El Gobierno provincial avanzó este jueves con una serie de medidas para adaptar el funcionamiento del Estado al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que establece responsabilidad penal desde los 14 años. Durante un plenario con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el gobernador Claudio Poggi firmó el proyecto de ley que adecuará el procedimiento penal en San Luis, autorizó la refacción de tres Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) y puso en marcha la compra de seis vehículos destinados al traslado de adolescentes. Además, anunció la construcción de un instituto penal de alojamiento juvenil para 2027.
La jornada reunió al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, jueces especializados, legisladores y funcionarios de las áreas de Seguridad y Desarrollo Humano. Uno de los ejes fue definir cómo se aplicará en la provincia la Ley Nacional 27.801, tanto desde el procedimiento judicial como en materia de infraestructura, custodia, asistencia social, capacitación y reinserción.
Poggi sostuvo que la implementación requerirá coordinación entre los distintos organismos sin afectar la independencia de los poderes. “Todos somos parte del Estado y nuestro deber de servidores públicos nos obliga casi a articular acciones, sobre todo con institutos, con legislaciones nuevas como esta, que nos rigen en todo el país y en San Luis también”, afirmó.
La diputada Fabiana Zárate reconoció que existen posiciones diferentes respecto de la modificación de la edad de punibilidad, pero planteó que la discusión provincial debe concentrarse ahora en la implementación. “Hay distintas miradas respecto de la regresividad o no de la baja de imputabilidad. No obstante, para nosotros es ley y debemos adecuar nuestra normativa procesal”, señaló. También destacó que la Provincia está destinando recursos “fundamentalmente para la prevención del delito, para adecuar ediliciamente y para capacitar recursos humanos”.
Qué cambiará en el proceso penal juvenil
El procurador General, Eduardo Cadelago Filippi, remarcó que el nuevo régimen no se limita a reducir la edad de imputabilidad. “No es solamente decir, vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores, sino sobre todo viene a otorgarle también derechos a esos menores”, explicó, al señalar que la norma determina cómo deben ser tratados, los plazos aplicables y los principios que deben regir el proceso. El Ministerio Público Fiscal ya elaboró un protocolo específico para orientar la actuación de los fiscales.
Desde el Ministerio Público de la Defensa, Marcela Torres Cappiello señaló que los adolescentes deberán contar obligatoriamente con defensa técnica cuando no tengan un abogado particular, además de la intervención de las defensorías de Niñez. Según explicó, esas garantías parten de reconocer que “a quien se está juzgando es una persona que todavía no termina de desarrollarse desde el punto de vista cognitivo, del neurodesarrollo”.
Por su parte, la jueza María Antonela Panero planteó que el nuevo esquema supone también un cambio de enfoque respecto de cómo debe ser tratado el adolescente en conflicto con la ley penal. “Este nuevo paradigma implica un cambio en la visión estructural, y no hablamos del adolescente en conflicto con la ley penal como un objeto de tutela solamente, y como desamparo, sino como un sujeto de derechos”, expresó.
Cappiello precisó además que el nuevo sistema comprende a adolescentes acusados de delitos “a partir de los 14 años y hasta los 17 inclusive” y sostuvo que uno de los principales desafíos no estará únicamente en las normas, sino en el trabajo conjunto de quienes deberán aplicarlas. “La ley está, las reglamentaciones existen. El mayor desafío consistirá en el trabajo que hagamos todos los operadores”, afirmó.
La jueza Penal Juvenil Daniela Benenatti puso el foco en que la privación de la libertad no será la respuesta automática frente a un delito. “Una ley que baja la edad de punibilidad a partir de los 14 años, pero también nos da muchas herramientas. Entre ellas, establece una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, que la misma ley establece como última opción”, explicó.
En esa misma línea, el proyecto provincial buscará establecer reglas específicas para aplicar el régimen nacional sin reproducir su contenido. La secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, explicó que la iniciativa procura determinar “cómo lo vamos a aplicar en San Luis”, garantizar que los adolescentes tengan defensa, sean escuchados y comprendan el proceso y evitar demoras o restricciones que excedan lo necesario.
Carranza resumió el objetivo en que San Luis cuente con “un procedimiento claro y adaptado a la realidad de los adolescentes, que permita determinar responsabilidades, proteger a las víctimas, respetar las garantías y aplicar medidas adecuadas a cada caso”. También remarcó que “la privación de la libertad debe ser excepcional”.
Refaccionarán tres CANAF y comprarán seis vehículos
Una parte importante de la adecuación se concentrará en los dispositivos donde pueden permanecer adolescentes involucrados en causas penales. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, informó que serán intervenidos los edificios de los CANAF correspondientes a San Luis, Villa Mercedes y Concarán, coincidentes con las tres circunscripciones judiciales.
Las obras contemplan convertir los actuales calabozos en habitaciones y generar espacios para los equipos técnicos de Desarrollo Humano, trabajadores sociales y psicólogos. “Van a hacer una adecuación de los calabozos para que sean habitaciones, como así también oficinas que puedan oficiar para la atención de cualquier situación que se presente de parte de los profesionales”, explicó Sosa.
También se comprarán seis vehículos no identificables, destinados a las bases de CANAF de San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, San Francisco/Quines y Villa de Merlo. De acuerdo con Seguridad, tendrán vidrios antivandálicos y sistemas de monitoreo y posicionamiento conectados con el despacho policial del 911 para registrar los traslados que disponga la Justicia.
Poggi señaló que las medidas firmadas representan una inversión provincial de aproximadamente $600 millones. Según indicó, existe además una partida nacional de $23.000 millones destinada a convenios con las provincias y estimó que a San Luis podrían corresponderle alrededor de $230 millones.
Sosa vinculó esas inversiones con la necesidad de adaptar el sistema a la nueva legislación. “Hay que hacer las adecuaciones necesarias en infraestructura, formación y movilidad para poder llegar a buen puerto y dar solución a ese reclamo social contundente de nuestra comunidad”, sostuvo.
Un nuevo instituto de alojamiento juvenil para 2027
El Gobierno también proyecta para 2027 la construcción de un Instituto Penal de Alojamiento Juvenil dentro de un sector perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, aunque con ingreso independiente y condiciones específicas para adolescentes.
Sosa explicó que la intención es contar con un establecimiento propio que evite tener que derivar a menores a otras jurisdicciones. “Esto no es decir, ‘vamos a encerrar jóvenes o adolescentes’. Me parece que la provincia debe contar con un lugar adecuado para tal fin y no terminar enviando a los menores a otras provincias”, sostuvo.
La adecuación alcanzará también al personal que deberá trabajar con adolescentes en conflicto con la ley. Seguridad anunció una capacitación obligatoria de 100 horas para integrantes de los CANAF, prevista entre marzo y mayo de 2027, mientras que los programas de formación del Instituto Superior de Seguridad Pública incorporarán contenidos específicos tanto para futuros policías como para subayudantes penitenciarios.
Educación, familia y reinserción
El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, sostuvo que el ingreso de un adolescente al sistema penal “no suspende los derechos” y que durante todo el proceso deberán garantizarse la educación, la salud y los vínculos familiares y comunitarios.
“El egreso se debe empezar a trabajar desde el primer día”, afirmó el funcionario, quien señaló que el objetivo será evitar que el proceso judicial se limite a una respuesta punitiva y trabajar desde el comienzo sobre la posterior reinserción, especialmente dentro del ámbito familiar.
Poggi también puso la prevención como uno de los ejes de la política provincial y mencionó la educación, el deporte, las actividades culturales, el uso responsable de la tecnología y el abordaje de situaciones familiares entre las herramientas para evitar que niños y adolescentes ingresen en conflicto con la ley. “Todo nuestro esfuerzo está puesto en la prevención”, sostuvo.
Con el proyecto de adecuación procesal en camino hacia la Legislatura, las reformas edilicias, la compra de vehículos y las capacitaciones, la Provincia comenzará ahora una etapa de implementación de un régimen que modifica de manera sustancial el tratamiento penal de adolescentes de entre 14 y 17 años. El propio Gobierno reconoció que se trata de un esquema nuevo y sin antecedentes consolidados en el país: “No hay una receta en este tema. No hay antecedentes en el país. Entonces, tenemos que ir haciendo el camino”, planteó Poggi.
