Un juicio iniciado en 2005 para recuperar un inmueble rural lleva 21 años de trámite y continúa sin resolución, mientras que otro expediente vinculado a la misma propiedad permanece desde hace más de una década sin que siquiera se haya corrido traslado de la demanda. Ante las demoras, la abogada Marina Ziliotto presentó una denuncia administrativa contra el juez Geremías Pablo Férez, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 2 de Villa Mercedes, y solicitó que se investigue su actuación.
El conflicto comenzó con una acción de reivindicación promovida por los propietarios registrales del campo. En 2011, cuando ese proceso ya había concluido su etapa probatoria y se encontraba en condiciones de avanzar hacia una sentencia, la contraparte inició un juicio de prescripción adquisitiva sobre el mismo inmueble. En 2014, la Cámara dispuso que ambos expedientes fueran acumulados, tramitaran por separado y terminaran con una sentencia única.
Desde entonces, según explicó Ziliotto a La Gaceta Digital, el segundo expediente prácticamente no avanzó. “Eso fue en 2014. Ahora estamos en 2026 y todavía no se logra que se corra traslado de la demanda. Ni siquiera se hizo la prueba”, señaló. Como consecuencia, el juicio de reivindicación, que ya estaba mucho más avanzado, permanece paralizado a la espera de que la causa por usucapión alcance la misma instancia.
La abogada aseguró que desde que comenzó a intervenir en el caso, hace aproximadamente tres años, realizó distintos planteos para intentar destrabar el expediente, pero todos han sido rechazados. Uno de ellos fue solicitar una audiencia para establecer qué diligencias faltaban y ordenar el procedimiento. “Dijimos: ‘Fije una audiencia, no puede ser que esto no avance, establezcamos qué es lo que hay que hacer’. El juez dijo que no correspondía”, relató.
Uno de los episodios señalados en la denuncia ocurrió en octubre de 2025, cuando el magistrado ordenó localizar el expediente en papel, ya que el mismo estaba perdido, antes de continuar con el trámite. Según la presentación, la documentación recién pudo ser ubicada siete meses después, en mayo de 2026.
Después de ese episodio, la abogada pidió que el expediente fuera digitalizado para que todas las partes pudieran acceder a él y evitar nuevas pérdidas o demoras. Ziliotto aseguró que el planteo también fue rechazado. “Después de seis meses que se pierde un expediente, pedimos que se digitalice para que todas las partes tengamos conocimiento y no vuelva a pasar, y dijo que no hacía falta”, relató.
La secuencia continuó con nuevas exigencias. Una vez localizado el expediente, el juzgado pidió actualizar informes que ya habían sido incorporados con anterioridad. El 17 de junio de 2026, los abogados acompañaron nuevamente documentación de Catastro, del Registro de la Propiedad, los domicilios de los demandados y un estudio de títulos. El 30 de junio solicitaron otra vez que se corriera traslado de la demanda, pero el 2 de julio el planteo volvió a ser rechazado y se requirió una nueva actuación.
“Cumplimos todo, pedimos que se corriera traslado y nos dijeron que, como había pasado mucho tiempo, necesitaban informes actualizados. Hicimos todo de vuelta, acompañamos todos los informes y después nos dijeron que no nos correspondía hacerlo a nosotros”, cuestionó Ziliotto. “No hay forma de que podamos avanzar”, resumió.
La situación resulta más llamativa porque, en distintos momentos, las dos partes coincidieron en la necesidad de avanzar con el trámite. En octubre de 2025, la parte actora del juicio de prescripción también pidió que se corriera traslado de la demanda y, según Ziliotto, posteriormente hubo otros planteos en el mismo sentido que tampoco permitieron destrabar la causa.
Al 8 de octubre de este año, según consta en la presentación administrativa, el expediente seguía sin registrar avances sustanciales y figuraba en mesa de entradas desde el 31 de agosto. “Lo concreto es que estamos hace 21 años con un juicio sin resolución y desde 2014 sin poder avanzar esta etapa”, expresó la abogada.
Para Ziliotto, la demora excede ampliamente cualquier parámetro razonable. “La Justicia no te puede estar sometiendo 21 años a un proceso. Es inhumano”, sostuvo. Y advirtió que, si el expediente continúa al mismo ritmo, “podemos estar 21 años más”, porque todavía resta atravesar toda la etapa probatoria del segundo juicio antes de que ambos puedan quedar en condiciones de sentencia.
La denuncia administrativa contra el juez
La presentación realizada ante la Oficina de Sumarios Administrativos solicita que se inicie un sumario contra Férez y que se analice la aplicación de una sanción disciplinaria. Los denunciantes cuestionan lo que consideran falta de diligencia y celeridad en la conducción del proceso y sostienen que la demora podría comprometer el derecho a obtener una decisión judicial dentro de un plazo razonable.
Ziliotto aclaró que no se trata de una acusación penal contra el magistrado. “Es una denuncia administrativa para que tomen conocimiento y vean que no puede haber un expediente así”, explicó.
La denuncia, además, ya tuvo una primera actuación administrativa. Según contó la abogada, la Oficina de Sumarios dictó un primer decreto y solicitó ambos expedientes para analizarlos. “Por lo menos ya se ha movido, sacaron el primer decreto administrativo y pidieron las dos causas para verlas”, indicó.
En el escrito, los denunciantes también citan jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre dilaciones prolongadas y eventual privación de justicia. Sostienen que el expediente evidencia “falta de razonabilidad, de diligencia y celeridad en la dirección del proceso” y que, durante los últimos tres años, la causa no avanzó hacia una nueva etapa procesal.
Ziliotto señaló que incluso tomando como referencia procesos civiles particularmente extensos, los tiempos del caso resultan excepcionales. “Un juicio largo puede durar seis u ocho años, con segunda instancia. Esto es insólito”, afirmó.
