El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Valentín Fornasari, dispuso la apertura a juicio de una causa contra Ramón Ezequiel Cruz, exintendente comisionado de Las Aguadas, departamento San Martín, acusado de incumplir sus deberes como funcionario público, sustraer fondos municipales y hacer desaparecer documentación contable y administrativa. La Fiscalía pidió una pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Según la Fiscalía, durante su gestión ingresaron más de $23,5 millones de fondos provinciales cuya utilización no pudo ser acreditada mediante rendiciones de cuentas ni documentación respaldatoria. El monto actualizado del dinero supera los $820 millones.
Cabe aclarar que Ramón Ezequiel Cruz no debe confundirse con su padre, Ramón Eulogio Cruz, quien también fue intendente de Las Aguadas y enfrenta una causa penal por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos de ese municipio. Si bien comparten el nombre Ramón y el apellido Cruz, se trata de dos personas diferentes, investigadas en procesos judiciales independientes y por hechos correspondientes a distintos períodos de gestión.
En esta causa, el fiscal de Instrucción N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, César Hugo Salazar Molina, y la fiscal adjunta Andrea Aguilar plantearon la acusación contra Ramón Ezequiel Cruz por siete hechos vinculados con su gestión municipal entre octubre de 2019 y diciembre de 2020.
Durante la audiencia de control de acusación, realizada el 13 de octubre en los tribunales de Concarán, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La Fiscalía de Estado, representada por Juan Ignacio Trusendi, adhirió a la acusación, la calificación legal y la pretensión punitiva.
El juez Fornasari rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa, admitió la acusación y ordenó la apertura a juicio. La causa deberá tramitar ante un tribunal colegiado integrado por miembros de la Sala Penal de la Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial, sin perjuicio de la posibilidad de que la defensa opte por un juez unipersonal.
Cinco períodos sin rendición de cuentas
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis, que puso en conocimiento de las autoridades judiciales presuntas irregularidades en la administración municipal durante los años 2019 y 2020.
De acuerdo con la acusación, Ramón Ezequiel Cruz, en su condición de intendente comisionado, tenía la obligación legal de presentar trimestralmente un balance sobre la situación económica y financiera del municipio. Esa documentación debía detallar los ingresos, la inversión de los fondos públicos y los comprobantes que justificaran cada gasto.
La Fiscalía le atribuyó haber omitido deliberadamente la presentación de cinco rendiciones de cuentas consecutivas, correspondientes al último trimestre de 2019 y a los cuatro trimestres de 2020.
El primer hecho comprende el período de octubre a diciembre de 2019, durante el cual el municipio recibió $4.031.771,04 de fondos provinciales. La rendición debía presentarse hasta el 31 de enero de 2020, pero, según la acusación, el entonces intendente no cumplió con esa obligación. Por esta irregularidad, el Tribunal de Cuentas formuló un cargo administrativo de $4.081.206,34.
El segundo hecho corresponde al primer trimestre de 2020, cuando ingresaron $4.474.903,26, de acuerdo con la pericia contable. El plazo para presentar el balance venció el 30 de abril de ese año sin que se hubiera efectuado la rendición. Un informe de auditoría también había advertido sobre la falta de documentación que permitiera verificar la aplicación de los recursos.
El tercer episodio se relaciona con el período comprendido entre abril y junio de 2020. Durante esos meses, el municipio recibió $4.157.017,08, pero tampoco se presentó la documentación respaldatoria dentro del plazo legal, que venció el 31 de julio. El Tribunal de Cuentas formuló un cargo por $4.217.572,04.
La cuarta omisión corresponde al tercer trimestre de 2020, cuando ingresaron $5.109.333,66. La Fiscalía sostuvo que Cruz incumplió nuevamente con la presentación del balance, cuyo vencimiento operó el 31 de octubre. El organismo de control formuló un cargo administrativo de $5.197.046,47.
Finalmente, el quinto hecho comprende los últimos tres meses de 2020, período durante el cual ingresaron $5.799.232,22. La rendición debía presentarse hasta el 31 de enero de 2021, pero, según la investigación, tampoco fue realizada. En este caso, el Tribunal de Cuentas formuló un cargo por $5.901.228,20.
En total, la pericia determinó que entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 ingresaron $23.572.257,26 de fondos provinciales, sin que se presentara ninguno de los cinco balances exigibles.
Más de 23 millones de pesos retirados mediante cheques
Además de las omisiones en las rendiciones de cuentas, la Fiscalía acusó al exintendente por el delito de peculado, al sostener que habría sustraído fondos públicos que se encontraban bajo su administración y custodia.
Según una pericia contable, entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 egresaron $23.627.964,48 de una cuenta bancaria de la Municipalidad de Las Aguadas. De ese total, $23.621.044,06 fueron retirados mediante 786 cheques, equivalentes al 99,97 % de los movimientos de egreso.
La investigación determinó que los cheques examinados fueron librados sin identificar a sus beneficiarios y que no existían órdenes de pago, facturas, recibos ni documentación que permitiera verificar el destino de los fondos.
La pericia también identificó 321 cheques por $8.770.256,75 depositados en cuentas de 21 entidades bancarias. De ellos, 65 cheques por $2.551.238,53 fueron acreditados en cuentas de terceros cuyos titulares no pudieron ser identificados.
Para el Ministerio Público Fiscal, estos elementos sustentan la acusación por peculado, al considerar que los fondos egresaron de la cuenta municipal sin que pudiera acreditarse su aplicación a una finalidad pública.
La pericia estimó el perjuicio en casi 820 millones de pesos a valores de 2026
La pericia contable estableció que durante el período investigado ingresaron $23.572.257,26 de fondos provinciales. Al actualizar ese importe mediante el Índice de Precios al Consumidor nacional, estimó su equivalencia en $819.934.018,19 a valores de julio de 2026.
La especialista señaló que, si bien fue posible determinar cuánto dinero ingresó y egresó de la cuenta municipal, no se pudo verificar su utilización debido a la ausencia de documentación respaldatoria.
Esta estimación constituye una conclusión técnico-contable cuya valoración definitiva corresponderá al tribunal que intervenga en el juicio.
La desaparición de documentación municipal
El séptimo hecho atribuido al exintendente está relacionado con la presunta sustracción, ocultamiento, destrucción o inutilización de documentación contable, financiera y administrativa que se encontraba bajo su custodia.
Según la acusación, al finalizar su gestión no se encontraron balances, libros contables, órdenes de pago, facturas, recibos, inventarios ni registros que permitieran reconstruir la administración de los recursos públicos durante los períodos investigados.
La Fiscalía sostuvo que la falta de esa documentación, sumada a las intimaciones administrativas incumplidas, impidió verificar el destino de los fondos municipales, por lo que la investigación debió recurrir principalmente a información bancaria y de organismos de control.
La defensa cuestionó la acusación y pidió su nulidad
Durante la audiencia, el abogado defensor Juan Orlando Villegas rechazó la acusación realizada por la Fiscalía y cuestionó su sustento jurídico.
Entre sus argumentos, sostuvo que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público se encontraba prescripto y afirmó que la imputación por peculado carecía de fundamento legal.
También planteó que el Ministerio Público Fiscal se había apartado de la teoría del caso presentada durante la formulación de cargos y que había incorporado nuevos hechos, lo que, a su criterio, vulneraba el principio de congruencia, el debido proceso y la lealtad procesal.
Por estos motivos, solicitó la nulidad de la acusación.
La Fiscalía rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que los delitos incluidos en la acusación eran los mismos por los que se habían formulado cargos el 8 de mayo de 2025. También señaló que la defensa había tenido acceso a las actuaciones, a los elementos de prueba y a la acusación durante las etapas procesales correspondientes.
La Fiscalía de Estado acompañó esa posición y solicitó el rechazo del planteo.
Luego de escuchar a las partes, el juez Fornasari no hizo lugar a la nulidad, admitió la acusación y posteriormente ordenó la apertura a juicio.
En la misma audiencia se debatió la prueba testimonial y documental ofrecida por las partes. La defensa formuló objeciones a distintos elementos y el magistrado resolvió sobre su admisión o exclusión para el futuro debate oral.
Ramón Ezequiel Cruz no estuvo presente en la audiencia, debido a que justificó su inasistencia mediante un certificado médico.
Fuente: Prensa Poder Judicial
