El gobernador Claudio Poggi hizo declaraciones a los medios este miércoles sobre el proyecto de ley de desendeudamiento familiar que remitió a la Legislatura. Aseguró este que la Provincia realizó un sondeo previo con bancos y entidades financieras y que la iniciativa de desendeudamiento familiar “la vieron con buenos ojos”.
En contacto con medios locales, Poggi aclaró que el programa no está dirigido exclusivamente a los empleados públicos, sino a las familias sanluiseñas en general. La consulta surgió a partir de la posibilidad de que el Gobierno tuviera un registro sobre la cantidad de estatales endeudados.
“No, no tenemos número. No es solo para el empleo público. Para todos”, respondió el Gobernador.
Poggi aseguró que el Gobierno realizó consultas con las entidades financieras antes de enviar el proyecto a la Legislatura. “Antes de presentar ese proyecto, obviamente, hicimos un sondeo con los bancos y lo vieron con buenos ojos”, afirmó.
La iniciativa contempla un Programa de Desendeudamiento Familiar, destinado a personas con domicilio en San Luis que tengan deudas en mora durante más de tres meses con bancos, entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, fintech y otras instituciones autorizadas por el Banco Central.
El mecanismo no contempla que el Estado provincial otorgue directamente los créditos. La propuesta consiste en que las entidades presenten planes de refinanciación con condiciones mejores que las vigentes, a cambio de acceder a exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos.
“Es instar a los bancos, a entidades financieras, a las empresas habilitadas por el Banco Central, a otorgar créditos que pongan a disposición de los ciudadanos en mora planes de refinanciación, quitas, bajas de tasas de interés, refinanciación a largo plazo en condiciones mucho mejores que las vigentes”, había explicado Poggi al presentar el proyecto.
Las condiciones de las refinanciaciones
El proyecto establece que las refinanciaciones deberán tener un plazo de al menos 24 meses y contemplar un período de gracia mínimo de dos meses. Además, la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.
La tasa nominal anual tendrá como límite la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales. Las entidades tampoco podrán cobrar gastos administrativos, comisiones ni honorarios adicionales derivados de la refinanciación.
Para acceder al programa, las personas deberán acreditar un domicilio en San Luis durante al menos dos años de manera ininterrumpida. El proyecto también permite consolidar en una única refinanciación deudas contraídas con diferentes entidades.
Una vez formalizado el nuevo plan, la entidad deberá realizar las gestiones para actualizar la situación del beneficiario en los registros de deudores morosos. Además, las entidades que participen deberán ofrecer capacitaciones gratuitas sobre planificación de las finanzas familiares y prevención del sobreendeudamiento.
El Gobernador también explicó que el Estado resignará recursos tributarios al otorgar las exenciones, pero sostuvo que se trata de impuestos que, en muchos casos, no se generarían si las operaciones de refinanciación no se concretaran.
“Era un dinero, un impuesto que si esto no se hace no iba a entrar nunca. Entonces, esto es un poco una inyección”, señaló.
En ese sentido, Poggi sostuvo que la iniciativa busca utilizar la política tributaria como una herramienta para facilitar la reestructuración de las deudas y liberar ingresos de las familias.
“Estamos facilitando que familias que tengan deudas con ciertas instituciones financieras y/o crediticias puedan reestructurar su deuda y que sea más aliviado el futuro”, afirmó.
El beneficio de Ingresos Brutos alcanzará a los intereses futuros de las refinanciaciones y tendrá una duración de un año desde la firma del nuevo acuerdo, mientras que el Impuesto de Sellos alcanzará al contrato de refinanciación.
Un segundo programa para impulsar el consumo
El proyecto incorpora además un segundo componente denominado Programa de Incentivo al Consumo Familiar, destinado a las entidades que previamente hayan adherido al esquema de desendeudamiento y presentado planes de refinanciación.
Estas entidades podrán ofrecer descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras promociones para incentivar el consumo dentro de San Luis. Los beneficios deberán representar una mejora efectiva respecto de las promociones promedio que la misma entidad haya ofrecido durante el último año.
“Aquellos bancos que se adhirieron al plan de desendeudamiento y que presentaron un plan a la Provincia también tienen la posibilidad de incorporarse al esquema de vouchers, reintegros, descuentos, promociones, y en donde la Provincia le va a reintegrar con un crédito fiscal el 25% de lo que destinen a esos beneficios”, explicó Poggi.
El crédito fiscal será equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados a los consumidores y podrá ser utilizado por las entidades para cancelar obligaciones tributarias provinciales.
“Eso es también un capítulo de la ley que tiene por objetivo beneficiar el comercio local y, por supuesto, beneficiar también a los ciudadanos”, sostuvo el Gobernador.
La autoridad de aplicación del programa será el Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública. La iniciativa establece una vigencia inicial de un año desde su publicación en el Boletín Oficial, con posibilidad de prórrogas sucesivas de hasta un año.
