La directora de Emergencia Social, Celeste García, detalló este lunes las tareas asistenciales llevadas a cabo durante el fin de semana, tras la caída de nieve y descenso de la temperatura en distintos puntos de la provincia. En este contexto, precisó que el protocolo se activa al prever que las temperaturas serán inferiores a los 3°C y que comprende dos acciones centrales: la atención a familias afectadas por emergencia climática o situación de vulnerabilidad y el traslado de personas a su provincia de origen.
Debido a las condiciones climáticas, el sábado pasado 38 personas fueron reubicadas el refugio situado en las calles Riobamba y Clavel del Aire y “dispositivos de bajo umbral” como los que se ubican en el barrio Jardín Sur de la capital sanluiseña y en el predio del Policlínico de Villa Mercedes.
García explicó quienes acceden a la asistencia reciben atención sanitaria primaria y pueden satisfacer necesidades básicas como el suministro de alimentos y el aseo personal. Asimismo, pueden gestionar documentaciones o traslados a sus provincias de origen.
Sobre esto último, la Directora especificó que se agiliza el transporte de individuos o familias cuando “requieren volver a su provincia de origen porque quizás vinieron en búsqueda de algún tipo de trabajo o alguna promesa de algún tipo, y no pudieron concretarlo o se terminó el plazo de trabajo y requieren ayuda para volver a su provincia. La Provincia les gestiona el traslado hacia su lugar”. En este caso, García precisó que 5 personas terminaron siendo trasladadas a sus provincias de origen.
En cuanto a la presencia núcleos familiares enteros viviendo a la intemperie, la funcionaria aseguró que “familias en situación de calle no hay” y que, en caso de detectarse menores en esta condición, se informa de inmediato para la intervención de las áreas competentes, como la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia; y se activa un protocolo cuya prioridad absoluta es resguardar la vida de los niños.
Esto derivó en una pregunta sobre el caso de Nancy Aitana Isabella Ybarra, de 3 años, cuya desaparición momentánea tuvo en vilo a la provincia. Según salió a la luz durante la búsqueda, la niña y su familia son oriundos de Mendoza y viven de manera ilegal en un predio del Parque Industrial Norte.
Al respecto, García detalló que se trabaja de manera interdisciplinaria con otros ministerios para abordar la situación de forma integral. Frente a la posibilidad de trasladar a estas personas a su provincia de origen por estar usurpando un predio del Estado, la funcionaria aclaró que “es un poco más complejo que simplemente decirles que se vuelvan”, ya que existen realidades personales y de su provincia que los llevaron a San Luis, por lo que se les intenta ayudar a resolver estos conflictos para que tomen la mejor decisión, “sobre todo por los chicos”.
Ante una consulta de la prensa, García agregó que son 9 familias las que se encuentran actualmente en el Parque Industrial Norte.
Volviendo al operativo del fin de semana, la funcionaria contó que las cuadrillas también trabajaron con familias en situación de vulnerabilidad, que suelen tener inconvenientes habitacionales y solicitan algún tipo de ayuda. “Estuvimos trabajando en territorio coordinadamente con otras direcciones de nuestro Ministerio, como Barrios Populares, Adultos Mayores y Mujer. Trabajamos en equipo, esto es muy importante porque nos permite llegar de mejor manera a la comunidad”, meditó.
Finalmente, García consignó que a partir del trabajo en terreno se conocen los datos de quienes atraviesan una situación de calle. “De hecho, trabajamos con Nación en un censo que se hizo el año pasado y hemos actualizado ésa información. Permanentemente tenemos contacto”, comentó.
Asimismo, señaló que hay muchas personas en situación de calle que elige no ingresar a estos refugios. Entre los motivos de este rechazo se destaca la falta de costumbre a cumplir con horarios y con normas básicas de higiene y convivencia, las cuales son indispensables para mantener la paz dentro de los establecimientos. Asimismo, la prohibición del consumo de sustancias dentro de estos dispositivos de asistencia se presenta como una barrera significativa, ya que algunas personas no están dispuestas a pasar un período de tiempo sin consumir y prefieren continuar con su estilo de vida a la intemperie.
“Tenemos que comprender que son personas que, por ejemplo, no están acostumbrados a mantener horarios y cumplir un mínimo de normas. Por ejemplo, normas de convivencia y que puedan estar en paz entre ellos”, concluyó.
