El juez de Garantía N° 3 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 1 y prorrogó este viernes por seis meses la investigación penal preparatoria en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro Nicolás Anzulovich. El magistrado también extendió, por el mismo plazo, las medidas de coerción contra el ex ministro de Desarrollo Social, las cuales incluyen la firma del libro, la prohibición de salir del territorio provincial e inhibición general de bienes.


Al analizar el fondo, Flores Leyes valoró el informe presentado por el fiscal Francisco Assat sobre la evidencia reunida en estos primeros seis meses. En la audiencia de este mediodía, el titular del Fiscalía N° 1 explicó que durante ese período se reunió numerosos bloques de evidencia documental y pericial: informes sobre haberes de la función pública, información bancaria y fiscal, registros de vehículos de alta gama y de inmuebles; y una extensa investigación sobre personas jurídicas vinculadas al imputado, que describió como “la actividad más ardua” de la etapa.

Si bien Anzulovich se desempeñó en distintos cargos dentro del Poder Ejecutivo provincial entre 2013 y 2023, el período bajo investigación corresponde a las funciones que ejerció primero como coordinador de DOSEP y posteriormente como ministro de Desarrollo Social.

Para fundamentar el pedido de prórroga, Assat detalló las medidas que aún están pendientes: el rastreo bancario de un cheque librado por una sociedad para pagar un terreno, una pericia de tasación de los inmuebles en los que el imputado habría intervenido como comprador o vendedor, y una ampliación de la pericia contable para actualizar valores por IPC e incorporar los movimientos en moneda extranjera. Según planteó, esto es clave para determinar el monto del presunto aumento patrimonial no justificado, y varias de esas respuestas dependen de organismos externos a la Fiscalía.

“Estimamos que dentro de estos seis meses vamos a estar en condiciones de concluir con estos elementos probatorios y solicitar la elevación a juicio. Asimismo, entiendo que las medidas de coerción personal que limitan transitoriamente la libertad del imputado deben continuar teniendo en cuenta que el imputado viene cumpliendo las mismas y han sido eficaces para neutralizar los riesgos procesales”, sostuvo el fiscal.

El representante de Fiscalía de Estado, Juan Ignacio Trusendi, adhirió a lo expresado por Fiscalía. “Creemos que esta investigación, que es tan compleja y que reúne, no solamente el patrimonio del señor Anzulovich, sino también las conexiones diversas que puede llegar a darse a través de sociedades, de empresas o de o de terceras personas. Por eso es necesaria esta prórroga, teniendo en cuenta que ha sido catalogada como compleja”, dijo el funcionario.

En oposición al pedido de la Fiscalía y la querella, el abogado defensor Cristóbal Ibáñez calificó como “excesivo” el plazo de seis meses solicitado. El defensor pidió que se lo rechace y, subsidiariamente, que no supere los 120 días. El letrado también sostuvo que el plazo de seis meses lo había fijado el propio fiscal por considerarlo suficiente, que la plataforma fáctica es idéntica a la de la formulación de cargos, sin nuevos hechos, imputados ni complejidad sobreviniente, y que la denuncia, de 2023, lleva más de tres años en investigación.

Respecto de las medidas de coerción, la defensa no se opuso a la firma del libro, pero pidió rechazar la prohibición de salir de la provincia, por considerarla excesiva para una persona que trabaja en el Poder Judicial y que debería pedir autorización para cada viaje, más aún a las puertas del receso de enero.

Por ello, propuso reemplazarla por una prohibición de salida del país. También solicitó rechazar la inhibición general de bienes, por entender que no están acreditados la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora, en una investigación que, a su criterio, está casi terminada.

La resolución del juez
Antes de resolver la prórroga, Flores Leyes se pronunció sobre el planteo presentado por el abogado defensor Cristóbal Ibáñez, quién cuestionó la competencia del juzgado y argumentó que, por el tiempo transcurrido, se trataba de una prórroga extraordinaria que debía resolver un órgano superior.

El juez rechazó el planteo. Explicó que la causa había sido declarada compleja a pedido de la Fiscalía, lo que le otorgó un primer plazo de seis meses de investigación y que hasta ahora no se había concedido ninguna prórroga ordinaria, por lo que esta es la primera y corresponde que la trate el Juzgado de Garantías. Para decidir, tuvo en cuenta los argumentos del fiscal Francisco Assat y de la Fiscalía de Estado, representada por Juan Ignacio Trusendi.

Respecto a lo solicitado por la Fiscalía, el juez valoro la complejidad que ya se había advertido al formular los cargos se vio reforzada con la evidencia producida y con la que se pretende producir. Por eso consideró “necesaria la prórroga”, que se computa desde el vencimiento del plazo original.

Fuente: Prensa Poder Judicial