorporó una denuncia presentada por 13 clubes de futsal afiliados a la Liga Sanluiseña de Fútbol, que cuestionaron sanciones aplicadas por la mesa directiva.
Según la denuncia, la Liga había dispuesto la deducción de nueve puntos en todas las categorías, la prohibición de obtener ascensos durante dos años, la imposibilidad de participar en competencias organizadas por el Consejo Federal y una multa de $500.000 para cada institución y categoría.
Los clubes denunciantes también incorporaron una resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de San Luis que había declarado “irregular e ineficaz a los efectos administrativos” la Resolución N.º 05-LSF-2026, mediante la cual el Consejo Directivo de la Liga había dispuesto esas sanciones.
Según la resolución del Tribunal de Disciplina, Personas Jurídicas consideró que la Liga había actuado mediante un órgano que no tenía competencia para ejercer esas potestades disciplinarias y sancionatorias, en contradicción con disposiciones del estatuto de la entidad.
El Tribunal consideró que los dirigentes de la Liga se excedieron en el ejercicio de atribuciones que el estatuto no contempla, debido a que la potestad sancionatoria correspondía a otro órgano interno de la institución.
Los argumentos de Juventud
En sus descargos, los dirigentes de Juventud Unida Universitario sostuvieron que la institución actuó de buena fe y que en ningún momento pretendió incumplir las reglamentaciones de la AFA o del Consejo Federal.
Explicaron que habían mantenido informada a la Liga sobre las actividades mediante comunicaciones institucionales y que, por inexperiencia en este tipo de eventos, entendieron que esa información resultaba suficiente para poner en conocimiento a los organismos correspondientes.
El Tribunal, sin embargo, consideró que la organización de la Copa San Luis 2026 debía haber sido comunicada formalmente al Consejo Federal y atribuyó responsabilidad tanto a la Liga como al club y sus dirigentes.
