La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de la Provincia propuso habilitar el pago parcial de las facturas de Edesal, incluso después de su vencimiento, para evitar que los usuarios acumulen deudas y lleguen a una instancia de corte del servicio. La iniciativa se apoya en datos que muestran que al 20 de septiembre había 77.458 suministros con deuda vencida, por un total de $16.192 millones y cerca de 2.000 bajas en el servicio por falta de pago. La Defensoría del Pueblo cuestionó que la propuesta no impida las suspensiones del suministro mientras el usuario intenta regularizar su situación.
La iniciativa fue presentada este viernes durante una audiencia pública por la presidenta de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Laura Giumelli. También expuso el defensor del Pueblo, Guillermo Belgrano Rawson, quien planteó objeciones al mecanismo y presentó una serie de propuestas. El exdiputado provincial Juan Larrea también participó de la audiencia, quien directamente propuso condonación de deudas, tasas más bajas y plazos de pagos de hasta 90 meses.
Giumelli explicó que el problema principal no está en las facturas que se pagan pocos días después del vencimiento, sino en la acumulación de obligaciones impagas. Según señaló, más de la mitad de los suministros registra una factura adeudada, pero ese grupo representa una proporción menor de la deuda total. En cambio, a partir de la tercera factura impaga, la cantidad de usuarios disminuye, pero aumenta el peso de la deuda acumulada.
Los datos expuestos indican que el 51% de los suministros con deuda debe una sola factura, aunque concentra el 24% del monto adeudado. En el otro extremo, los usuarios con tres o más facturas impagas representan el 23% de los casos, pero acumulan el 46% de la deuda, equivalente a unos $7.383 millones.
El relevamiento también muestra un fuerte incremento de las facturas impagas durante 2026. En agosto, el 26,4% de las facturas residenciales emitidas quedó sin pagar, frente al 1% registrado en el mismo mes de 2025. En los suministros generales, el porcentaje llegó al 24,2%, contra el 1,3% de un año antes.
Más acuerdos de pago y suspensiones
Otro de los indicadores que destacó Giumelli fue el aumento de los acuerdos de pago solicitados por los usuarios. Hasta septiembre de este año se habían registrado 5.164 acuerdos, por encima de los 4.974 contabilizados durante todo 2025. La cantidad de acuerdos mensuales creció un 38% respecto del año pasado.
Además, alrededor de 600 usuarios por mes concurren a las oficinas comerciales para gestionar facilidades de pago. Para la titular de la Comisión, ese mecanismo genera una carga de atención presencial y dificulta el acceso a quienes deben perder tiempo de trabajo para solicitar una refinanciación.
En cuanto a las suspensiones por falta de pago, los datos muestran una aceleración durante 2026. Hasta septiembre se habían registrado 1.970 bajas por impago, frente a las 1.238 de todo 2025, es decir, un 59% más, aunque septiembre todavía era un mes parcial. El informe también indica que la deuda asociada a 3.575 bajas alcanzaba los $1.885 millones, con una mediana de ocho facturas impagas. En paralelo, los acuerdos de pago llegaron a 5.164 hasta septiembre, un 38% más que los 4.974 registrados durante todo el año pasado.
La funcionaria también señaló que las facturas eléctricas suelen aumentar durante los períodos de mayor consumo, especialmente en verano e invierno. Algunas familias trasladan el pago de esos períodos a los meses de menor consumo, pero esa postergación tiene un costo financiero que, según consideró, debe ser atendido por la regulación.
En ese contexto, la propuesta busca permitir que los usuarios realicen pagos parciales en cualquier momento, antes o después del vencimiento. Si el abono se realiza antes de la fecha límite, se toma como un pago a cuenta y genera intereses a tasa pasiva. Si se concreta después del vencimiento, se considera un pago de capital y el saldo restante continúa devengando los intereses previstos por la normativa.
El mecanismo también contempla que los pagos puedan realizarse a través de canales digitales. La factura original no se invalida y su código de barras continúa mostrando el importe total; el usuario recibe un comprobante del pago parcial y el saldo actualizado se refleja en la siguiente factura.
Giumelli sostuvo que el sistema permitiría reducir el costo financiero de la deuda y facilitar que las familias que no tienen ingresos regulares puedan ir abonando la factura a medida que disponen de dinero. También remarcó que la propuesta requiere cambios en los procesos de la distribuidora, aunque consideró que la tecnología actual permite implementarlos sin un costo significativo.
Las objeciones de la Defensoría del Pueblo
Belgrano Rawson cuestionó que el pago parcial, tal como está planteado, no impida que Edesal suspenda el suministro mientras el usuario mantiene un saldo pendiente. Según la presentación de la Defensoría, el mecanismo permite que la distribuidora reciba abonos a cuenta, pero conserva la posibilidad de cortar el servicio y cobrar los intereses correspondientes sobre la deuda restante.
El organismo advirtió que la propuesta podría funcionar como un pago mínimo de tarjeta de crédito: el usuario abona una parte, pero el saldo continúa acumulando intereses y la deuda puede volverse igualmente difícil de afrontar. También señaló que el comprobante de pago parcial no modifica el importe que figura en el código de barras de la factura física, lo que podría generar inconvenientes en los sistemas de la distribuidora y exponer al usuario a cortes por diferencias de información.
La Defensoría propuso, entre otras medidas, eliminar la penalidad por mora prevista en el artículo 42 del reglamento y aplicar una tasa de interés preferencial para usuarios en situación de vulnerabilidad social. También planteó que cualquier pago parcial bloquee automáticamente las órdenes de suspensión del suministro mientras dure el proceso de regularización.
Además, pidió prohibir el cobro de tarifas de reconexión que consideró abusivas cuando se trate de suministros residenciales cortados por situaciones de morosidad vinculadas con dificultades socioeconómicas.
