El diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí amplió la denuncia penal que presentó contra el gobernador Claudio Poggi por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos, incorporando información sobre propiedades registradas a nombre de integrantes de su familia. La presentación original cuestiona la evolución patrimonial del mandatario entre 2017 y 2023, período en el que se desempeñó como diputado y senador nacional, mientras que la ampliación apunta a determinar el origen de distintos inmuebles vinculados con su esposa y sus 2 hijos.
La denuncia fue presentada inicialmente ante la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, pero la jueza María Eugenia Capuchetti se declaró incompetente y remitió las actuaciones a San Luis, según informó el medio nacional La Política Online. La causa se suma a una serie de enfrentamientos judiciales y políticos entre el actual Gobierno provincial y dirigentes vinculados con la gestión de Alberto Rodríguez Saá, entre ellos el propio Alí, quien también ha sido denunciado por actuaciones durante su etapa como ministro de Seguridad.
El escrito original, al que tuvo acceso La Gaceta Digital, lleva la firma de Alí y el patrocinio del abogado Leonardo Martínez Herrero. Allí se solicita investigar presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y omisión maliciosa, a partir de diferencias que el legislador considera injustificadas en las declaraciones juradas patrimoniales de Poggi.
La ampliación de la denuncia y las propiedades familiares
De acuerdo con la información publicada por La Política Online el 24 de octubre, Alí incorporó a su presentación datos obtenidos de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales de San Luis sobre inmuebles registrados a nombre de familiares del gobernador.
Según esa publicación, María Victoria Poggi, hija del mandatario, figura como titular de 8 inmuebles, mientras que su hijo Federico Poggi registra otros 5. Con respecto al hijo del Gobernador, el artículo de LPO incluye un informe de la Dirección Provincial de Catastro donde figura que estas propiedades fueron una “donación con cláusula de reversión” de sus padres. Con La esposa del gobernador, Sandra Mabel Correa Sosa, aparece vinculada con 4 propiedades adicionales.
El planteo de Alí apunta a establecer cómo se conformó ese patrimonio y qué relación guarda con los bienes y los ingresos declarados por el gobernador durante los años investigados. El legislador habla de un presunto “entramado patrimonial familiar” y solicita que la Justicia profundice el análisis de las operaciones inmobiliarias.
Uno de los aspectos mencionados en la publicación es la existencia de documentación relativa a la constitución de derechos de usufructo gratuito, vitalicio y con derecho de acrecer. Este tipo de operaciones permite separar la titularidad de un inmueble de su derecho de uso y aprovechamiento, por lo que resulta relevante conocer las condiciones particulares de cada escritura. A partir de estos datos, el abogado de Alí solicitó informes sobre las características, superficies, valuaciones fiscales, titulares y fechas de adquisición de los inmuebles. También pidió información tributaria y bancaria que permita reconstruir las operaciones.
El patrimonio declarado por Poggi entre 2017 y 2023
La denuncia original se concentra en las declaraciones juradas que Poggi presentó ante la Oficina Anticorrupción durante su actividad en el Congreso Nacional. Según los montos reproducidos en el documento, los bienes declarados por el actual gobernador pasaron de $9.338.689,20 en 2017 a $79.586.045,10 en 2022. Para Alí, ese incremento presenta diferencias que deben ser examinadas en relación con los ingresos legislativos, las rentas por alquileres y las variaciones de valuación de los inmuebles.
“Esto implica un aumento de casi 70 millones de pesos en un período relativamente corto, incremento que no se corresponde con sus ingresos como diputado y senador nacional, rentas por alquileres y montos declarados como ingresos no alcanzados”, sostiene el escrito.
La presentación dedica especial atención al ejercicio 2022, cuando los bienes informados habrían pasado de $39.522.367,90 al inicio del año a $79.586.045,10 al cierre. En ese período, según la denuncia, Poggi declaró ingresos por trabajo y alquileres de $10.898.425,43 e ingresos no alcanzados por $6.054.472,31.
Alí cuestiona que una parte importante de la variación patrimonial se explique mediante una diferencia de valuación de $32.431.108,69. También señala modificaciones en los valores declarados de propiedades ubicadas en Alpa Corral, provincia de Córdoba.
Cabe destacar que los importes corresponden a valores nominales de distintos ejercicios, atravesados por una elevada inflación. El cuestionamiento del diputado se centra, precisamente, en determinar si las diferencias responden a actualizaciones patrimoniales y operaciones debidamente documentadas o si existen inconsistencias que ameritan una investigación penal.
Los antecedentes de las declaraciones juradas de Poggi
Las diferencias entre las valuaciones fiscales y los precios de mercado de las propiedades del gobernador ya habían sido objeto de una investigación periodística de La Gaceta Digital en agosto de 2016. En aquella oportunidad, este medio analizó las declaraciones juradas correspondientes al cierre de 2015 y señaló que Poggi, entonces diputado nacional, había informado la titularidad de 18 bienes inmuebles, entre ellos 15 departamentos, además de propiedades rurales y otros inmuebles en Córdoba.
La investigación destacó que algunos departamentos figuraban declarados por montos considerablemente inferiores a los valores de mercado estimados por una inmobiliaria consultada. Por ejemplo, 2 unidades de 40 metros cuadrados aparecían valuadas en $49.852 cada una, mientras que la estimación comercial obtenida por este medio rondaba $1 millón por departamento, por aquel entonces.
En total, Poggi había declarado bienes inmuebles por $2.990.928,56, mientras que las estimaciones comerciales relevadas entonces por La Gaceta Digital superaban los $22 millones. La diferencia estaba vinculada con los criterios de valuación utilizados en las declaraciones juradas, que permitían reflejar valores fiscales considerablemente inferiores a los precios de mercado.
La publicación también examinó las declaraciones de Adolfo Rodríguez Saá, que presentaban particularidades similares en cuanto a la información patrimonial. En el caso de Poggi, el antecedente permite dimensionar que el actual gobernador ya contaba con un patrimonio inmobiliario considerable entes del período 2017-2023 que el diputado nacional pide investigar.
Las tenencias en dólares
Volviendo a la denuncia de Alí, la misma incluye, además, información sobre tenencias en moneda extranjera. Según los datos consignados por Alí, desde 2019 aparecen plazos fijos de entre US$55.000 y US$63.000, junto con montos de efectivo en dólares que oscilarían entre US$97.000 y US$111.495.
El legislador solicita que se reconstruya el origen de esos fondos y se examine su correspondencia con los ingresos declarados. También pide investigar la evolución de las valuaciones de inmuebles rurales y urbanos, particularmente en Alpa Corral, donde identifica propiedades cuyos valores registraron incrementos significativos.
La causa fue remitida a San Luis
La denuncia inicial fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, debido a que buena parte de los hechos cuestionados corresponden a los años en los que Poggi ocupó cargos legislativos nacionales.
Sin embargo, según informó La Política Online, la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa consideraron que la investigación no debía tramitar en esa jurisdicción. Las actuaciones fueron remitidas a la Justicia Federal de San Luis, donde también existiría una presentación anterior relacionada con el patrimonio del gobernador, impulsada por el abogado Gustavo Reviglio.
El medio nacional identificó al juez Juan Carlos Nacul y al fiscal Cristian Rachid como los funcionarios judiciales vinculados con las actuaciones en San Luis, pero hasta el momento se desconoce si han tomado algún tipo de medidas.
Entre las diligencias requeridas por Alí figuran una pericia contable integral, informes a la Oficina Anticorrupción, ARCA, la Unidad de Información Financiera y el Banco Central, además de pedidos de documentación a los registros inmobiliarios de San Luis y Córdoba.
Las denuncias cruzadas entre el oficialismo y la oposición
La presentación contra Poggi se desarrolla en medio de un enfrentamiento político que también tiene su correlato en los tribunales. Alí fue ministro de Seguridad durante la última gestión de Alberto Rodríguez Saá y actualmente integra el sector opositor más confrontativo con el Gobierno provincial.
Por su parte, la administración de Poggi ha impulsado denuncias contra el diputado nacional por presuntas irregularidades vinculadas con su desempeño al frente del Ministerio de Seguridad. De esta manera, ambos dirigentes se encuentran involucrados en acusaciones judiciales relacionadas con sus respectivas actuaciones en la función pública.
