El Partido Justicialista de San Luis confirmó su rechazo al proyecto que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial y reclamó que la iniciativa sea archivada o devuelta a comisión. La posición fue difundida este lunes mediante un extenso documento de nueve páginas, en el que el peronismo cuestiona tanto el contenido de los cambios propuestos como el procedimiento utilizado por el oficialismo para avanzar con la reforma. El proyecto de necesidad de reforma se tratará este martes en el Senado provincial y el poggismo cuenta con los dos tercios necesarios para su aprobación.
El PJ aclaró que su oposición no implica rechazar cualquier modificación de la Constitución, ya que sostuvo que una reforma puede avanzar cuando existen “razones institucionales profundas”, una demanda social comprobable y “amplios consensos políticos y ciudadanos”. Sin embargo, consideró que la reforma propuesta es “improvisada, apresurada, inconsulta, desmesuradamente amplia, contradictoria y subordinada a las necesidades electorales del gobierno de turno”.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de participación ciudadana previa. Según el documento, antes de declarar la necesidad de una reforma de esta magnitud debería existir un diagnóstico sobre los problemas constitucionales que se buscan resolver, estudios sobre sus impactos y un proceso de consultas públicas. El PJ sostiene que “en ningún momento se propuso la realización de un sistema provincial de audiencias públicas, consultas departamentales o mesas sectoriales abiertas a toda la sociedad” y reclama que cualquier proceso futuro incluya a municipios, universidades, sindicatos, organizaciones sociales, sectores productivos y profesionales, entre otros.
Otro eje de la crítica es la amplitud del proyecto. El documento señala que, pese a ser presentada como una reforma “parcial”, la iniciativa habilita modificaciones sobre el Poder Ejecutivo, el sistema electoral, los mandatos legislativos y municipales, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control, el régimen del agua, la educación, el balotaje y cuestiones vinculadas con inteligencia artificial, identidad digital y datos personales. Para el PJ, se trata de una reforma con “efectos cuasi integrales sobre la organización del Estado”.
En ese punto, el peronismo también cuestionó el plazo previsto para la Convención Constituyente. El proyecto establece 60 días de trabajo, con una posible prórroga de 30 días, mientras que la Constitución vigente permite fijar un período de hasta un año. “No se puede discutir seriamente la estructura completa del Estado, sus poderes, sus organismos de control, su sistema electoral y nuevos derechos digitales en apenas dos o tres meses”, sostiene el documento, que interpreta que la reducción de los tiempos podría “evitar el debate”.
Pero uno de los puntos que concentra las mayores críticas es la extensión de los mandatos de los legisladores y concejales elegidos en 2025. El proyecto establece que esos cargos, que originalmente finalizan en 2029, se extiendan hasta 2031 para hacer coincidir las renovaciones legislativas con la elección del gobernador y eliminar las elecciones de medio término. El PJ considera que esto implica una “alteración de la voluntad popular”, porque los ciudadanos eligieron a sus representantes por un período determinado. “Los mandatos populares no se prorrogan entre dirigentes sino que se renuevan en las urnas”, afirma.
El documento también cuestiona las reglas previstas para la reelección del gobernador. El PJ destaca que el proyecto no solo establece un límite de dos mandatos consecutivos, sino que “propone una prohibición absoluta de volver a ser gobernador después de haber
ejercido dos períodos”, pero dispone que el período 2023-2027 de Claudio Poggi sea computado como su primer mandato. Para el partido, esa disposición introduce una cláusula “personalizada”, ya que identifica expresamente la situación del actual gobernador. “No se redacta una Constitución con nombre y apellido”, afirma el comunicado.
A partir de estos cuestionamientos, el justicialismo advierte que algunos aspectos del proyecto podrían ser objeto de impugnaciones judiciales. Entre ellos menciona la extensión de mandatos sin una nueva elección, la alteración de las condiciones bajo las cuales votaron los ciudadanos en 2025, las cláusulas referidas específicamente al gobernador en ejercicio, la restricción para volver a ser candidato después de dos mandatos y la amplitud de la reforma frente al plazo otorgado a la Convención. “Lo que no corresponde es insertar en la Constitución una prohibición vitalicia y personalizada que restringe simultáneamente el derecho de una persona a ser candidata y el derecho de la ciudadanía a elegirla”, señalaron.
Otro argumento planteado por el PJ es que varias de las cuestiones presentadas como parte de la “modernización” institucional podrían resolverse mediante leyes ordinarias y políticas públicas, sin necesidad de modificar la Constitución. En ese grupo menciona el acceso a la información, el gobierno abierto, la protección de datos, la inteligencia artificial, la conectividad y aspectos vinculados con la educación y la administración pública. El partido sostiene que “no existe urgencia constitucional” y contrapone esa discusión con problemas como la pobreza, el empleo, los salarios y la situación de los municipios.
El costo de la Convención Constituyente también aparece entre los cuestionamientos. El proyecto prevé una Convención integrada por 52 convencionales y establece que el Poder Ejecutivo deberá disponer las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento, aunque, según el PJ, no fija un presupuesto máximo ni incorpora una estimación del gasto o un informe de impacto fiscal. El documento sostiene que la reforma implicará recursos para personal, asesores, comisiones, logística y funcionamiento, y cuestiona que se considere una inversión prioritaria frente a otras necesidades provinciales.
En su conclusión política, el Partido Justicialista vincula las distintas disposiciones del proyecto con el calendario electoral. Señala que la iniciativa computa el mandato 2023-2027 de Poggi, extiende hasta 2031 los mandatos elegidos en 2025, elimina las elecciones legislativas intermedias, concentra las renovaciones con la elección del gobernador y reorganiza organismos judiciales y de control. Por eso, sostiene que “el resultado es una reforma que concentra las elecciones, disminuye las instancias de rendición de cuentas, amplía mandatos sin voto popular y reorganiza poderes e instituciones conforme al calendario político de la actual administración”.
Finalmente, el PJ formalizó su rechazo al Despacho N.º 27-HCS-2026 y pidió que el proyecto sea archivado o devuelto a comisión. También reclamó audiencias públicas en los nueve departamentos, estudios técnicos independientes, un presupuesto detallado y un temario “claro, limitado, coherente y negociado mediante un acuerdo institucional plural”. El documento completo, que reúne nueve páginas de argumentos y propuestas, puede consultarse aquí para quienes quieran acceder a la posición íntegra del partido.
Documento PJ – No a la Reforma Política de la Constitución Provincial
