El Juzgado de Garantía Nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial elevó a juicio una causa contra Ramón Eulogio Cruz., intendente comisionado de Villa de Praga, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, por presuntas irregularidades en la administración de fondos municipales durante 2021, según confirmó Prensa del Poder Judicial. La Fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Hay que señalar que Cruz fue imputado por otra causa en marzo por hechos similares ocurridos durante su gestión como intendente comisionado de Las Aguadas y también enfrenta una pena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La investigación por la que Cruz va a juicio por los hechos en Villa Praga se inició a partir de una denuncia presentada por Fiscalía de Estado de la provincia de San Luis, basada en actuaciones del Tribunal de Cuentas, que advirtió la falta de presentación de los balances y rendiciones correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2021.
Según la acusación, Cruz en su carácter de intendente comisionado, tenía a su cargo la administración, percepción y custodia de los fondos municipales y estaba obligado a presentar trimestralmente un balance económico-financiero, con el detalle de los ingresos, gastos y la documentación respaldatoria.
La Fiscalía le atribuyó tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a que las rendiciones correspondientes a los primeros nueve meses de 2021 no fueron presentadas dentro de los plazos legales.
El balance del primer trimestre, cuyo vencimiento operó el 30 de abril de 2021, fue presentado recién el 4 de febrero de 2025. El correspondiente al segundo trimestre, que debía entregarse hasta el 31 de julio de 2021, fue presentado el 17 de abril de 2025, mientras que la rendición del tercer trimestre, cuyo plazo venció el 31 de octubre de 2021, fue presentada el 25 de mayo de 2025.
Estas omisiones impidieron, según la Fiscalía, que el Tribunal de Cuentas realizara un control oportuno sobre la recaudación y utilización de los recursos municipales.
Además, el Ministerio Público Fiscal acusó al exfuncionario por el delito de peculado, al sostener que, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021, habría sustraído fondos públicos cuya administración le había sido confiada en razón de su cargo.
Una pericia contable determinó que existieron egresos de fondos municipales por $15.975.073,53 cuyo destino no pudo ser justificado mediante la documentación examinada.
Entre las irregularidades detectadas, la Fiscalía mencionó la emisión de cheques sin identificación de sus beneficiarios, diferencias entre las personas registradas como destinatarias de los pagos y quienes efectivamente los cobraron, operaciones bancarias sin respaldo documental suficiente y la omisión de una cuenta municipal en las rendiciones presentadas.
En particular, el análisis de 27 cheques permitió establecer que 22 habían sido emitidos con el espacio destinado al beneficiario completamente en blanco. También se identificaron operaciones en las que los registros contables municipales no coincidían con los movimientos bancarios.
La acusación señaló que estas circunstancias, junto con la presentación tardía de documentación y las dificultades para reconstruir el destino de los fondos, constituyen elementos que sustentan la atribución del delito de peculado.
La Fiscalía calificó los hechos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, en tres oportunidades, y peculado, en concurso real, y atribuyó a R.E.C. la autoría de los delitos. Solicitó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
Durante la audiencia de control de acusación, realizada el 26 de octubre en Concarán, intervinieron el fiscal de Instrucción Nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, César Hugo Salazar Molina, y la fiscal adjunta Andrea Yamil Aguilar. También participó, de manera remota, Florencia Bustos Samperisi, en representación de Fiscalía de Estado, quien adhirió a la acusación.
Por su parte, el abogado defensor Juan Orlando Villegas rechazó la acusación en todos sus términos. Sostuvo que su representado había aportado toda la documentación pertinente y señaló que también había presentado una denuncia penal contra el contador público que se desempeñaba en el municipio durante el período investigado.
Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantía Nº 1, Valentín Fornasari, admitió la acusación y ordenó la apertura a juicio por los cuatro hechos atribuidos al exintendente.
Posteriormente, se trató la prueba ofrecida para el debate oral. El magistrado admitió parte de los elementos probatorios y excluyó otros, conforme a lo resuelto durante la audiencia.
Asimismo, dispuso que la causa tramite ante un tribunal colegiado integrado por miembros de la Sala Penal de la Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial, sin perjuicio de la posibilidad de que la defensa opte por un juez unipersonal, conforme lo establece la normativa procesal.
La defensa hizo reserva de su derecho a apelar la resolución. Una vez firme la decisión, el expediente deberá ser elevado a la instancia correspondiente para la realización del juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal del exfuncionario.
Fuente: Prensa Poder Judicial
