El gobernador Claudio Poggi planteó este jueves que las provincias enfrentan un escenario en el que asumen cada vez más responsabilidades y gastos para sostener servicios esenciales, mientras deben encontrar un equilibrio entre la recaudación necesaria para financiarlos y una presión tributaria que no les haga perder competitividad. Lo hizo durante la apertura de la 193º reunión de la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, que reunió en Potrero de los Funes a representantes de prácticamente todo el país.
“La salud pública está bajo la competencia de las provincias, como el 75% de la inversión en la educación, la seguridad, la justicia y las políticas de empleo”, enumeró Poggi, quien remarcó que “cada vez son más las competencias y las erogaciones públicas necesarias para llevar adelante una gestión”.
La discusión se dio en el marco del Convenio Multilateral, que integran las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que establece mecanismos para distribuir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando una actividad económica se desarrolla en más de una jurisdicción. San Luis fue sede del encuentro, con representantes de 19 provincias presentes y otros cuatro participando de manera virtual.
Para Poggi, el desafío no pasa simplemente por aumentar la recaudación. “En épocas donde las competencias son cada vez más crecientes y aumentan los recursos, hay que buscar un punto de unión entre no salirse de lo competitivo como provincia y no quedarse desfinanciado”, sostuvo.
En ese equilibrio introdujo otro de los ejes que atravesó el encuentro: ampliar la base de contribuyentes combatiendo la economía informal, en lugar de concentrar la carga sobre quienes ya se encuentran dentro del sistema. “Por eso la lucha contra la informalidad, que es uno de los grandes desafíos para ampliar la base”, afirmó.
Más autonomía para negociar con Nación
El presidente de la Comisión Plenaria, Luis María Capellano, llevó la discusión un paso más allá y vinculó el fortalecimiento de los sistemas tributarios provinciales con la capacidad política y financiera de las jurisdicciones frente al Gobierno nacional.
Según explicó, el trabajo realizado en los últimos años permitió consolidar herramientas que “fortalecen la fiscalidad en el orden subnacional”. “No está de más decirlo, porque es un logro que hoy nos da un margen de maniobra en las provincias para poder tener un diálogo mucho más fructífero cuando tenemos que sentarnos con Nación”, afirmó.
Capellano también coincidió con Poggi en señalar a la informalidad como uno de los principales problemas del sistema. “Soy un convencido de que el enemigo del Estado no es el contribuyente ni el profesional que lo asiste. El enemigo en común es la informalidad”, sostuvo.
En ese sentido, aportó una comparación sobre la dimensión del fenómeno: mientras el IVA e Ingresos Brutos, los dos principales impuestos al consumo, representan en conjunto alrededor del 11% del PBI, afirmó que la informalidad equivale al 7%.
Por su parte, la ministra de Hacienda e Infraestructura Pública, María Eugenia Sosa Herrera, sostuvo que la coordinación entre jurisdicciones permite establecer “reglas más claras, prevenir y resolver conflictos” y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes.
La reunión realizada en Potrero de los Funes tuvo justamente como eje la administración de Ingresos Brutos entre las distintas jurisdicciones. Allí se discuten criterios de aplicación del Convenio Multilateral y la distribución de la recaudación cuando los contribuyentes desarrollan actividades económicas en más de una provincia.
Más allá de los aspectos técnicos del encuentro, las intervenciones dejaron planteada una discusión más amplia sobre el federalismo fiscal: provincias que sostienen buena parte de los servicios públicos, necesitan recursos propios para financiarlos y, al mismo tiempo, buscan evitar que esa necesidad termine restándoles competitividad frente a otras jurisdicciones.
