El Senado provincial aprobó este martes el proyecto que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de San Luis, luego de un extenso debate que estuvo atravesado por fuertes cruces entre el oficialismo y el bloque justicialista. La iniciativa obtuvo seis votos a favor, correspondientes al bloque de Ahora San Luis, y tres en contra, del PJ, alcanzando así los dos tercios necesarios para avanzar con un proceso de reforma constitucional.
Martín Olivero, senador oficialista y miembro informante del despacho de mayoría, defendió la iniciativa como una oportunidad para “dotar de mayor institucionalidad” a la provincia y explicó que la Legislatura no redactará la nueva Constitución, sino que establecerá los temas que podrán ser modificados por una Convención Constituyente elegida por voto popular. En ese sentido, remarcó que se trata de una reforma parcial que contempla la incorporación de 23 artículos, la modificación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos.
Uno de los principales ejes de la exposición de Olivero fue la limitación de los mandatos del gobernador. El senador cuestionó que el actual artículo 147 permita que una persona pueda volver a ocupar la “primera magistratura”, o sea la gobernación, después de un intervalo de cuatro años, posibilitando una permanencia prácticamente indefinida. “El principio de permanencia en la primera magistratura afecta enormemente la calidad institucional de la República y la democracia”, sostuvo, y agregó que la reforma busca terminar con “los personalismos y el gobierno de los hombres para comenzar el gobierno de las instituciones”.
En este punto aparece una de las disposiciones políticamente más relevantes del proyecto y que involucra directamente a Claudio Poggi. La nueva Constitución establecerá que ningún gobernador podrá ejercer más de dos períodos, sean consecutivos o alternados. Sin embargo, como la nueva norma regirá hacia el futuro, el proyecto incorpora una cláusula específica para computar el actual mandato de Poggi —que es su segundo período como gobernador, después del ejercido entre 2011 y 2015— como el primero a los efectos del nuevo límite.
De esta manera, si Poggi es reelegido en 2027, ese mandato sería el último que podría ejercer como gobernador, ya que se computaría como su segundo período. La particularidad de la cláusula fue resaltada por Olivero, quien calificó la decisión del gobernador como una “hombría de bien” y sostuvo que Poggi “se autolimita” al aceptar que, si la ciudadanía vuelve a elegirlo en 2027, ese sea su último mandato. Sin esa disposición transitoria, la aplicación hacia el futuro de la nueva Constitución podría dejar fuera del cómputo los períodos anteriores a su entrada en vigencia y permitirle eventualmente acceder a otros dos mandatos.
Si bien esta disposición reduce los posibles mandatos de Poggi de cuatro a tres, la misma fue cuestionada por el opositor Hugo Olguín, encargado de fundamentar el despacho de minoría del PJ. El senador aclaró que su bloque no se opone a discutir una limitación de las reelecciones, pero consideró que una Constitución no debe redactarse en función de una persona determinada. “Estamos dispuestos a discutir límites, estamos dispuestos a discutir alternancia, pero una Constitución debe redactarse pensando en instituciones y no en personas”, afirmó, cuestionando que el propio proyecto especifique cómo se computará el mandato 2023-2027 de Poggi y reclamó que las reglas sean impersonales.
Otro de los puntos que generó un fuerte enfrentamiento fue la eliminación de las elecciones legislativas de medio término. El proyecto propone que Diputados y Senadores se renueven íntegramente cada cuatro años, coincidiendo con la elección del gobernador. Olivero defendió la modificación por el ahorro que implicaría y porque permitiría evitar la “fatiga electoral”, pero para aplicar el nuevo esquema será necesario resolver la situación de los legisladores elegidos en 2025, cuyos mandatos originalmente finalizan en 2029.
La iniciativa habilita a la Convención Constituyente a extender esos mandatos hasta 2031. Olguín cuestionó duramente esta posibilidad porque, según sostuvo, “no lo votó el pueblo” y advirtió que podría existir una “especulación política” detrás de la extensión. Olivero respondió que, si se pretende que las elecciones se realicen cada cuatro años, necesariamente debe resolverse la transición entre el actual sistema y el nuevo. “O le reducimos, le caducamos el mandato a algunos o le prorrogamos el mandato a otros”, explicó, y recordó que existen antecedentes judiciales que impiden la caducidad de mandatos, mientras que una Convención Constituyente sí podría disponer una prórroga excepcional.
Si bien Olivero comenzó su alocución hablando sobre el impacto político de esta reforma aludiendo a los hermanos Rodríguez Saá, pero sin mencionarlos, a medida que se calentó el debate comenzó a hacerlo. Por ejemplo, cuestionó los últimos años de sus gobiernos y sostuvo que la permanencia prolongada en el poder terminó afectando la calidad institucional. “El primer mandato de Alberto Rodríguez Saá, los primeros dos mandatos, no fueron malos gobiernos. Tuvo cosas interesantes”, admitió, pero luego afirmó que “los últimos dos mandatos” fueron “muy malos” y que así lo interpretó la ciudadanía al quitarle el respaldo electoral. Al respecto, cabe destacar que Olivero, al igual que muchos miembros del poggismo, fue funcionario de Rodríguez Saá durante su primer mandato, pero no durante el segundo.
El intercambio tuvo uno de sus puntos más calientes cuando Olguín cuestionó que el proyecto establezca cómo se computarán los mandatos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Olivero le respondió apelando a un principio básico de aplicación temporal de las normas, recordándole que “hay un principio general del derecho, de que la ley se rige para el futuro” y que, por esa razón, “no hay ningún gobernador, exgobernador que no pueda ser candidato”, incluyendo a Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Ante la insistencia del opositor, el oficialista remarcó: “Las leyes rigen para el futuro, no hay que aclarar esos principios generales del derecho”.
En materia judicial, Olivero sostuvo que la reforma busca avanzar hacia una mayor independencia mediante la separación del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial y la modificación del mecanismo de selección de magistrados. También defendió la incorporación de límites de edad para integrantes de la Justicia y el Tribunal de Cuentas. En contraposición, Olguín cuestionó que el proyecto mantenga cierto margen de discrecionalidad para el Poder Ejecutivo aun cuando establece concursos, órdenes de mérito y ternas vinculantes: “Si queremos terminar con la discrecionalidad, ¿por qué constitucionalizar una cláusula que permite conservarla?”, preguntó.
El senador justicialista también centró buena parte de su crítica en el procedimiento utilizado para llegar a la reforma. Recordó que en 2024 la propia Legislatura creó por ley una comisión para analizar la conveniencia de modificar la Constitución, con un plazo de 120 días y participación prevista de universidades, colegios profesionales, intendentes, partidos políticos y distintos sectores sociales. Según Olguín, esa comisión “no se reglamentó, no se reunió, no produjo un informe”, por lo que cuestionó que ahora una Convención pueda discutir una cantidad importante de modificaciones en un plazo de 60 días, prorrogable por otros 30.
La autonomía municipal fue otro de los reclamos planteados por el PJ. Olguín sostuvo que la reforma debería contemplar la actualización de las categorías de las localidades a partir del Censo 2022 y consideró que la masa coparticipable debería ser elevada al 20%. “De seguir así, lo que vamos a tener son municipios pobres y un gobierno provincial rico”, dijo Olguín.
El opositor luego recordó distintos proyectos presentados por su espacio sobre inteligencia artificial, salud mental, discapacidad, educación y protección de los ingresos de los trabajadores estatales que no han sido tratados por el oficialismo; pero que son incluidos en este proyecto de necesidad de reforma.
El debate incluyó además cuestionamientos cruzados sobre el nivel de participación de la oposición durante el tratamiento del proyecto. Mientras Olguín aseguró que fueron insuficientes las consultas y reclamó la participación de partidos políticos, intendentes, concejales, gremios, empresarios, constitucionalistas y organizaciones sociales; Olivero respondió que durante los cuatro meses y medio de trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales participaron representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General, universidades y otros sectores. Además, el oficialista sostuvo que el senador justicialista participó de una sola reunión y afirmó que “jamás tuvimos ningún tipo de sugerencia, reclamo ni planteo” de su parte durante ese proceso. Enojado, el opositor manifestó que asistió a tres reuniones.
“En la única reunión que vino tampoco planteó ninguna de las cosas que está planteando ahora. ¿Por qué? Y porque el presidente de su partido mandó un documento hace 24 horas y se tuvieron que apurar, porque ahora había que defender lo que, inconsultamente como hace siempre, tiró públicamente. Yo lo entiendo, hay que atajar los penales como vengan”, dijo Olivero.
Volviendo a Olguín, el hombre del PJ cerró su exposición confirmando el voto negativo del bloque justicialista, aunque aclaró que el rechazo no alcanza a todos los temas que podrían reformarse. “No estamos en contra de reformar la Constitución”, insistió, sino de hacerlo sin un diagnóstico y un debate previo que, a su entender, deberían involucrar a toda la sociedad. “Una Constitución que se apura, no dura y una Constitución que no escucha las verdaderas urgencias de su pueblo, aunque dure, no sirve”, afirmó antes de sostener que el proyecto constituye un “remedo de reforma” y está “a medida de un solo beneficiario: el gobernador Poggi”.
Por su parte, Olivero cerró su segunda alocución, antes de que se someta el proyecto a votación, con más críticas hacia los Rodríguez Saá, con un foco particular en Alberto. “Mezclaba lo que es el Poder Judicial, entraban los jueces por la ventana sin rendir el Consejo de la Magistratura”, dijo el oficialista como ejemplo, señalando que en la actualidad el gobernador puede designar a cualquiera de los candidatos que figuren en la terna que eleva el Consejo, sin importar el orden de mérito.
“Con la nueva modificación es vinculante la terna, pero no les agrada tampoco la redacción y prefieren que entren por la ventana como entraron fiscales y jueces en la última etapa de Rodríguez Saá, porque así estaban mejor, ponían amigos, sobrinos. Esa era la justicia del Alberto. Octogenario dirigente que ahora nos dice que en 6 meses, primero dijo tres, ahora dice seis, soluciona el tema. Estuvo 16 años, pero ahora soluciona en 4 meses los problemas que tenemos. La mayoría son culpa de los de los últimos 4 años de él. Entonces, creo que realmente esta reforma constitucional no es bajo ningún punto de vista pensado en una persona. Todo lo contrario. Por supuesto podría haber sido mejorada y si se hubieran venido a trabajar y a la comisión a lo mejor podríamos haber tomado alguna sugerencia”, disparó Olivero, sin cederle a Olguín ninguna de las interrupciones que le solicitaba.
“Los exgobernadores Alicia Lemme, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá y el exgobernador Adolfo Rodríguez Saá, sin ningún problema, podrán ser, si así lo elige la ciudadanía, 4 años gobernadores, 8 años gobernadores, como máximo. Y después, sí, se tendrán que ir a su casa”, dijo el legislador oficialista, remarcando que esta limitación de dos mandatos totales, ya sean consecutivos o alternados, fue tomado directamente de la Constitución de Estados Unidos; y pidiendo que el proyecto se someta a votación.
Cabe señalar que otros legisladores del oficialismo participaron del debate, pero se limitaron a explicar algunos de los puntos que este proyecto habilita a los constituyentes a trabajar e incluir en la reforma, como el uso del agua, la inteligencia artificial y el límite de edad para magistrados y miembros del Tribunal de Cuentas. Para conocer todos estos puntos, no te pierdas la nota subimos la semana pasada.
También cabe destacar que este martes, Federico Trombotto finalmente asumió como senador, tras una licencia de casi 8 meses, durante los cuales siguió frente al Ministerio de Desarrollo Sustentable.
De este modo, con los seis votos que el oficialismo alcanzó “gracias” al ex ministro, contra los tres del PJ, el Senado dio así el primer paso formal para poner en marcha la reforma constitucional. La iniciativa deberá ahora ser tratada por la Cámara de Diputados y, si obtiene allí la mayoría requerida, se avanzará hacia la elección de los convencionales constituyentes que tendrán la responsabilidad de discutir y redactar las modificaciones dentro de los límites establecidos por la ley que declara la necesidad de la reforma.
