Juan Domingo Hernández fue enviado este miércoles a la Penitenciaria Provincial imputado provisoriamente por el delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de Hugo Orozco. El juez de Garantía N° 3 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía de Instrucción N° 1 y le impuso al hombre investigado 120 días de prisión preventiva.
La decisión se tomó durante la reanudación de la audiencia que había comenzado días atrás y que tuvo una prórroga de detención solicitada por la Defensora en lo Penal N° 2, Nadia Agúndez. En esta nueva jornada, las partes expusieron sus argumentos y el magistrado finalmente dispuso que Hernández sea privado de su libertad en el Servicio Penitenciario mientras continúa la investigación.
Durante la audiencia, Agúndez no cuestionó la formulación de cargos realizada por el fiscal Francisco Assat, pero sí puso en duda la calificación del hecho, la solidez de algunas evidencias y, especialmente, la existencia de los riesgos procesales que justificarían mantener detenido a su defendido. Uno de los principales planteos de la defensora estuvo relacionado con el testimonio de Feliciana Hernández, que habría presenciado el hecho. Según explicó, la testigo dio distintas versiones durante la investigación. “Esta señora dio tres versiones diferentes: una a la Policía, una en la Fiscalía y una a nosotros”, sostuvo Agúndez. Y agregó que esas declaraciones “se contraponen”, por lo que, desde su perspectiva, se trata de “un testimonio muy débil” para justificar una prisión preventiva. La mujer era pareja de Orozco y hermana del imputado.
Agúndez, acompañada en la audiencia por el defensor adjunto Diego Zunino, señaló que la víctima falleció más de un mes después de haber sido internada y que la autopsia indica una muerte por “isquemia cardíaca”, lo que, a su entender, podría implicar “una ruptura del nexo causal” con el hecho originario.
Explicó además que la propia Fiscalía impugnó esa pericia y solicitó, como prueba pendiente, una nueva junta médica. Para Agúndez, esta situación demuestra que todavía existen interrogantes importantes sobre la causa de la muerte. “Estamos hablando de que lo que menos hay es solidez real sobre la causa de muerte”, afirmó durante la audiencia.
Otro de los puntos discutidos fue el supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación: la defensa sostuvo que las medidas de prueba que todavía quedan pendientes —entre ellas una pericia telefónica, otra sobre información almacenada en la nube y una nueva evaluación médica— no podrían ser afectadas por Hernández si permaneciera en libertad.
“Es imposible el entorpecimiento de forma material por parte de Hernández”, planteó Agúndez, al considerar que el imputado no tendría posibilidades de manipular esas evidencias. También rechazó que haya existido un intento concreto de fuga. “El señor en dos meses ni siquiera pudo salir de la provincia por su extrema pobreza”, dijo la funcionaria y destacó que Hernández se presentó ante las autoridades.
Luego de escuchar los alegatos de las partes, el juez Flores Leyes consideró que “si bien los argumentos esbozados por la defensa resultan atendibles, entiendo que al menos a esta instancia no están dados las evidencias suficientes a fin de descartar dicho nexo causal”.
Respecto del riesgo de fuga, el magistrado tuvo en cuenta las circunstancias de la investigación y las medidas que debieron adoptarse para localizar al imputado. Por ese motivo, consideró que el riesgo de fuga debía ser neutralizado mediante la medida más gravosa solicitada por la Fiscalía, que es la prisión preventiva.
Flores Leyes también consideró relevante la existencia de la testigo que, según se planteó durante la audiencia, habría presenciado los hechos y brindado distintas versiones. En ese contexto, entendió que la libertad del imputado podría afectar la utilidad de esa declaración para el avance de la investigación.
La teoría del caso fiscal
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la noche del 7 de junio de 2026, en el domicilio de Hugo Orozco, ubicado sobre calle Intendente Celi 2170, se encontraban la víctima junto a su pareja, Feliciana Hernández y el propio Juan Domingo Hernández. En un primer momento, los tres compartían bebidas y mantenían una conversación en un contexto que, de acuerdo con la acusación, era pacífico.
“De forma repentina el imputado Hernández comenzó a golpear a Orozco con golpes de puño y con botellas de vino que se encontraban en la mesa”, narró Assat. La víctima perdió el conocimiento y, aun cuando se encontraba tendida en el piso y ensangrentada, el imputado habría continuado agrediéndola con patadas en la cabeza.
“Una vez ya incapacitado de forma total la víctima por estas heridas sufridas, Hernández le sustrae a Orozco un celular Motorola G23 y un parlante portátil para darse inmediatamente la fuga con dichos elementos y dejando a la víctima tendida en el piso, ensangrentada y gravemente herida”, agregó el fiscal.
Orozco fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde los médicos constataron múltiples lesiones, entre ellas heridas cortantes, hematomas, edema y deformación de la región nasal. La tomografía reveló además una hemorragia subaracnoidea y una fractura de los huesos propios de la nariz. Debido a la gravedad de su estado, debió ser intubado. Sin embargo, su evolución fue desfavorable y finalmente falleció el 3 de julio, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de las complicaciones de las lesiones sufridas.
La investigación también permitió reconstruir el destino de los elementos sustraídos. Según expuso Assat, después del robo Hernández habría entregado el celular y el parlante al otro imputado, Benjamín Robledo. El parlante posteriormente fue secuestrado cuando intentaba venderlo. Respecto del teléfono, una pericia sobre su trazabilidad permitió establecer que había sido entregado a su hijastro y que posteriormente se colocó un chip en el aparato. El celular, hasta el momento, no fue recuperado.
La querella adhirió a la Fiscalía
El abogado de la querella, Lucas López, señaló que los familiares directos de la víctima se constituyeron como querellantes particulares y pidieron participar activamente en la investigación. Además, solicitó que no solo se investigue cómo ocurrió el homicidio, sino también sus circunstancias, el móvil y la finalidad de la muerte. En ese sentido, pidió que se produzcan y preserven todas las evidencias necesarias para determinar qué ocurrió, si existió algún delito previo o relacionado y cuál pudo haber sido el propósito del autor.
Fuente: Prensa Poder Judicial
