La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción, por 24 votos contra 11, al proyecto de ley que aprueba el Plan Maestro del Agua 2025-2035, enviado a la Legislatura por el gobernador Claudio Poggi. El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta de planificación a largo plazo para administrar un recurso estratégico y acompañar el crecimiento poblacional y productivo de San Luis, mientras que desde la oposición cuestionaron que el texto no determina qué obras deberán ejecutarse, no fija metas cuantificables ni mecanismos de control y, según plantearon, tiene más características de una declaración que de una ley.
La primera en fundamentar el proyecto fue la oficialista Eugenia Gallardo, quien aseguró que el Plan Maestro “traza un rumbo hacia el futuro de la provincia de San Luis respecto de un recurso que se agota, un recurso fundamental y estratégico para el crecimiento y el desarrollo”. Además, destacó que la planificación busca otorgar seguridad jurídica, previsibilidad, transparencia y continuidad a la política hídrica más allá de los cambios de gobierno.
El documento fue elaborado con asistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y, según detalló Gallardo, su confección incluyó 65 encuentros territoriales, más de 200 entrevistas y talleres participativos con municipios, sectores productivos y organismos como SENASA, CONICET, la Universidad Nacional de San Luis y el INTA.
El diagnóstico contempló la disponibilidad de agua superficial y subterránea, las precipitaciones, el almacenamiento en los embalses y la demanda para consumo humano y actividades productivas. Gallardo señaló que aproximadamente el 20% del consumo corresponde al uso poblacional y el 80% a fines productivos, una relación que consideró particularmente relevante debido a las características áridas y semiáridas de San Luis.
La diputada también repasó la infraestructura existente: 20 diques con una capacidad conjunta de 470 hectómetros cúbicos, 4.400 kilómetros de acueductos y 700 kilómetros de canales. Entre las necesidades detectadas aparecen el mantenimiento de esas redes, la incorporación de instrumentos que permitan medir el ingreso y egreso de agua de los embalses y un mayor control sobre las perforaciones y los consumos.
El Plan Maestro organiza las acciones para los próximos diez años en cuatro grandes ejes: garantizar agua para las comunidades urbanas, promover un aprovechamiento sostenible de los recursos superficiales y subterráneos destinados a la producción, proteger las cuencas y fortalecer la gestión hídrica. Entre las medidas mencionadas por Gallardo figuran la modernización de los sistemas de canales de los consorcios Quines-Candelaria y Renca-Santa Rosa, la actualización cada cinco años de los estudios sobre la profundidad y capacidad de los embalses y la incorporación de nuevas herramientas de medición, entre ellas 11 estaciones pluviográficas.
Caymes reclamó que el plan determine qué obras se harán
Una vez finalizadas las exposiciones del oficialismo, el presidente del bloque opositor, Lucas Caymes, reconoció la importancia histórica de la política hídrica provincial, pero cuestionó que el nuevo Plan Maestro haga especial hincapié en el mantenimiento de la infraestructura existente y, a su entender, deje de lado la planificación concreta de nuevas obras.
“Si tenemos en cuenta que un plan estratégico va a ser el camino que nos va a llevar a mediano y largo plazo, nosotros tenemos que cuantificar y saber cuáles son las obras que se van a llevar adelante”, sostuvo. Caymes afirmó que San Luis ya cuenta con estudios sobre sus cuencas y aguas subterráneas y con proyectos ejecutivos de obras que considera necesarias.
Entre ellas mencionó La Florida II, que aseguró que fue abandonada por la actual gestión cuando llevaba un 85% de ejecución. También enumeró el proyectado dique de Quines y el Acueducto del Este, que, según afirmó, cuentan con proyectos ejecutivos y están listos para avanzar. “La pregunta es: ¿por qué no se llevan adelante y por qué no se terminan las obras?”, planteó.
Caymes vinculó además esa situación con la paralización de la obra pública nacional y cuestionó el acompañamiento político del Gobierno provincial a la administración de Javier Milei. Para el legislador, resulta “muy difícil poder plantear un Plan Maestro del Agua” si no se establece cuáles serán las obras de envergadura que se ejecutarán y de qué manera se financiarán.
Sosa Araujo: “Esto no es un proyecto de ley”
Silvia Sosa Araujo profundizó los cuestionamientos opositores y puso inicialmente el foco en la participación del CFI. La diputada anticipó que su bloque presentará la próxima semana un pedido de informes para conocer “cuánto se pagó por este Plan Maestro”, cuánto dinero recibe el organismo y a quiénes beneficia, al tiempo que volvió a cuestionar que esos recursos, según su postura, se detraigan de fondos que corresponden a los municipios.
Sosa Araujo comparó además la iniciativa actual con el anterior Plan Maestro del Agua aprobado durante la primera gobernación de Poggi, en 2013. Aseguró que aquella norma tenía un desarrollo legislativo mayor, con disposiciones sobre la ejecución y seguimiento de las políticas, mientras que consideró que el proyecto enviado ahora por el Ejecutivo constituye “una degradación legislativa” y una “mera declaración de voluntad”.
Esto se debe a que, tal cual pasó con el Plan Maestro de Energía, el proyecto en sí mismo tiene solo dos artículos, simplemente recomendando que se apruebe el plan que figura en el anexo y luego el clásico “de forma”. “Si hubiese sido un proyecto de declaración, un beneplácito por haberla hecho, claramente lo hubiésemos apoyado. Esto no es un proyecto de ley”, afirmó la opositora, señalando que no establece una autoridad de aplicación con atribuciones y límites definidos, indicadores verificables ni la obligación del Ejecutivo de informar periódicamente a la Legislatura sobre su cumplimiento.
Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido precisamente a la redacción del anexo. “Todo el tiempo se usa la frase ‘se propone, se propone’. No podemos sancionar la propuesta. Tenemos que sancionar qué se va a hacer realmente”, manifestó Sosa Araujo, quien consideró que de esa manera la Legislatura estaría otorgando al Ejecutivo “un cheque en blanco”.
La diputada afirmó además que durante el trabajo en comisión detectaron puntos que, a criterio de la oposición, resultan contradictorios con el Código de Aguas provincial. “No hay mecanismo de control. Claramente dijimos: es una ley en blanco”, insistió. Luego enumeró una serie de elementos que, sostuvo, deberían formar parte de una ley de estas características: un articulado con disposiciones imperativas, una autoridad de aplicación, metas cuantitativas, indicadores verificables y una obligación expresa de rendir cuentas anualmente ante la Legislatura.
Pese a las críticas, Sosa Araujo reconoció como “importante” el trabajo técnico realizado para elaborar el documento y aseguró que la oposición podría haber acompañado una norma que estableciera de manera concreta las acciones a realizar. Finalmente, fue ella misma quien pidió terminar con las exposiciones y pasar directamente a la votación.
Esto claramente sorprendió al oficialismo, pero de igual manera decidió aprovechar lo solicitado por Sosa Araujo, así que aprobó la moción de la opositora y luego le dio media sanción al proyecto, por 24 votos contra 11, el cual ahora pasará al Senado para continuar su tratamiento.
