Entre mayo y junio se empezó a recepcionar en el Ministerio denuncias por el supuesto comportamiento irregular del inspector. Tiempo después, se recibieron dos denuncias por escrito de propietarios de comercios de Villa Mercedes.
“Nos ponían de manifiesto y nos acompañaban actas en donde nos daba por pensado que estaba haciendo cosas que su jefe inmediato, jefe de Fiscalización Ambiental, no tenía conocimiento”, comentó María Monserrath Bocca, asesora letrada de Medio Ambiente.
La letrada explicó que, de acuerdo a las denuncias, el inspector iba a comercios de Villa Mercedes y les decía a sus responsables que tenía que clausurar el local porque no estaban inscriptos en el registro de residuos peligrosos. Para evitar la clausura, el empleado sumariado pediría $2.000 para solucionar el asunto ante el Ministerio.
“Aparentemente era una práctica que el inspector venía haciendo. Entonces, la gente ante la ignorancia lo que hacía era juntar la plata, pagarle. Luego, el inspector les acercaba las constancias de que estaba inscripto, trámite que en realidad no lo hacía en el Ministerio. Entonces, recibía un cobro de una actividad que no tenía competencia para hacer. Como que ese inspector se ha excedido en sus facultades por el hecho de presentarse en lugares donde su jefe no lo ha mandado y pedir plata por un trámite que no es su competencia”, explicó la abogada.
Si un comercio genera residuos peligrosos y no está inscripto en el registro, se le hace un acta donde se le otorga un plazo perentorio se ponga en regla. Luego, la tramitación para la inscripción en el registro ante el Ministerio de Medio Ambiente, queda a cargo de un responsable técnico.
Por las denuncias recibidas, el 30 de agosto se inició el sumario y el empleado fue suspendido preventivamente por 90 días, hasta que concluya la investigación de la Oficina de Sumarios. En caso de que al inspector se le comprueben las denuncias, puede ser suspendido nuevamente, o puede quedar cesante en su cargo, ni trabajar en un cargo público, incluso se le podría abrir una causa penal. Pero si se demuestra la inocencia del empleado se reincorporará a sus tareas y percibirá la totalidad de los haberes no cobrados por el tiempo de la suspensión.
