El fiscal de Instrucción N° 1 de la ciudad de San Luis, Francisco Assat, le formuló cargos a Juan Hernández, a quién imputó provisoriamente de ser el autor del homicidio en ocasión de robo de Hugo Orozco. El hombre investigado fue detenido el domingo a la tarde tras permanecer más de tres meses prófugo de la Justicia.
En la audiencia realizada este lunes a media mañana ante el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, Hernández se abstuvo de declarar y su defensa, ejercida por la defensora oficial en lo Penal, Nadia Agúndez, solicitó la prórroga constitucional de ocho días, pedido al que hizo lugar el magistrado. En la causa también está detenido bajo prisión preventiva Benjamín Robledo, hijastro de Hernández.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la noche del 7 de junio de 2026, en el domicilio de Hugo Orozco, ubicado sobre calle Intendente Celi 2170, se encontraban la víctima junto a su pareja, Feliciana Hernández (hermana del imputado) y el propio Juan Hernández. En un primer momento, los tres compartían bebidas y mantenían una conversación en un contexto que, de acuerdo con la acusación, era pacífico.
“En un momento determinado y de forma repentina el imputado Hernández comenzó a golpear a Orozco con golpes de puño y con botellas de vino que se encontraban en la mesa”, narró Assat.
La víctima perdió el conocimiento y, aun cuando se encontraba tendida en el piso y ensangrentada, el imputado habría continuado agrediéndola con patadas en la cabeza. “Una vez ya incapacitado de forma total la víctima por estas heridas sufridas, Hernández le sustrae a Orozco un celular Motorola G23 y un parlante portátil para darse inmediatamente la fuga con dichos elementos y dejando a la víctima tendida en el piso, ensangrentada y gravemente herida”, agregó el fiscal.
Según la teoría fiscal, tras el ataque Hernández habría puesto en manos de Robledo los elementos sustraídos y para el Ministerio Público, ambos ya habrían compartido un modus operandi similar en otros hechos delictivos. El teléfono de la víctima volvió a aparecer en escena cuando Benjamín Robledo (otro imputado) le colocó su propio chip: ese movimiento permitió a los investigadores seguir su rastro y ubicarlo en la zona del barrio Las Vegas.
Orozco fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde los médicos constataron múltiples lesiones, entre ellas heridas cortantes, hematomas, edema y deformación de la región nasal. La tomografía reveló además una hemorragia subaracnoidea y una fractura de los huesos propios de la nariz.
Debido a la gravedad de su estado, debió ser intubado. Sin embargo, su evolución fue desfavorable y finalmente falleció el 3 de julio, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de las complicaciones de las lesiones sufridas.
Assat sostuvo durante la audiencia que la investigación reunió distintos elementos que, a criterio de la Fiscalía, permiten vincular a Hernández con el hecho. Entre ellos mencionó el informe policial, la denuncia realizada por la hermana de la víctima, las entrevistas a testigos, las fotografías y pericias realizadas en el lugar, la historia clínica, el informe médico inicial y la autopsia.
Entre los elementos considerados relevantes, el fiscal destacó especialmente el testimonio de Feliciana Hernández, pareja de la víctima y hermana del imputado, a quien señaló como testigo presencial del episodio.
La investigación también permitió reconstruir el destino de los elementos sustraídos. Según expuso Assat, después del robo Hernández habría entregado el celular y el parlante al otro imputado, Benjamín Robledo. El parlante posteriormente fue secuestrado cuando intentaba venderlo.
Respecto del teléfono, una pericia sobre su trazabilidad permitió establecer que había sido entregado a su hijastro y que posteriormente se colocó un chip en el aparato. El celular, hasta el momento, no fue recuperado.
El fiscal solicitó que se le dicte a Hernández la prisión preventiva por 120 días. El fiscal explicó que aún restan producir distintas medidas de prueba, entre ellas nuevas entrevistas, pericias vinculadas al teléfono y una junta médica ampliatoria sobre la autopsia. Esta última medida resulta especialmente relevante para establecer con mayor precisión la evolución de las lesiones y el nexo causal entre la agresión sufrida el 7 de junio y el fallecimiento ocurrido casi un mes después.
Para fundamentar el pedido de la preventiva, la Fiscalía mencionó, como el principal riesgo procesal, el de fuga. “La actitud posterior al hecho no fue ni más ni menos que darse a la fuga inmediatamente y permanecer oculto hasta el día de ayer evadiendo el proceso por más de 3 meses”, describió Assat. Para el fiscal, esa conducta demuestra que el riesgo de fuga no es meramente hipotético, sino que ya se habría concretado durante la investigación.
También planteó la existencia de un riesgo de entorpecimiento, particularmente respecto de la principal testigo del hecho. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que Feliciana Hernández habría recibido amenazas luego del episodio y que, según su declaración, el imputado le habría manifestado: “te va a pasar lo mismo que le hice a tu pareja”.
La situación procesal de Hernández se resolverá una vez que termine la prórroga constitucional solicitada por la defensa pública.
Fuente: Prensa Poder Judicial
