El constitucionalista Cristian Altavilla fue uno de los profesionales que trabajó en la elaboración del proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de San Luis, que ya obtuvo media sanción del Senado y este miércoles podría ser tratado por la Cámara de Diputados. Tras exponer este martes ante una reunión ampliada de la comisión de Asuntos Constitucionales, dialogó con La Gaceta Digital sobre el proceso previo que derivó en la iniciativa, el alcance de su participación y los fundamentos jurídicos de algunos de los cambios propuestos, incluida la polémica extensión de los mandatos de los legisladores electos en 2025.
Altavilla, profesor de Derecho Público Provincial y Municipal y de Derecho Constitucional, explicó que fue convocado por el gobernador Claudio Poggi y el vicegobernador Ricardo Endeiza para brindar asesoramiento técnico. Los lineamientos y temas que se pretendían incorporar a la reforma fueron definidos por el Ejecutivo y, a partir de ellos, su tarea consistió en elaborar “una serie de dictámenes, fundamentos y derecho comparado” para dotar de contenido técnico-jurídico a la propuesta.
El punto de partida, según relató, fue analizar las casi cuatro décadas transcurridas desde la reforma de 1987, que no fue parcial sino que dio lugar a una nueva Constitución provincial. “La idea del gobernador fue no reemplazar esa Constitución, sino mejorarla”, explicó Altavilla, quien consideró que se trató de una carta magna “de avanzada para su época” y sostuvo que varios de sus principios continúan vigentes.
La propuesta actual, señaló, apunta fundamentalmente a introducir modificaciones sobre la organización del Estado y el funcionamiento de sus instituciones. Entre los objetivos mencionó avanzar hacia “una Constitución más transparente, con instituciones más fuertes”, una mayor institucionalización de la provincia y nuevos límites al ejercicio del poder.
El modelo de Estados Unidos para limitar los mandatos del gobernador
Uno de los cambios centrales incluidos en el proyecto es la limitación de la reelección del gobernador. La propuesta habilita solamente dos mandatos en total, sean consecutivos o alternados, de manera que quien complete ambos períodos no pueda volver posteriormente al cargo.
Altavilla destacó que se trata de una diferencia importante respecto de otros sistemas. “En la mayoría de las provincias vos tenés el sistema de que podés ser reelecto por un período y después dejás pasar un período y podés volver. Lo mismo sucede a nivel nacional”, explicó.
En cambio, señaló que la propuesta puntana toma como referencia el esquema de Estados Unidos, donde existe un límite total de dos períodos presidenciales. “El único sistema en el que no podés volver nunca más es el sistema de Estados Unidos y, en ese sentido, San Luis adopta ese sistema, que creo que es el más sano de todos desde el punto de vista republicano”, opinó.
Para el constitucionalista, esa limitación no supone necesariamente el retiro de la actividad pública de quien haya ocupado la Gobernación. La persona puede continuar aportando su experiencia “desde una fundación, desde una escuela de gobierno o incluso en la misma función pública”, por ejemplo como legislador provincial o nacional, pero dejando abierta la máxima responsabilidad ejecutiva a nuevos dirigentes.
Altavilla vinculó este aspecto con un problema que, a su entender, excede a San Luis. Señaló que la posibilidad permanente de regresar al principal cargo ejecutivo genera tensiones dentro de los propios espacios políticos y dificulta la renovación de dirigentes. “Está más que comprobado que, cuando una persona tiene la posibilidad de volver y ha sido gobernador, gobernadora o presidente, genera una tensión en el sistema y eso impide la formación de cuadros dirigentes”, sostuvo.
En ese sentido, puso como ejemplo la experiencia nacional desde el retorno de la democracia en 1983 y consideró que, independientemente de partidos e ideologías, ha resultado difícil que los expresidentes se aparten completamente de las disputas por la conducción. A su criterio, “todos han estado con la tentación de volver” y esa dinámica genera “desgastes en la sociedad, desgaste en los partidos políticos y desgaste en las propias instituciones”.
Instituciones, inversiones y desarrollo económico
Altavilla sostuvo que los cambios institucionales propuestos no deberían analizarse únicamente desde el derecho constitucional, ya que considera que la calidad de las instituciones termina repercutiendo sobre la economía.
“Si vos no tenés instituciones sólidas, no vas a crecer económicamente”, afirmó. Para lograr esa fortaleza institucional, enumeró como condiciones necesarias “un poder despersonalizado”, mecanismos de control, instituciones creíbles y “un Poder Judicial independiente” y eficiente.
En ese marco ubicó varias de las modificaciones incluidas en el proyecto y aseguró que una mayor previsibilidad institucional puede favorecer tanto las inversiones locales como la llegada de capitales externos. Para fundamentar esa relación mencionó los trabajos de economistas como Daron Acemoglu y Douglas North, que han estudiado el papel de las instituciones en el desarrollo económico.
La reforma del Consejo de la Magistratura y otra “autolimitación” del Ejecutivo
Entre los ejemplos concretos, Altavilla mencionó las modificaciones previstas para el Consejo de la Magistratura y el mecanismo de selección de integrantes del Poder Judicial. La propuesta apunta a que la evaluación otorgue mayor peso al mérito y que la terna elevada al Ejecutivo tenga carácter vinculante.
Para Altavilla, allí aparece otro de los mecanismos de “autolimitación del gobernador” incluidos en la iniciativa. La intención es que el orden de mérito quede determinado fundamentalmente por el desempeño de los postulantes en el examen y reducir el peso que actualmente puede adquirir la entrevista.
Según explicó, con el esquema vigente una entrevista puede otorgar una cantidad de puntos suficiente para alterar significativamente el resultado previo del examen. La modificación busca limitar esa discrecionalidad y fortalecer criterios objetivos en la conformación del orden de mérito.
La eliminación de las elecciones de medio término y las polémicas extensiones de mandatos de diputados
Otro de los aspectos que generó cuestionamientos desde que se conoció el proyecto es la posibilidad de extender por dos años los mandatos de los diputados provinciales elegidos en 2025, en caso de que la futura Convención Constituyente decida eliminar las elecciones legislativas de medio término.
Altavilla explicó a La Gaceta Digital la lógica jurídica utilizada para incluir esa posibilidad. Si la Constitución es modificada para que la Cámara de Diputados deje de renovarse parcialmente cada dos años y pase a elegirse en su totalidad, sería necesario establecer un mecanismo de transición que permita unificar los mandatos. Ese mecanismo es la extensión hasta 2031 de los mandatos de los legisladores electos en 2025, que originalmente terminarían en 2029.
Frente a las críticas que despertó esa posibilidad, Altavilla marcó una diferencia jurídica entre reducir y extender esos períodos. “Si vos lo acortás, ya tenés precedentes jurisprudenciales que han dicho que acortar los mandatos es inconstitucional”, explicó.
En cambio, sostuvo que una prórroga destinada exclusivamente a hacer coincidir la renovación de todas las bancas no tendría ese impedimento. “Extenderlos por dos años más para compatibilizarlo con el resto de la Cámara no es una medida inconstitucional, porque no le estás dando privilegios a nadie en particular”, argumentó.
También remarcó que la decisión final no estará en manos de la actual Legislatura, sino de la futura Convención Constituyente, cuyos integrantes serán elegidos por voto popular y a la que los actuales legisladores no podrán postularse. A su entender, esto impide que quienes eventualmente resulten alcanzados por la extensión puedan decidir sobre su propio mandato.
“Quienes estarían beneficiados por esta norma, porque quedarían dos años más, lo son de forma meramente aleatoria, al azar, como si fuera por un sorteo”, sostuvo Altavilla. Según explicó, el objetivo no sería beneficiar “a una persona en particular ni a ningún partido en particular”, sino resolver el período de transición necesario para que en el futuro la Cámara de Diputados pueda renovarse en su totalidad.
