El gobernador Claudio Poggi promulgó este viernes la Ley Nº XIII-1213-2026, que declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución de San Luis y habilita la modificación de 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro nuevos capítulos. El acto se realizó en la réplica del Cabildo de La Punta, dos días después de que la Cámara de Diputados diera sanción definitiva a la iniciativa con 30 votos a favor.
La promulgación completa la etapa legislativa, pero no implica todavía una modificación de la Constitución. La ley delimita los artículos y temas que podrán ser revisados por una Convención Constituyente integrada por 52 miembros, con la misma representación territorial que actualmente suman ambas cámaras legislativas. Los convencionales serán elegidos por voto popular junto con las elecciones provinciales de 2027 y serán quienes finalmente definan qué cambios se incorporarán a la Carta Magna.
Poggi hizo hincapié en esa diferencia durante el acto. “Es el primer paso, no menos importante”, sostuvo, y explicó que el año próximo deberá elegirse una Convención Constituyente para que debata, “sobre la base de esta ley, la futura Constitución provincial”. La diputada Fabiana Zárate, miembro informante del proyecto en la Cámara baja, hizo una aclaración similar: “Es una excelente reforma. Pedido de reforma, en realidad, porque quien la va a reformar es la Convención Constituyente”.
Los principales puntos que podrán modificarse
La declaración de necesidad abarca cuestiones relacionadas con los tres poderes del Estado, el régimen electoral, los organismos de control, el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos, además de temas relacionados con el agua, la educación y los derechos vinculados con las nuevas tecnologías.
Uno de los puntos centrales es la modificación del régimen de reelección del gobernador. La Convención estará habilitada para establecer un máximo de dos mandatos totales, sean consecutivos o alternados, a diferencia del sistema vigente, que permite regresar al Ejecutivo luego de dejar transcurrir un período. La ley incluye además una cláusula transitoria que computa el actual mandato 2023-2027 de Poggi como su primer período a los efectos de la nueva limitación.
Este último punto fue destacado por el propio Gobernador durante el proceso legislativo, cuando explicó que, de aprobarse finalmente ese esquema, le quedaría la posibilidad de una sola reelección. La cláusula resulta necesaria porque la nueva Constitución regirá hacia adelante y, sin ella, los mandatos anteriores de Poggi no serían computados para el nuevo límite y podría sumar dos nuevas reelecciones.
La propuesta también habilita modificaciones en el funcionamiento de la Legislatura, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Cuentas, entre otros organismos. Zárate destacó específicamente “la prohibición absoluta de reelección tras dos períodos, la limitación de la discrecionalidad en las ternas vinculantes que debe mandar el Consejo de la Magistratura y la representación de la oposición real en el Tribunal de Cuentas”, donde se pretende garantizar que ese lugar corresponda a la primera minoría.
Para la legisladora, se trata de modificaciones que “hacen a una mejor calidad de democracia y una mayor institucionalidad”. Zárate recordó además que la Constitución vigente fue sancionada en 1987 y posteriormente tuvo enmiendas en 2006 y 2011. “Después de casi 40 años, esta declaración de necesidad responde no solo a motivos históricos, sino también a instituciones que verdaderamente debían ser revisadas”, afirmó.
Autonomía para los Ministerios Públicos
Otro de los ejes habilitados alcanza al funcionamiento de la Justicia y particularmente al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, que actualmente forman parte del Poder Judicial. La defensora General, Marcela Torres Cappiello, destacó que la ley permite discutir la autonomía de ambos organismos. “Es una ley importante porque justamente refiere a la autonomía de los ministerios públicos, entre ellos del Ministerio Público de la Defensa, así que habrá que ver cómo avanza la reforma”, señaló.
También se refirió a los cambios propuestos para los mecanismos de selección y consideró “sumamente significativo” que se planteen instancias diferenciadas para evaluar a defensores y fiscales, además de la utilización de ternas vinculantes.
El procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, coincidió en la importancia que tiene ese punto para el Ministerio Público. “Es un anhelo de todos los ministerios públicos del país lograr una autonomía y autarquía como organismo dentro del esquema de la administración de justicia de una provincia”, sostuvo.
Actualmente, explicó, los ministerios públicos integran el Poder Judicial. Si la Convención incorpora el cambio habilitado por la ley, “seremos un órgano distinto, cumpliendo cada uno su rol y en permanente coordinación, porque el trabajo se hace entre todos, en definitiva”.
Poggi: “Es el primer paso”
Durante la ceremonia, el Gobernador repasó los puntos incluidos en la declaración de necesidad y dedicó parte de su discurso al respaldo que obtuvo el proyecto en la Legislatura. “Felicito a cada uno de los 30 diputados y a los seis senadores, a los 36 legisladores provinciales que representan a más de dos tercios del cuerpo legislativo, que con el estudio, el debate y los consensos necesarios votaron positivamente y aprobaron esta ley”, expresó.
Poggi también agradeció la participación durante la elaboración y discusión del proyecto del vicegobernador Ricardo Endeiza, autoridades del Superior Tribunal de Justicia, la Procuración y la Defensoría General, integrantes del Ejecutivo y distintas instituciones. Mencionó particularmente al obispo Gabriel Barba por aportar, según expresó, “una mirada humana de la tecnología”, y al especialista en derecho constitucional Cristian Altavilla, quien trabajó en la elaboración de la iniciativa y posteriormente participó de su discusión.
El Gobernador cerró su intervención con una valoración de la propuesta. “Estoy convencido de que se trata de una propuesta de reforma de nuestra Carta Magna muy positiva para San Luis, para las próximas generaciones, para hacer más eficiente al Estado, al servicio del bien común, al servicio del ciudadano”, afirmó.
También relacionó los cambios institucionales con la actividad económica al considerar que podrían aportar “mayor seguridad jurídica”. “La seguridad jurídica es clave para atraer inversiones, y detrás de cada inversión viene una oportunidad de empleo”, sostuvo.
Los 36 legisladores que votaron a favor
La declaración de necesidad requería el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de los integrantes de cada Cámara. En el Senado consiguió exactamente los seis votos necesarios sobre nueve integrantes, mientras que en Diputados superó el piso de 29 al obtener 30 votos sobre 43.
Los senadores que acompañaron la iniciativa fueron Martín Olivero, Adolfo Castro Luna, Carlos García, Diego García, Federico Trombotto y Sergio Guardia.
En la Cámara de Diputados votaron a favor Verónica Causi, Marta Coniglio, Walter Córdoba, Claudia Díaz, Marcos Espósito, Regina Funes, María Eugenia Gallardo, Marina Garro, Marcos Gatica, Ricardo Jiménez, Ana Dolig Lellel, Carlos D’Alessandro, Edgardo González Ferro, Christian Gurruchaga, Alberto Leyes, Aída López, Maia Loredo, Marisa Lucero, Óscar Macías, María Mansilla, Bruno Mini, Víctor Moriñigo, Florencia Palacios, Marisa Patafio, Carlos Pereira, Ivana Ricca, Miriam Alicia Serra, Maximiliano Baldeón, Jorge “Toti” Videla y Fabiana Zárate.
El oficialismo y sus aliados habían llegado a la sesión del miércoles con los 29 votos necesarios para alcanzar los dos tercios. El resultado terminó siendo de 30 por el acompañamiento de Florencia Palacios, integrante del bloque Frente Unidad Justicialista, que votó junto al poggismo pese al rechazo del resto de esa bancada.
Durante la promulgación, Poggi felicitó a los legisladores que acompañaron la iniciativa y también recordó a Luciana Perano, diputada fallecida el 5 de julio y cuyo lugar fue ocupado posteriormente por Zárate. “También Luchi”, expresó luego de enumerar a quienes habían acompañado la iniciativa.
La reforma se definirá en 2027
Con la promulgación de la ley, el proceso constitucional ingresa ahora en una nueva etapa. La elección de los 52 convencionales se realizará en simultáneo con los próximos comicios provinciales y será ese cuerpo el que tendrá la última palabra sobre cada uno de los cambios habilitados.
La Convención no estará obligada a incorporar todas las modificaciones propuestas en la declaración de necesidad, pero tampoco podrá avanzar sobre materias que hayan quedado fuera de ella. Su discusión abarcará aspectos de la organización de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos de control y selección de magistrados, la autonomía de los ministerios públicos y la eventual incorporación de nuevos derechos vinculados, entre otros puntos, con el agua, la educación y las nuevas tecnologías.
