El Senado provincial dio media sanción este martes al Plan Maestro de Energía 2026-2036 para el Desarrollo Humano y Económico Sustentable de San Luis, una iniciativa del Ejecutivo que establece los lineamientos de la política energética para la próxima década. El proyecto fue aprobado por mayoría, con el voto de los 5 senadores oficialistas presentes y el rechazo del único representante de la oposición que participó de la sesión, Hugo Olguín, y ahora continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados. El texto aprobado consta de 3 artículos: aprueba el Plan como anexo de la ley, faculta al Ejecutivo a dictar las normas necesarias para implementarlo y contiene el artículo de forma.
Como miembro informante, Adolfo Castro Luna defendió la iniciativa y sostuvo que “no es catálogo de buenas intenciones”, sino una manera de “plasmar una verdadera política de Estado por parte del Gobierno provincial”. Según planteó, la planificación energética debe trascender las distintas gestiones y anticiparse al crecimiento de una demanda que, aseguró, continuará aumentando durante los próximos 10 años.
El senador oficialista destacó que el Plan fue elaborado a partir de mesas sectoriales y regionales desarrolladas entre 2024 y 2026, con participación de sectores vinculados a la industria, energías renovables, minería, agricultura, turismo y producción familiar. Además, sostuvo que la iniciativa permitirá dejar atrás una política energética reactiva para comenzar a proyectar las necesidades futuras de infraestructura.
Entre las obras contempladas, que figuran en un anexo pero no en el proyecto, Castro Luna mencionó el cierre del anillo eléctrico del Gran San Luis, destinado a mejorar el abastecimiento y evitar cuellos de botella; el cierre del sistema norte, entre Santa Rosa del Conlara y Candelaria; y la extensión del sistema sur, que permitiría incrementar considerablemente la potencia disponible en esa región. El Plan se estructura además sobre cinco ejes: eficiencia energética, infraestructura y tecnología, sostenibilidad ambiental, financiamiento y gobernanza.
Para Castro Luna, la planificación también representa una señal hacia el sector productivo. En ese sentido, sostuvo que el proyecto es “fundamental para que las empresas y los empresarios vean una seriedad en la Provincia en materia de mantener las condiciones para el crecimiento” de la producción y el comercio. También remarcó que San Luis es actualmente “la única provincia del país que no tiene Secretaría de Energía” y señaló la necesidad de avanzar hacia una conducción más unificada y especializada de la política energética.
Olguín: “Es más un proyecto de declaración que una ley”
Olguín coincidió en valorar el trabajo técnico realizado, pero cuestionó la forma jurídica elegida por el Ejecutivo. “El Plan Maestro en su parte técnica es impecable, lo aceptamos, lo valoramos, pero no de esta forma que fue presentada en la ley”, manifestó al fundamentar su voto negativo.
Su principal crítica estuvo dirigida precisamente a los 3 artículos del proyecto. Según el senador opositor, el texto “no crea derechos ni obligaciones” y se limita a aprobar un extenso anexo y otorgar al Ejecutivo facultades generales para reglamentarlo. “Esto ha sido nada más una expresión de voluntad política”, cuestionó.
Olguín señaló además que el Plan no establece metas cuantificadas de participación de energías renovables, reducción de emisiones ni plazos concretos de cumplimiento, por lo que consideró que posteriormente será difícil ejercer un control legislativo sobre su implementación. Contrastó esta situación con anteriores planes maestros aprobados por la Provincia en materia de agua y salud, que, según recordó, establecieron autoridades de aplicación, planes ejecutivos, mecanismos de monitoreo y obligaciones de informar periódicamente a la Legislatura.
También cuestionó que el bloque opositor no haya sido convocado durante el proceso participativo previo y recordó que el justicialismo había presentado en 2025 un proyecto propio sobre energía que, afirmó, no fue tratado. “Es más un proyecto de declaración que una ley”, resumió, antes de solicitar que la iniciativa regresara a comisión para incorporar “metas, autoridad de aplicación, instrumentos de financiamiento, plazos y mecanismos de rendición de cuentas ante esta Legislatura”. El planteo no prosperó y el oficialismo avanzó con la media sanción.
También es ley la regulación del ejercicio de la fonoaudiología
Por otra parte, el Senado convirtió en ley la adhesión de San Luis a la Ley Nacional N° 27.568, que establece el marco general para el ejercicio profesional de la fonoaudiología. La iniciativa ya contaba con aprobación de Diputados y fue sancionada sin modificaciones. Entre otros aspectos, establece al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y exige la matriculación para ejercer la profesión en la provincia.
La nueva normativa también regula la intervención de los fonoaudiólogos en la selección, adaptación y calibración de audífonos y otros dispositivos de ayuda auditiva, además de establecer condiciones para los establecimientos que los comercialicen. Asimismo, contempla mecanismos de fiscalización y un régimen disciplinario para el ejercicio profesional.
Finalmente, quienes ya se encuentren legalmente matriculados conservarán su inscripción, mientras que las nuevas matriculaciones deberán adecuarse a los requisitos de la legislación nacional. El Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días desde la publicación de la ley para reglamentarla y quedará derogada la normativa provincial que regulaba hasta ahora el ejercicio de la fonoaudiología.
