Este mediodía, el debate para la aprobación del proyecto de eximición de tasas y servicios para comerciantes no esenciales duro más de dos horas, generando un debate que, sorprendentemente, no fue tan acalorado como otras veces. El despacho que se aprobó, como adelantó La Gaceta Digital, toma la base del proyecto enviado por el Ejecutivo municipal, con las modificaciones introducidas por el bloque Juntos por San Luis
Como ya adelantamos, las principales críticas de la oposición se centraron en “lo tarde que llega la medida”, el alcance de los beneficios y el hecho de que se exija a los comerciantes estar al día con las tasas y servicios para poder acceder a estos beneficios.
“Con esta metodología, el proyecto se parece más a un método de recaudación que a una ayuda, porque no tienen que tener deuda y si tienen deuda, tienen que acogerse a planes. El 90% de los comerciantes tiene deuda, hoy, después de casi un año y medio de pandemia. Se les va a eximir $1.500 de tasas, pero van a tener que empezar a pagar $2.000 de cuotas de una moratoria. No va a llegar el beneficio a los que tiene que llegar”, criticó Guillermo Araujo, de San Luis Unido.
Otro punto en el que hizo hincapié es en el número de beneficiarios potenciales de la medida, ya que desde la Municipalidad aseguraron que se van a alcanzar a más de 10.000 comerciantes y que eso significa que el Ejecutivo va a dejar de percibir aproximadamente 35 millones de pesos. “A fines de 2019 había alrededor de 6.000 comercios en total y con este despacho mucho menos se llega a que el Ejecutivo deje de percibir 35 millones”, dijo Arauajo, mientras que Carlos Ponce, de Identidad Popular, sostuvo: “Creo que está dibujado, totalmente alejado de la realidad. No hay 10.000 comercios no esenciales en la Capital. Dejen de mentir”.
Sobre este último punto, Lautaro Ojeda, del Frente Justicialista de Todos, manifestó que desde el municipio se tienen registrados más de 13.000 comercios en la ciudad, y que de ahí se llega al universo de 10.000 beneficiarios que la Municipalidad pretende alcanzar.
Con respecto al valor de las cuotas que deberá pagar el comerciante con deuda que quiera acogerse al beneficio, Ojeda destacó que una de las modificaciones que se introdujo en el Concejo es llevar de 24 a 48 los pagos, para que de ese modo el valor sea menor.
“Cualquiera puede decir, ‘yo quiero una ordenanza que le demos todo esto, todo aquello’; pero bueno, hay que ser coherente, racional y hay que tener una mirada íntegra, en conjunto. Seguro que para los representantes de los comercios no es el mejor proyecto de ordenanza, pero sin duda que es un paso, que les va a traer alivio, que van a poder abrir la agenda”, manifestó Ojeda.
“Es un proyecto responsable que envía el Ejecutivo municipal, analizando los números y las reales posibilidades que tiene el Ejecutivo municipal en acuerdo con los representantes del sector comercial. No solo atiende las necesidades del sector, sino que a la vez no pone en riesgo el cumplimiento de los demás servicios públicos esenciales que debe seguir brindando el municipio”, agregó Gastón Témoli, presidente del bloque oficialista.
Volviendo a las críticas de la oposición, Germán Ponce, del interbloque San Luis 20-30, sostuvo que este proyecto “llega tarde” y que la Municipalidad no hizo nada “cuando vio que la problemática estaba aconteciendo”, sino que esperó a que fuera inminente la aprobación de alguno de los proyectos presentados por la oposición en el Concejo Deliberante.
“Este proyecto viene tratar de salvar la imagen de este intendente que se vio afectada porque intendentes, como de la localidad de La Punta, Juana Koslay, Villa Mercedes y Merlo, lograron eximir de las tasas. El mismo Gobierno de la Provincia dio una impositiva en cero y esta Municipalidad no hacía nada”, señaló, por su parte, Celeste Aparicio, de San Luis Unido. Con muchísimo sarcasmo, Aparicio también se mostró “gratamente sorprendida por el cambio de actitud del oficialismo”, ya que el año pasado solo tuvo una “negativa rotunda” a los proyectos que proponían beneficios para los comerciantes.
En este sentido, no hubo mucha respuesta por parte del oficialismo. Johana Sosa apuntó que se otorgaron beneficios desde el Gobierno Nacional, y que en la ciudad de San Luis se está trabajando muy de cerca entre Nación, Provincia y Municipio. Por su parte, Julieta Ponce indicó que, el año pasado, la gestión Tamayo se estaba acomodando porque había recibido “una Municipalidad desbastada” y luego pidió que se “logre el amor y la igualdad” y que no haya “peleas” en las sesiones.
Por su parte, Javier Suárez, del bloque Juntos por San Luis, propuso una postura más conciliadora para explicar el trabajo que su sector hizo junto al oficialismo. En este sentido, explicó que, si toda la oposición se pone de acuerdo, puede aprobar una iniciativa propia, ya que tiene 9 votos. Sin embargo, esa cantidad de votos no le alcanza para insistir con la iniciativa ante un eventual veto del Poder Ejecutivo, lo que podría conducir a que el proyecto no pueda ser tratado en todo el año y que no llegue al vecino.
“Tenemos que salir de esa grieta de si el proyecto es del ejecutivo o si es de la oposición. La gente no confía en los políticos ni en la política porque los políticos no somos capaces de administrar la realidad para transformar la realidad. No somos capaces de identificar que tenemos que dejar de lado las diferencias políticas para poder avanzar en políticas públicas que tienen que definirse por mayoría y que ningún bloque tiene”, argumentó Suárez.
Cuando llegó el momento de la votación, el proyecto se aprobó en general y luego se votaron distintos artículos en particular, ya que la oposición intentó, sin suerte alguna, introducir distintas modificaciones. Estas modificaciones consistían en que los beneficios sean para todos los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad, y no solo para los no esenciales que tuvieron que cerrar en algún momento del año pasado. “Todos se vieron afectados por las restricciones en la circulación, para comprar y el menor movimiento de gente”, argumentó Araujo. “Si sos kiosquero, si sos almacenero, si tenés un carritobar, quedás afuera. Vamos a aprobar una ordenanza que discrimina entre un local de ropa y un almacenero de barrio o kiosquero del centro”, agregó Germán Ponce.
La segunda modificación consistía en que los beneficios duren 6 meses, y no solo 3, con la posibilidad de que el Ejecutivo los extienda por 3 meses más. La tercera modificación consistía en que el beneficio se otorgue de manera automática y que no deba ser requerido por el comerciante.
De más estar decir que estas iniciativas no prosperaron cuando los artículos se votaron en particular, por lo que el proyecto terminó siendo aprobado según el despacho de la mayoría, que combinaba la iniciativa del Ejecutivo municipal con el del bloque Juntos por San Luis.
