La Justicia ordenó este lunes la prisión preventiva por 60 días para la exdiputada provincial Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la Casa de la Música del Molino Fénix de Villa Mercedes. Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó el desafuero del diputado provincial Joaquín Beltrán para avanzar con una eventual prisión preventiva.
Según informó Prensa del Poder Judicial de San Luis, la resolución fue adoptada por el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, luego de una audiencia que se extendió durante siete horas. En ese encuentro, la Justicia hizo lugar a la ampliación de la formulación de cargos contra Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres por los delitos de administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia.
Además, el magistrado hizo lugar a la formulación de cargos por asociación ilícita contra Lucero y Beltrán como jefes de organización, mientras que los demás imputados fueron considerados partícipes necesarios.
Lucero es exdiputada provincial y estuvo al frente del Molino Fénix durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Beltrán es actualmente diputado provincial y, por esa condición, cuenta con fueros parlamentarios.
Según la teoría del caso expuesta por el fiscal de Instrucción Nº 3, José Olguín, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2023 y habrían provocado un perjuicio estimado en $900 millones a la Administración Pública.
La Fiscalía sostuvo que los imputados habrían aprovechado las funciones que cumplían en el Molino Fénix para disponer de fondos públicos en beneficio propio o de terceros mediante distintos mecanismos irregulares, entre ellos la utilización de facturas falsas.
Uno de los mecanismos señalados fueron contrataciones directas con empresas radicadas en otra provincia que no eran proveedoras del Estado provincial. También se investigan contrataciones de empresas cuyos bienes o servicios no estaban vinculados con la actividad del Molino Fénix. Según lo expuesto en la audiencia, de 116 cheques relevados durante la investigación, solamente cuatro estaban en orden.
En relación con la asociación ilícita, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que habría existido un acuerdo entre los imputados entre 2020 y 2023, con división de funciones. También señaló que se habrían utilizado servicios y vehículos para la campaña electoral de Anabela Lucero y que habría funcionado una red de pagos. Entre los hechos investigados se encuentra el presunto vaciamiento de la Casa de la Música del Molino Fénix ocurrido el 9 de diciembre de 2023.
Otro de los delitos atribuidos es el de ocultamiento y destrucción de evidencia. De acuerdo con la acusación fiscal, a mediados de 2023, ante el próximo cambio de gestión, los imputados habrían sustraído y destruido elementos que podían vincularlos con los hechos investigados.
Entre las situaciones mencionadas se encuentra la presunta destrucción de registros contables en un horno de barro y el borrado de evidencia digital de teléfonos celulares que, según la Fiscalía, habría sido realizado por Beltrán y Anabela Lucero.
Prisión preventiva y desafuero
El juez Ortiz dispuso la prisión preventiva de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel durante 60 días, a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Entre los fundamentos de la medida mencionó que todavía resta producir prueba, entre ella pericias contables e informáticas y entrevistas para determinar la participación de otras personas en los hechos.
En el caso de Beltrán, el magistrado explicó que no podía expedirse sobre la prisión preventiva debido a los fueros que posee por su condición de diputado provincial. Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal deberá librar un oficio a la Cámara de Diputados para que se inicie el trámite correspondiente.
La Fiscalía no solicitó prisión preventiva para Diego Torres. El fiscal explicó que el imputado se presentó espontáneamente ante la Justicia y permaneció a derecho, por lo que consideró que no existe en su caso el mismo peligro procesal que persiste respecto de los demás acusados.
Las defensas rechazaron los pedidos de prisión preventiva y propusieron medidas de coerción alternativas. Luego de conocer la resolución, las defensas de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Scarel plantearon recursos de revisión. La Fiscalía también recurrió la resolución, aunque en su caso cuestionó el plazo de 60 días establecido para las medidas de coerción.
Los planteos de las defensas
Durante la audiencia, Beltrán cuestionó la imputación y se refirió a las auditorías aprobadas, facturas, cheques y circuitos de pagos. Sostuvo que no observaba perjuicios ni irregularidades en las contrataciones.
Anabela Lucero, por su parte, calificó la causa como política y afirmó que se trata de una persecución. También sostuvo que existen maniobras oscuras y personas perjudicadas.
Las defensas de los demás imputados también se opusieron a la ampliación de los cargos. Entre otros argumentos, cuestionaron que no se hubieran individualizado las conductas atribuidas a sus representados y plantearon que no estaban acreditados los elementos necesarios para configurar los delitos investigados.
La causa continuará con la producción de nuevas medidas de prueba. La Fiscalía anticipó que solicitará nuevas pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados, debido a que podrían aportar otros elementos para la investigación.
