“¿Por qué veta el intendente? Usted debe cumplir con la obligación de hacer público todos los actos administrativos que emite. Ahora me lleva a pensar que no es así ni quiere que sea así”, acusó Guiñazú.
Lo que se vetó de la ordenanza es el artículo 1 que es el que efectivamente prohíbe el carácter secreto o reservado que pueden tener los decretos del Ejecutivo municipal.
Para que el Concejo rechace el veto de Ponce deberá hacerlo por una mayoría de 10 votos en un plazo de 30 días. Por la manera en que los ediles votan desde varios meses se puede adelantar que se podrían conseguir los 10 votos, incuso superar la cifra.
El Concejo tiene 14 ediles de los cuales actualmente apenas son dos los que votan a favor de los intereses del municipio, Jacinta Lucero y Germán Ponce.
“Tengo la confianza que los 10 votos están en el recinto. Aún en la hipótesis negativa, creo que es importante que los concejales nos pronunciemos en defensa de la publicidad de los actos de gobierno o en defensa de los decretos secretos”, expresó el concejal radical.
La parte que no vetó el intendente de la ordenanza es el artículo que se refiere a los funcionarios y empleados que deliberadamente no proporcionen información solicitada, o la entreguen parcialmente, serán considerados como en grave falta en el ejercicio de sus funciones.
El artículo mencionado anteriormente formaba parte de la ordenanza de acceso a la información pública aprobada en 2011. Hace uno años, tal artículo fue vetado, pero ahora quedó firme a través de otra ordenanza.
