Un informe elaborado por la Fundación Libertad a partir de los presupuestos provinciales 2026 ubicó a San Luis como la jurisdicción con el menor gasto anual por legislador de todo el país. La Provincia destina $9.147 millones al funcionamiento de su Poder Legislativo, lo que, dividido entre sus 52 diputados y senadores, representa unos $176 millones anuales por representante, muy por debajo del promedio nacional de $1.531 millones.
El trabajo analiza los presupuestos anules asignados a los poderes legislativos de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las relaciona con la cantidad de representantes de cada distrito. En conjunto, las 24 jurisdicciones destinan $1,84 billones para sostener sus legislaturas y cuentan con 1.199 diputados y senadores, por lo que el costo promedio es de aproximadamente $128 millones mensuales por legislador.
La diferencia de San Luis respecto del resto del país es considerable. Tucumán encabeza el listado con $3.725 millones anuales por legislador, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $3.402 millones, y Chaco, con $3.057 millones. En el otro extremo aparecen San Luis, con $176 millones, y Santiago del Estero, con $206 millones. De hecho, el informe destaca que el costo por representante de Catamarca, que alcanza los $1.234 millones, sextuplica al de San Luis.
Cabe aclarar que estos valores no representan cuánto cobran los legisladores. El cálculo incluye el presupuesto completo destinado al funcionamiento de las cámaras y luego lo divide por la cantidad de representantes. Es decir, contempla no solamente las remuneraciones de diputados y senadores, sino también el personal permanente y transitorio, asesores y otros gastos asociados a la estructura legislativa.
San Luis tiene apenas dos empleados por legislador
Otro dato clave del informe de Fundación Libertad es que las legislaturas tienen en promedio 27 trabajadores por cada representante, mientras que San Luis es la que menos tiene, con tan solo dos empleados por legislador. Luego es seguida por Santiago del Estero, con 5, y Córdoba, con 8. En el otro extremo se encuentran provincias como como Corrientes, que cuenta con 3.234 trabajadores legislativos, equivalentes a 72 por representante; Chaco con 70 y Formosa con 62.
Además, el 72,9% del presupuesto legislativo de San Luis corresponde a gastos de personal, no sólo considerando el sueldo de los legisladores, sino también, secretarias, asesores y demás empleados permanentes. Esta cifra es el segundo porcentaje más bajo entre las jurisdicciones que proporcionaron ese dato, detrás de Santa Fe, que destina un 64,6%. El promedio nacional es del 84%.
Menor gasto legislativo, pero no menores ingresos
A su vez, cabe aclarar que esto no significa que los legisladores puntanos sean los que menos ganan. Todo lo contrario: como informó La Gaceta Digital en julio del año pasado, San Luis es el tercer distrito donde más cobran los legisladores provinciales.
Entonces, ¿cómo puede San Luis tener un presupuesto tan bajo por legislador y, al mismo tiempo, remuneraciones entre las más elevadas del país? Esto es gracias al particular sistema del “módulo extra” que rige en la Legislatura provincial desde fines de 2011.
El 22 de diciembre de aquel año, durante la primera gobernación de Claudio Poggi, se aprobó una ley mediante la cual los legisladores duplicaron su salario de bolsillo, a cambio de dejar de percibir viáticos y hacerse cargo ellos mismos del pago de sus asesores y demás personal transitorio.
La norma creó un “módulo extra”, equivalente al importe bruto del sueldo de cada legislador, y al mismo tiempo estableció la cantidad de cargos de planta permanente de la Legislatura. En teoría, ese módulo está destinado a solventar los gastos vinculados con asesores y colaboradores de cada representante.
Sin embargo, el sistema carece de mecanismos efectivos y públicos que permitan conocer detalladamente cómo se utilizan esos fondos. En la práctica, no existe información pública suficiente que permita verificar quiénes prestan los servicios de asesoramiento facturados por cada legislador ni determinar qué vinculación mantienen con quienes presentan esas rendiciones.
Esto significa que los dos empleados por legislador que menciona el informe de Fundación Libertad en realidad solo se refiere a los trabajadores de plante permanente de cada Cámara. En realidad, hay mucho más que dos empleados por legislador, pero son contratados por cada diputado y senador de manera directa.
Así, mientras la planta de empleados permanentes de otros cuerpos legislativos, como el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, creció de manera sostenida durante los últimos años, la Legislatura provincial mantuvo una estructura de empleados permanentes considerablemente más reducida. El resultado es una combinación poco habitual: San Luis tiene el menor gasto legislativo por representante del país, aunque sus legisladores se encuentran entre los que perciben mayores ingresos.
