El Concejo Deliberante lo aprobó por amplia mayoría. El incumplimiento de la Municipalidad sucedió hace nueve meses y trajo consecuencias que tuvieron que ser subsanadas por el órgano legislativo. 
El Concejo Deliberante aprobó un pedido de informe al municipio capitalino sobre un error administrativo cuando no se notificó a tiempo que Enrique Ponce estaba fuera de la ciudad, lo que produjo que la por entonces presidenta del Concejo Deliberante, Zulema Rodríguez Saá, fuera intendenta sin saberlo. La consecuencia del error municipal fue que se tuviera que declarar nula una sesión del Concejo debido a la anomalía institucional generada.
Como informó La Gaceta el año pasado, en la sesión del 4 de junio de 2015, Rodríguez Saá presidió la sesión y 15 minutos después de que finalizara, llegó el decreto notificando que Ponce no estaba en la ciudad. El decreto informaba que el jefe comunal se ausentaba del Ejecutivo municipal desde el miércoles 3 de junio de 2015 a las 15.15 horas hasta 14.35 del viernes 5.
Si el decreto se hubiera notificado en tiempo y en forma, Rodríguez Saá hubiera reemplazado a Ponce y la sesión tenía que ser presidida por el vicepresidente del Concejo Deliberante, quien en ese momento era Roberto González Espíndola.
Como Rodríguez Saá presidió la sesión cuando no tendría que haberlo hecho por culpa del municipio, el Concejo por mayoría declaró nula la sesión del 4 de junio en una votación que tuvo como resultado 8 a 5. En la sesión nula no se aprobó ninguna ordenanza.
“Este hecho genera que tengamos que la necesidad de contar con información adecuada para saber qué pasó. No estamos firmando que estamos ante un acto deliberado, hay un acto involuntario que generó un problema institucional y que exige alguna respuesta”, fundamentó el edil Francisco Guiñazú.
El concejal de Cambiemos agregó que su par, Federico Cacace, quien era hasta hace unos meses era secretario de Gobierno municipal, le comentó que en su momento se remitió una nota que daba una explicación sobre el error institucional. La nota no apareció.
Cacace explicó que el funcionario que debía notificar el decreto debía hacerlo a las ocho pero lo hizo más de dos horas después cuando la sesión había finalizado.
En un plazo de cinco días, la Municipalidad deberá informar las razones por las que el decreto fue notificado casi 24 horas después de emitido y quién era el funcionario encargado de realizar la notificación.
El pedido de informe por 8 votos positivos contra 4 abstenciones del Frente para la Victoria.
