El Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial rechazó los planteos de las defensas de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel y confirmó que los tres continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix.
Las defensas habían solicitado revisar la medida de coerción y propusieron alternativas menos gravosas, pero el tribunal entendió que todavía subsisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación. La prisión preventiva había sido dispuesta originalmente el 24 de agosto y ratificada el 16 de septiembre por el Juzgado de Garantía Nº4.
En el caso de Anabela Lucero, exdiputada provincial, la Fiscalía le atribuye junto a Joaquín Beltrán un rol de organización dentro de la estructura investigada. El Colegio de Jueces señaló que esa hipótesis se apoya, entre otros elementos, en testimonios de empleados sobre su presencia permanente en el complejo, órdenes impartidas, comunicaciones con Beltrán y la utilización del espacio con fines de campaña política.
Según la resolución, esa posición y su vínculo con trabajadores y contratistas del Molino Fénix mantienen vigente el riesgo de influencia sobre testigos y sobre prueba documental y testimonial que todavía no fue incorporada a la causa.
Respecto de Enzo Lucero, el tribunal remarcó su condición de firmante autorizado de una cuenta del ente, su vinculación con sociedades investigadas y la existencia de una pericia pendiente sobre su dispositivo. Para los jueces, su rol lo conecta especialmente con evidencia financiera y digital y con personas vinculadas a estructuras societarias bajo investigación.
En cuanto a Exequiel Scarel, la situación se concentra particularmente en la evidencia informática. Se le atribuye la administración de credenciales, modificaciones de contraseñas, desactivación de cuentas institucionales e intervención sobre información digital. El tribunal consideró que su capacidad técnica y la posibilidad de acceso remoto mantienen vigente el riesgo de entorpecimiento.
Dos meses y una advertencia a la Fiscalía
El Colegio de Jueces confirmó también el plazo de la prisión preventiva. La Fiscalía había solicitado originalmente cuatro meses, pero el juez de Garantías la fijó en 60 días, vinculándola con medidas todavía pendientes, entre ellas pericias informáticas y contables, entrevistas a posibles receptores de cheques y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil.
El tribunal consideró correcta esa relación entre la duración de la medida y la prueba que falta producir, pero dejó una advertencia para eventuales prórrogas: “Si al vencimiento del plazo esa prueba no se produjo, la demora deberá ser justificada por el Ministerio Público Fiscal”.
La resolución dispuso además que el Servicio Penitenciario garantice la atención médica de Anabela Lucero e informe sobre su estado de salud y tratamiento. En el caso de Scarel, ordenó instrumentar un régimen de contacto adaptado a las necesidades de su hijo menor, con posibilidad de videollamadas o visitas en condiciones especiales.
Una causa que se amplió y ya tiene seis imputados
La investigación comenzó en 2024 por hechos inicialmente encuadrados como peculado, relacionados con la presunta utilización de bienes y recursos del Complejo Molino Fénix en beneficio propio o de terceros. Con el avance de la causa, la hipótesis fiscal se amplió hacia delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y destrucción u ocultamiento de pruebas.
Actualmente hay seis imputados. Además de Lucero, Enzo Lucero y Scarel, también están involucrados Joaquín Beltrán, Diego Torres y Cristian Hedel Becher Domingo.
En el caso de Beltrán, la Fiscalía lo señala como uno de los organizadores de la estructura y pidió a la Cámara de Diputados el allanamiento de sus fueros para poder avanzar eventualmente con medidas de coerción más gravosas. El planteo llegó al recinto la semana pasada, pero el oficialismo no consiguió reunir los 29 votos necesarios, equivalentes a los dos tercios de la totalidad de la Cámara, por lo que el diputado mantiene por ahora su inmunidad de arresto.
La situación de Beltrán había sido uno de los puntos centrales de la causa en las últimas semanas. El fiscal José Olguín sostiene que existen riesgos de entorpecimiento y de afectación de prueba digital, además de atribuirle un rol central en la operatoria investigada.
Por su parte, Diego Torres tiene formulados cargos por fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y destrucción u ocultamiento de elementos de prueba, mientras que Cristian Hedel Becher Domingo recibió dos meses de prisión preventiva tras la ratificación de cargos por asociación ilícita y administración fraudulenta como partícipe necesario.
Con la decisión conocida ahora, Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel seguirán detenidos mientras continúa la producción de prueba que la Fiscalía considera necesaria para avanzar en la causa.
